La Policía allanó anteanoche tres viviendas ubicadas en el centro y el macrocentro de Rosario, con el fin de determinar si en dichos lugares se explota sexualmente a mujeres o se cometen otro tipo de delitos relacionados con la actividad prostibularia. La investigación se inició por expresa instrucción del procurador general de la Corte Suprema santafesina y estuvo coordinada por el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini y la fiscal de la Oficina de causas NN, Marcela Canavesio, quienes junto con otros cinco fiscales realizaron las medidas. Los allanamientos fueron ordenados por el Juez de Instrucción de la 4ª Nominación con un amplio apoyo policial –cuyo buen desempeño fue destacado en Tribunales – y como resultado se logró la detención de regentes de dos casas y se secuestró gran cantidad de documentación, teléfonos celulares, dinero en efectivo, computadoras y folletería relacionada con prácticas sexuales que será peritada para determinar concretamente si en los lugares allanados se desarrollaban actividades ilícitas. Además tres mujeres fueron demoradas y los prostíbulos fueron clausurados.
La medida comenzó en forma simultánea en tres viviendas ubicadas una en calle Catamarca al 1100, otra en Sarmiento al 3200 y la tercera en Riobamba al 800. Los fiscales se presentaron en las fincas en grupo de a dos con apoyo de personal de distintas dependencias policiales, entre ellas Comando Radioeléctrico, Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (Giri), Guardia de Infantería, personal femenino de la Brigada de Orden Urbano, personal de fotografía, filmación y planimetría y de la División Judiciales de la UR II.
La titular de la oficina judicial de causas con imputados no individualizados (NN), Marcela Canavesio, explicó al El Ciudadano que “los allanamientos dieron resultados positivos: se secuestró mucho material relacionado a la causa y por el momento lo que está determinado es el regenteo de mujeres aunque son los primeros pasos de la investigación”.
En la casa de calle Sarmiento al 3200 los integrantes del operativo se encontraron con cinco mujeres, tres de las cuales fueron demoradas y se secuestraron aproximadamente 20 teléfonos celulares que serán peritados, 3 CPU, una notebook, 5.000 folletos de publicidad de la casa de citas, una importante suma de dinero en efectivo y documentación. Además fue detenido un hombre que regenteaba el lugar.
Según fuentes del caso, esta casa de citas se comunicaba con una inmobiliaria, donde también se secuestró documentación. El allanamiento duró aproximadamente 9 horas porque se determinó que a pocos metros del lugar vivía el regente, motivo por el cual se solicitó la presencia del juez en turno, Juan Carlos Vienna, que una vez en el lugar ordenó el allanamiento de la morada. Además se secuestró un vehículo que aparentemente era utilizado para trasladar a las mujeres, refirió una fuente judicial.
En la casa ubicada sobre calle Catamarca al 1100 no se produjo detención alguna pero se identificó a su responsable y se constató que en el lugar había mujeres trabajando y algunos clientes. La otra detención se produjo en el prostíbulo de calle Riobamba; allí se arrestó a una mujer que está vinculada con el hombre detenido en la vivienda de calle Sarmiento, explicaron las fuentes.
“En ninguno de los tres lugares había menores y se procedió a la identificación de todas las personas que había en los sitios allanados (mujeres y clientes) y las viviendas fueron clausuradas”, refirió un funcionario judicial.
Canavesio explicó que, además de los fiscales y el personal policial, con cada dotación que realizó los allanamientos hubo un psicólogo o asistente social, que dependen del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo de la provincia, para contener en un primer momento a las mujeres que fueron halladas en estos lugares. Y resaltó la labor del jefe de la División Judiciales de la UR II, quien coordinó el procedimiento y brindó la seguridad necesaria para llevar adelante la medida.
Un dato que llamó la atención es que en una de las viviendas había un sistema de monitoreo que vigilaba la cocina, donde usualmente se encontraban las mujeres que prestaban servicios sexuales. Los allanamientos se solicitaron “en virtud de que en casas de la ciudad de Rosario se estarían realizando actividades ilícitas conexas con la ley 26.364 (trata de personas) e infracción a la ley 12.331 y otros posibles delitos de competencia de la Justicia provincial”, indicaron voceros del caso.
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