La presidenta Cristina Kirchner analiza la creación de una compañía estatal acopiadora de granos que salga a “competir” con las cerealeras trasnacionales y le ponga fin al control total del ingreso de agrodólares al país por parte de las empresas.
En su escritorio de Olivos tiene un borrador sobre la instauración de una firma –símil de la otrora Junta Nacional de Granos que operó entre 1933 y 1991- para ponerle límites al “oligopolio cerealero”, lo que en su entorno estiman sería la última “gran jugada” de la presidenta antes de dejar el poder.
La mandataria lleva en su haber medidas históricas como la estatización de fondos de pensión (ex AFJP), YPF y Aerolíneas Argentinas, y podría despedirse en 2015 con una decisión clave sobre un sector que la enfrentó con dureza desde marzo de 2008 por la polémica Resolución 125.
Según pudo saber NA de fuentes cercanas al proyecto, no se trata de usar la ley de Abastecimiento para ingresar compulsivamente a los campos –como había alertado la Sociedad Rural Argentina-, sino de crear una empresa estatal que salga a competir con las acopiadoras ofreciendo un tipo de cambio más competitivo que el actual “dólar soja”.
La iniciativa prevé una empresa estatal que espere en la tranquera al pequeño y mediano productor para ofrecerle un precio con una retención de entre 5 y 10 puntos inferior al actual 35% que rige en el mercado para la soja: así, estiman en el gobierno, el Estado manejaría el 40% de la cosecha en forma directa.
La idea fue planteada por Máximo Kirchner a su madre tras el duro discurso presidencial del martes en la Casa Rosada contra las patronales agropecuarias y pocas horas después la jefa de Estado recibió un borrador redactado por economistas de la agrupación de corte oficialista La Gran Makro.
La idea es respaldada por algunos gobernadores como el entrerriano y precandidato presidencial, Sergio Urribarri, y por el presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien varias veces denunció que el comercio exterior de granos está “cartelizado”.
En paralelo, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados tiene en carpeta para su próxima reunión un proyecto de la diputada bonaerense Adriana Puiggrós (FPV) para crear el Instituto Argentino para la Promoción Granaria (IAPG), confirmó la legisladora a NA.
Esa iniciativa presentada en marzo último propone que un organismo estatal regule el mercado de granos y oleaginosas, garantice el abastecimiento interno y establezca políticas de largo plazo para el sector “para evitar situaciones límites como las de ahora en la que los productores se guardan la cosecha”.
El kirchnerismo ve también en el control de los granos una estrategia política de fuerte impacto en el manejo del poder, en momentos en que la oposición intenta instalar que ha llegado el fin de una era con un “modelo” que, en los resultados, ya no existe: se acabaron los superávits gemelos, hay recesión, se pierden reservas y la inflación se come los salarios.
Y el debate está instalado hacia el interior del gobierno: los sectores ligados a La Cámpora quieren impulsar la iniciativa en 2015 a través de un decreto a pesar de que la aplicación es de ejecución en el mediano y largo plazo, pero los funcionarios y ministros más pejotistas observan que no es momento para enfrentar el durísimo y amplio poder de lobby de las cerealeras.
El rigor del poder de las trasnacionales lo sufrió el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, en mayo último cuando anunció su proyecto de ley provincial “De la Semilla al Agua”, para que la provincia controle los despachos en los puertos e incentive a pequeños productores con créditos.
Pérdidas millonarias
En el gobierno sostienen que orquestados por las grandes cerealeras ADM, Bunge, CHS Argentina, Dreyfus, Cargill, Nidera y Toepfer (que se reparten el 80 por ciento de las ventas al exterior), los productores mantienen pisadas unas 20 millones de toneladas de soja, de las 53 previstas para toda la cosecha 2013/2014.
Guardaron la soja en silobolsas y especularon que los precios internacionales iban a repuntar, pero eso no ocurrió: la tonelada de la oleaginosa cerró el viernes a 335,20 dólares en Chicago, casi la mitad de los 620 del récord del año pasado; y en el Mercado a Término de Buenos Aires esperan que el valor baje a 266 dólares el mes que viene.
El núcleo duro del kirchnerismo admite que la economía está desesperada por dólares para afrontar las importaciones de bienes y energía, y responder a la demanda del turismo y los ahorristas que intentan huir de la inflación; pero sobre todo, se necesitan “verdes” para evitar otra abrupta devaluación.
Además, la administración actual quiere ponerle un freno a la caída de las reservas del Banco Central y hasta el 10 de diciembre de 2015 debe abonar 14.000 millones de dólares por vencimientos de deuda; y esa situación desvela desde el primer minuto de su flamante gestión a Alejandro Vanoli como autoridad monetaria.
Incluso fue el desembarco de Vanoli en el Central lo que llevó al kirchnerismo a desempolvar la idea de una Junta Nacional de Granos: este funcionario es temido en el mundo agropecuario por su férrea defensa a la intervención del Estado en los mercados de commodities.
Una de las últimas decisiones de Vanoli como presidente de la Comisión Nacional de Valores fue obligar junto a la AFIP a los actores intervinientes en venta y compra de granos y derivados que declaren todas las operaciones, lo que hasta ese momento era opcional.
De acuerdo con la resolución 208/14, que busca “trasparentar” el comercio de granos, la registración debe efectuarse a través de agentes inscriptos en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (Ruca).
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