La agonía diaria de la política convierte a sus protagonistas en proveedores de anécdotas antes que de construcciones sólidas. Los dirigentes y sus acciones pertenecen, en ese oficio, a dos órdenes de la arquitectura política: o son urbanistas o son decoradores.
La fronda de anécdotas que inunda la crónica los sume en la tarea de los decoradores, de proveedores de historias mínimas que pueden referir a grandes preocupaciones, pero, por lo general, no superan lo decorativo. Forzados todos los días a aportar historias de consumo efímero, políticos, opinadores y cronistas enredan al público en el anecdotario y bloquean la percepción de los movimientos tectónicos, de fondo, que son propios del urbanismo y no de la decoración.
Vale la referencia porque la semana asistió, por encima del follaje del discurso, la tensión y el nervio, a movimientos de fondo que requieren alguna explicación. Por lo menos son dos: la aprobación de la reglamentación del “per saltum” en el Congreso, y la aceptación por parte del gobierno porteño del servicio de subtes como parte de un entendimiento, por lo menos objetivo, con proyectos del gobierno nacional.
Anteyer, antes de partir a El Calafate, Cristina de Kirchner firmó el decreto de promulgación del per saltum, apenas llegó la comunicación del voto de los diputados a la Casa de Gobierno. La prisa replica el ánimo que mostró la presidenta en las pocas reuniones que tuvo con algunos funcionarios que no citaremos. Ese ánimo fue de entusiasmo y concentración en tres temas que suelen proveer más ingredientes decorativos que urbanísticos, y en este orden: pelea por la ley de Medios, que pone por delante de cualquier tópico y a la que menciona con el habitual rótulo de “madre de todas las batallas”; siguen la pelea contra bonistas en el juzgado de Thomas Griesa y la puja por hacer zarpar a la Fragata Libertad retenida en Ghana.
En orden inverso es el optimismo presidencial. Hay señales del gobierno de Ghana de que al primer gesto del Tribunal Internacional de Derecho de Mar, ese país dejará ir la nave. Ghana no quiere tener un conflicto con la Argentina con los bonistas en el medio. Como reseñó Héctor Timerman en una nota que publicó en The Huffington Post, Ghana está en el peor barrio para pelearse con los “buitres” y los “tiburones” (aporte del canciller cuando habla en esa columna de los “sharks”). África ha sido víctima predilecta de estos acreedores marrones que han llevado a juicios internacionales, para cobrar papeles comprados a precio de ganga, entre otros países a República Democrática del Congo, Brazzaville Congo, Liberia, Zambia, Camerún y Etiopía. La fragata, diríase, les quema en los muelles.
Más dura consideran que es la pelea día a día en el juzgado de Griesa y, en tercer orden en expectativas abiertas, está la puja por la aplicación plena de la ley de medios si el 7 de diciembre cae el amparo pedido por el monopolio sobre la cláusula de desinversión y no hay un dictamen sobre la cuestión de fondo. Para esa batalla, tener la reglamentación del per saltum la considera clave por razones que pocos explican, porque rozan las presunciones y las especulaciones más que la certeza de lo que pueden hacer las partes.
Este clima lo inunda todo y hace que para el gobierno, y presumiblemente para el monopolio, las posiciones se revisen día a día y hora a hora. Presumen que los jueces de la Cámara Civil y Comercial demoran decisiones en favor de la posición del gobierno y señalan, por ejemplo, que hayan pasado dos semanas sin que ese tribunal haya reemplazado a los renunciantes Martín Farrel y Santiago Kiernan ni hecho uso de cualquiera de las tres vías para lograrlo:
1) pedirle al Consejo de la Magistratura que destrabe el concurso 260 para cubrir esas vacantes que, dicen en el Gobierno, está frenado por el consejero y juez Ricardo Recondo;
2) que los suplante por magistrados de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, o
3) que cubran las vacantes sorteando entre los conjueces que aprobó el Senado. Este último expediente hubiera sido bingo para el gobierno porque son nombre propuestos por el peronismo; estuvo, creen, a punto de destrabarse, pero se dejarían impresionar por un señalamiento de Mauricio Macri sobre la presunta “colonización” oficial de la Cámara.
Muerden el freno en el gobierno, se preguntan quién es el que coloniza la Justicia cuando se demora la resolución del amparo, que está en manos de jueces a quienes calificó Diana Conti en Diputados como “la trucha Justicia cautelar paga”. Imaginan que los abogados del monopolio esperan detrás de los árboles que rodean los tribunales de Talcahuano vigilando a los abogados del gobierno para apelar en el instante o pedir pronto despacho de trámite que los beneficiaría.
Pasada la votación del per saltum se reconocen ahora algunas señales que dispararon su aprobación. La más importante, que el propio Ricardo Lorenzetti pidió la ley de reglamentación del per saltum cuando se enteró de que el gobierno echaría mano de ese instituto si hubiera el 7 de diciembre una prolongación de la cautelar sobre el art. 161 o un fallo a favor del monopolio sobre la constitucionalidad de la medida. Que hubiera una reglamentación que quita el aura pretoriana de la resolución que, como se aplicó hasta ahora, exhibía la discrecionalidad de tribunal al aplicarla con margen amplio de acción. La ley tiene aristas que pueden abrir alguna instancia judicial. Dice que puede aplicarse a “sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a título de medidas cautelares”.
Esa cláusula y la calificación de Conti sobre los jueces amparadores cierra el círculo intencional del oficialismo al pedir esta ley. Entre las aristas borrosas del proyecto que van más allá de la intencionalidad y que parecen una desprolijidad se encuentra que no haya exceptuado del per saltum la materia electoral. Sólo lo hizo sobre las causas en materia penal –crearía un nuevo fuero sobre la libertad de las personas–.
En el debate en Diputados Margarita Stolbizer y Patricia Bullrich reclamaron se exceptuase lo electoral para no crear también un ámbito de discrecionalidad sobre la base del sistema político que es el voto popular. Al ver los primeros borradores advirtieron esto también los jueces de la Cámara Nacional Electoral y se lo hicieron saber a los diputados del Frente para la Victoria. Lo pidieron con el corazón y les respondieron con el bolsillo: si hacemos la excepción de lo electoral les regalamos a los críticos un debate por si corresponde o no que nos va a sacar de tema y hasta podemos arriesgar que el proyecto fracase. Anteanoche uno de los expertos electorales del kirchnerismo confesó: “Es un error en la ley no haber sacado lo electoral”. Como disculpa, agregó que es difícil que una causa por tema electoral siga esa vía porque la Corte Suprema ha considerado que vale lo resuelto en los distritos donde se hacen las elecciones. Pero no en todos los temas electorales que llegan a la instancia federal se discute conteo de sufragios y rozan el caso federal, como ocurrió con neolemas o listas testimoniales.
Para la anécdota de la sesión de aprobación queda el apunte ingenioso de Graciela Camaño, quien recordó que a fines del año pasado el Congreso confirmó la legalidad del decreto de Néstor Kirchner de 2007 en el cual aprobaba la fusión de Cablevisión y Multicanal, cuando la ley de Medios tenía ya tres años de aprobada. La chicana enriquece siempre el relato legislativo.
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