Guillermo Correa
El gobierno de la provincia llamó formalmente a paritarias 2024 a los docentes santafesinos. La convocatoria se fijó para este martes 20 de febrero y todo indica que se iniciará un camino más que ríspido por recorrer: por un lado los principales gremios docentes, Amsafé (estatales) y Sadop (privados), exigen el cierre salarial de las paritarias 2023, que con cláusula gatillo –corrección automática si la inflación supera el porcentaje acordado de aumento– ronda en un 50% de suba; y por el otro la provincia dispuso un aumento por planilla complementaria para todos los agentes estatales del 14%, supeditando el saldo restante a la evolución de la recaudación, que viene creciendo por debajo de la inflación. El 36% de diferencia es lo que van a reclamar los gremios para diagramar, de ahí en adelante, una recomposición para empatarle a la inflación 2023 y a lo que va de 2024: el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) dio a conocer este viernes que el Índice de Precios al Consumidor en Santa Fe midió 20,7% en enero, lo que implica un 260% interanual. Plata hay, pero no se la quedaron ni las provincias ni quienes trabajan al frente del aula.
“Exigimos al gobierno de la provincia que presente una propuesta que vaya en línea con las necesidades que tenemos las y los trabajadores de la educación”, insistieron desde Amsafé. El gremio calculó una pérdida del 21% del poder adquisitivo de los salarios docentes antes de que se conocieran el indicador de inflación de diciembre. En enero se conoció la cifra tan temida y confirmó que el espanto era fundado: 27,9% de inflación mensual, acumulando 215,4% en el cierre de 2023.
Ahora los gremios docentes piden el reconocimiento de que el Estado provincial mantiene una “deuda” del 36%, al haber atendido sólo el 14%. Pero la política de asfixia económica a las provincias del gobierno nacional viene restando partidas, como la desarticulación del Fondo Compensador del transporte de pasajeros para el interior y el desconocimiento Fondo Nacional de Incentivo Docente. Medidas que, además, se anuncian con sorna inédita, como el consejo a Córdoba de “gastar menos en recitales”. La tensión es tal, que la ex titular de Amsafé y actual secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, advirtió que, más que con aumento, los docentes podrían cobrar con rebaja salarial, con el gobierno de Javier Milei desentendiéndose de toda responsabilidad del Estado nacional.
La presión de los gremios docentes es para que el gobierno provincial asuma la deuda, para discutir una política salarial a partir de allí para 2024. Y, de arranque, la inflación de enero ya condiciona casi un 21% más, cuando todavía no llegaron al papel los aumentos de luz, gas, agua y cloacas, y no se sabe qué pasa con combustibles en las próximas semanas –o días–, factores claves para la espiral inflacionaria. Frente a ello, el gobierno de Maximiliano Pullaro apuntó a dos aristas centrales. Una es la recaudación impositiva –que a todas luces se proyecta a la baja con la caída de la actividad y del comercio por las políticas restrictivas de Nación–, y la otra –antipática para los gremios– es el nivel de ausentismo y de licencias por distintas razones que obligan a implementar reemplazos, generando doble costo salarial. Sobre esto último se centran y machacan a sus anchas los propagandistas en redes sociales –rentados o convencidos– del gobierno de La Libertad Avanza, que disputan el sentido común bastardeando o ninguneando a dirigentes sindicales, pero haciendo blanco en derechos laborales.
A fines del mes pasado, cuando los ministros de Gobierno, Fabián Bastía, y de Economía, Pablo Olivares, anunciaron el reajuste del 14%, destacaron se trata de “sumas remunerativas que significarán $50.000” para las escalas menores de la pirámide salarial de los empleados públicos. Pero con precios de góndola que exhiben a razón de entre 4.000 y 8.000 pesos un kilo de carne vacuna; 4.000 pesos o más un kilo de yerba mate –un producto insignia del mercado interno, ya que apenas es exportable– y hasta $11.000 un kilo de queso, lo que a nivel Estado puede ser apreciado como un esfuerzo titánico, a nivel bolsillo puede representar apenas una salida al supermercado. Y, para temor, vino con advertencia: “La diferencia entre inflación y sueldo que quedó de 2023 y corresponde abonar a esta gestión, se va a hacer conforme a los recursos. Y esperemos que en los próximos meses podamos completarla”, aclaró –dejando la duda– el titular de Hacienda.
En ese marco el primer dato de inflación del año es clave para la pulseada. Y resultó descomunal: una desaceleración de precios del 5% respecto del mes anterior, la cota del 20,6% es sideral, de un nivel no sufrido en 30 años.
Con todo, y con el jefe de la Casa Gris Pullaro siendo uno de los blancos predilectos apuntados por el presidente Milei –casi al nivel del titular de El Panal, la Casa de Gobierno de Córdoba, Martín Llaryora– su único camino inmediato es imponer la preeminencia de la situación de las finanzas provinciales. Para el jefe del Estado nacional es –por ahora– tan sencillo como exhibir una motosierra y proclamar que “no hay plata”. Para el jefe del Estado provincial, de otra tradición y militancia política, la referencia es “cómo evolucionaron los recursos corrientes del Estado durante el último mes”, para encarar la paritaria docente, de la que el anterior se acaba de desentender por completo. “Es un problema de las provincias”, dijo Milei.
Así, las subas salariales de los docentes –y de todos los estatales– se monetizarán conforme a las posibilidades y en función de cómo aumenten los recursos de la provincia: “Es la única posibilidad que tenemos”, sostuvo Pullaro.
Los docentes atajaron el discurso, lo reelaboraron y lo devolvieron. “Lo que tiene que hacer es contemplar el 36,4%, como también debería contemplar la diferencia de aguinaldo correspondiente”, apuntó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, al término de la anterior reunión, el pasado viernes 2 de febrero. Por su parte, el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, contabilizó a favor que el gobierno provincial “finalmente reconozca formalmente que la deuda con el sector docente es el 36% de acuerdo a lo estipulado en la paritaria 2023”. Y completó: “De esta manera se hizo lugar al planteo de los sindicatos”.
Por lo pronto, la palabra empeñada del gobernador difiere bastante de la del presidente: “Vamos a cumplir con la paritaria 2023”, proclamó Pullaro, y avisó que daría a conocer una nueva recomposición para ir cerrando. “Entendemos que los docentes y los empleados públicos la están pasando mal, que la plata no les alcanza, que con estos niveles de inflación el salario ha perdido capacidad de compra y se han depreciado”, reconoció. Pero a la par pidió: “También entiendan que la misma dificultad la tiene toda la sociedad y el Estado de la provincia de Santa Fe”.
Así, el horizonte que pensó dos semanas antes de su asunción del 10 de diciembre de 2023, cuando confirmó a José Goity como ministro de Educación, por ahora todavía aparece tan lejano como entonces: como están las cosas, nadie podría apostar a que el ciclo lectivo 2024 arranque el próximo lunes 26 de febrero.
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