Ciudad

Menores en conflicto con la ley

Claves para entender la adolescencia

Una especialista en chicos con problemas de conducta ahonda en los factores que complican a los jóvenes vivir el momento que los proyecta a la existencia adulta, la de las responsabilidades y del disfrute del futuro elegido.


“La adolescencia es el momento de más responsabilidades en cuanto a la palabra, el cuerpo y las decisiones, lo que genera muchas preguntas en la búsqueda de modelos con los que identificarse. Sin embargo, en el camino pueden aparecer cuestiones familiares, pérdidas o la imposibilidad de encontrarse en relación a un proyecto de vida. También hay casos de jóvenes que desvalorizan su vida al extremo de jugar con ella, lo que habla, en general, de un deterioro simbólico”.

Marcela Salvai es psicóloga y trabaja desde hace más de veinte años en la ex Dirección de Menores en Conflicto con la Ley, actual Dirección de Justicia Penal Juvenil. De acuerdo con su postura, en esta etapa plena de la vida se manifiesta la “definición o posicionamiento en cuanto a la sexualidad, la ley simbólica y la pertenencia a un grupo social”, por lo que resaltó dos aspectos de profunda influencia sobre esta generación: “El consumo de productos culturales y sustancias”, que parece haberse intensificado en el último tiempo, y asumir prematuramente la responsabilidad de ser padres porque “si bien su cuerpo ya está preparado, psíquicamente siguen en posición de hijos”.

En lo que refiere a la relación con el alcohol y demás drogas, la especialista analizó que “éste es un tema presente desde hace mucho” pero que en la actualidad “dejó de ser algo pasajero”, producto de la clásica etapa de experimentación adolescente, y comenzó a sostenerse en el tiempo. Este hábito de consumo, siempre dependiendo de qué sustancia se esté hablando, puede desencadenarse como consecuencia de la necesidad de evadirse de determinadas situaciones o porque les facilita a los adolescentes enfrentarse a problemas cotidianos.

“Ello les permite librarse de determinadas cuestiones y llevar adelante actos que de otra manera no podrían, lo que no los desresponsabiliza. Si el joven consume para cometer un acto nocivo primero fue responsable de haber consumido”, expuso la profesional al tiempo que recordó la incorporación del debate de las adicciones en la ley de Salud Mental: “No se resuelve por la vía de la represión-penalización sino mediante el abordaje desde la salud integral de cualquier sujeto”.

La influencia del círculo

En este marco, el círculo social se convierte en un factor determinante ya que “al adolescente le resulta muy difícil decir que no cuando está con sus amigos”, quienes podrían malinterpretar esta negativa y llegar al extremo de excluirlo. “Llegan algunos casos con problemas de adicción. Sucede que los amigos sacan el alcohol y al chico le cuesta mucho rechazar el ofrecimiento porque el grupo de pertenencia lo es todo”, aseveró.

Sin embargo, estas conductas pueden también sobrevenir por sobreprotección, falta de atención, fallas en la imposición de límites o desvalorización hacia la persona que ejerce la función de tutor o de ésta hacia el joven. De este modo, Salvai resaltó un punto en común entre la mayoría de los jóvenes imputados por algún delito, en quienes observa una ausencia de la figura paterna y una mayor presencia de la madre, provocando en múltiples ocasiones que al joven le resulte muy complejo poder independizarse.

Ante ello, describió: “En ese juego de funciones, si hay exceso de la función materna va a ser muy complicado para el chico poder proyectarse. Va a tratar de cumplir el deseo de la madre más que reconocerse como una persona distinta, separada. Cuando hay ausencia de los padres el Estado debe estar presente. Por eso vemos mucho que ese llamamiento a un tercero (juez o fiscal) ayuda al joven a enderezarse y encontrar su camino”.

