En el mediodía de este martes 24, se llevó adelante la reunión semanal de la comisión de Gobierno, en la Sala de la Memoria del Anexo Alfredo Palacios, presidida por su titular, Caren Tepp, de Ciudad Futura. En el inicio del encuentro el concejal, Pedro Salinas, del mismo bloque, explicó el proyecto de su bancada sobre control económico financiero de inversiones, tras las reuniones en las que brindaron detalles sobre sus iniciativas el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, respecto de la iniciativa del Ejecutivo, y María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y Martín Rosúa, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, acerca de sus respectivas propuestas.
Indicó Salinas la necesidad de modificar la ordenanza Nº 9.204 de control económico financiero de inversiones y marcó la necesidad de contar con insumos para el tratamiento del tema en relación a los pedidos de informes aprobados en la sesión del jueves pasado.
Recordó que la Unidad de Información Financiera (UIF) sólo inició 6 querellas en la provincia de Santa Fe, según el informe de gestión del año 2020, mientras que fueron 104 en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Resaltó la necesidad de “pelear contra el lavado de activos” y destacó que “es evidente que hay que hacer algo y estructuralmente distinto” para marcar el “narcotráfico ha permeado todo, el Estado, la sociedad y el mercado, ha superado con creces lo sostenible”.
Aludió acerca de la competencia del municipio y en tal sentido hizo referencia al “principio de presunción del Estado” en los temas administrativos.
Sobre el proyecto dijo que desde Ciudad Futura proponen la creación de la Agencia de Justicia Urbanística-División Antilavado, en la que intervengan “profesionales del derecho, ciencias económicas, arquitectura y urbanismo y especialista en programación y análisis de datos”, la que dependería directamente del intendente municipal, que elegiría a su titular ad referéndum del Concejo, donde debería plantear “el plan de trabajo anual” para contar con un apoyo multipartidario.
Destacó como uno de los objetivos “la recolección y el entrecruzamiento permanente y sistemático de datos”, con todas las secretarías, dependencias y entes autárquicos del Ejecutivo, al igual que con otros organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la UIF, el Registro de la Propiedad y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), por ejemplo.
Consignó una central única para dar las alertas sospechosas y ante ellas “poner en conocimiento en la UIF, el Ministerio Público de la Acusación, el Poder Judicial o a quien corresponda”.
Se plantea igualmente una mesa de trabajo con el MPA, específicamente con la Agencia de Criminalidad Organizada.
Consignó la intención de “hacer algo bien, no a medias, no una guía de buenas intenciones”.
Otras opiniones
Posteriormente el edil Martín Rosúa, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, expresó que coincidía en la mayoría de lo planteado por el edil de Ciudad Futura, resaltó la importancia del “entrecruzamiento de datos” y lo relacionado con la tarea con el MPA.
Sostuvo Rosúa: “Mi intención no es perseguir la evasión tributaria, para eso está la Afip, sino buscar las economías delictivas” y ejemplificó en la tenencia de “bienes muy costosos y falta de actividad económica”.
Y de inmediato reiteró el concejal del radicalismo: “Me parece interesante una mesa judicial” y lo relacionó con el objetivo de “no frustrar investigaciones penales en curso”.
La concejala Verónica Irizar, del bloque Socialista, recordó que en su momento la Municipalidad expresó la adhesión voluntaria a la UIF, “es informante desde el 2012” y también mencionó que la provincia también creó “una Subsecretaría de Delitos Económicos y luego una de Investigación Patrimonial”, para preguntar: “No sé si sigue estando o no”.
Consideró que el proyecto remitido por el Ejecutivo “mejora sustancialmente la ordenanza vigente” y consignó que en el 2019 habían trabajado “en un proyecto muy similar” al presentado por el edil Rosúa, por lo que coincidió en la necesidad del entrecruzamiento de datos.
Asimismo destacó que el intendente debe contar con datos que “le permitan ir a reclamar”.
Por su parte el edil Fabrizio Fiatti, del bloque oficialista Arriba Rosario, resaltó el tema de las alertas propuesto por el Ejecutivo y el contar con información, por ejemplo, ante un requerimiento del MPA.
A su turno la subsecretaria Legal y Técnica municipal, Juliana Conti, sobre la posible extensión de facultades, consideró que debería analizarse una por una, para evaluar “qué se puede hacer y qué no”. Destacó también la necesidad de “detallar” en la ordenanza ello.
Igualmente la funcionaria hizo referencia a “no atropellar derechos adquiridos” ante la posibilidad de intentar revisar más allá de lo que está en curso.
Advirtió el edil Fiatti: “No podemos invalidar procedimientos jurídicos”; mientras que planteó Conti la necesidad de “colaborar activamente” con la Justicia.
La concejala Tepp dijo que “no estamos tan lejos como parecía”, acerca de compatibilizar los diversos proyectos y, ante una propuesta de la edila Irizar, se acordó en que se preparará un cuadro comparativo de las diferentes iniciativas.
Igualmente se acordó que para el próximo encuentro se invitará a funcionarios judiciales que trabajaron en la cuestión del lavado de activos.
Participantes
Junto a la presidenta de la comisión, Tepp, estuvieron sus pares de bancada Salinas y Jesica Pellegrini; Daniela León y el mencionado Rosúa, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio; Julia Eva Irigoitía, de Todos Hacemos Rosario; Fiatti, de Arriba Rosario; Irizar, del bloque Socialista, y la subsecretaria Legal y Técnica municipal, Conti.
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