Cómo ayudar a salir del conflicto con la ley

En lo que respecta al abordaje terapéutico de jóvenes en conflicto con la ley, la profesional, que se desempeñó en distintos dispositivos como el Instituto para la Recuperación del Adolescente (Irar) y es actual coordinadora del Programa de Libertad Asistida, explicó que el tratamiento se encara siempre desde el área de la salud, en relación con la Secretaría de Niñez y los ministerios de Trabajo y Educación. Así, el objetivo no pasa sólo por sancionar a aquellos que infrinjan la norma sino más bien por que puedan apropiarse de responsabilidades a partir de la restitución de derechos. Éste es el caso de un juez que le propone a un adolescente que finalice sus estudios para evitar tener que cumplir una condena. “Lo que se intenta es que el tránsito por estos programas implique que el joven se haga cargo, no desde la culpabilidad sino desde la responsabilidad y autonomía, generando las condiciones para que quiera capacitarse, terminar la escolarización o emprender una búsqueda ocupacional y laboral”, argumentó Marcela Salvai.

El trabajo en libertad asistida, como medida penal, se coordina a través de visitas domiciliarias en las que se busca, a partir del diálogo, que los adultos de la casa acompañen, participen y sean igual de responsables que los jóvenes. En este sentido Salvai reconoció que “en general la respuesta es buena” pero también aparecen los casos de “adolescentes muy expuestos” que probablemente no puedan terminar la medida o no encuentren una salida a su situación.

Una característica distintiva de esta generación, que se observa sobre todo en casos de privación de la libertad, es la manifestación del cuerpo como marca de sufrimiento. “Esto es cuando aparecen marcas reales en el cuerpo, autolesiones y la idea del suicidio, que tiene que ver con la historia personal de cada uno y con el contexto. Pero en los grupos más vulnerables y en las situaciones de encierro ésta es una idea que aparece mucho y que hay que atender”, manifestó al tiempo que agregó: “Muchas veces se dice que estos chicos son victimarios pero también son víctimas porque no tuvieron las mismas oportunidades que otros y eso hay que considerarlo como una responsabilidad del Estado porque si no existiese esa medida penal no habría nadie que se ocupe. Pensar en cómo un joven sin cuidados parentales sale del sistema de protección a la autonomía tiene que ver con eso: qué herramientas les otorga Estado para que puedan sostenerse sin necesidad de incurrir en acciones que los pongan en riesgo”.

La escuela, instancia decisiva

La psicóloga de la Dirección de Justicia Penal Juvenil y además docente de la Facultad de Ciencias Médicas criticó el rol del Estado en relación con aquellos adolescentes en conflicto con la ley para quienes “la escuela, una de las instancias de sociabilización fundamentales, no ha estado presente”. De este modo, consideró importante que el Ministerio de Educación cumpla un rol más activo aún ofreciendo más espacios a jóvenes con ganas de estudiar. “El joven que tiene cursado aunque sea los primeros grados de la escuela primaria se desenvuelve de otro modo que aquel que nunca pasó por esta instancia. Si bien hay muchos programas que promueven la continuidad de los estudios, hay que pensar en formas más flexibles. A un chico de 18 años le va a costar mucho incorporarse y sostener el cursado diario, aunque sea una escuela primaria para adultos”, argumentó Marcela Salvai.

Asimismo, reprochó la falta de oportunidades para “jóvenes que quieran capacitarse y que no tengan el secundario terminado”, ya que “las capacitaciones interesantes poseen requisitos con los que muchos no pueden cumplir, como contar con un título terciario, universitario o alguna especialización”. Detrás de esto, se observa además una cuestión de fondo. Es que en la búsqueda de un oficio o una profesión no hay transmisión entre generaciones. “Ahí hay un corte en la cultura del trabajo. Encontrar qué hacer y a qué dedicarse ya es todo un trabajo porque la mayoría de aquellos en conflicto con la ley, por estar excluidos de los circuitos formales de educación y trabajo, no tienen los recursos para poder pensarse y descubrir los intereses que lo habitan en ese sentido. Por eso el derecho a la educación es una de las cuestiones en las que se debe trabajar más en serio, sobre todo por la importancia que tienen las instituciones educativas en el proceso de socialización”, completó.

Lo mismo sucede con aquellos que se encuentran en libertad asistida, es decir, que poseen el permiso de un juez para poder concurrir a la escuela. Al respecto la profesional aclaró que “lo que se hace es trabajar conjuntamente con el establecimiento, porque no se trata sólo de controlar que vaya a la escuela sino también de hacer un seguimiento y acompañamiento de su inclusión escolar”.

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