Humberto Zambon (*)
Desde la Revolución Industrial iniciada en las últimas décadas del siglo XVIII la historia humana se ha caracterizado por el desarrollo industrial y la innovación tecnológica permanente, que están íntimamente unidos al punto que hoy, en pleno el siglo XXI, no se concibe un país moderno y en progreso sin ambos componentes.
Muchos autores se han ocupado de este asunto, en especial Joseph Schumpeter, quien a mediados del siglo XX señaló a la innovación como la dimensión fundamental del desarrollo económico, poniendo el acento en el papel del empresario innovador como agente de ese cambio.
A medida que avanza la tecnología y los conocimientos científicos asociados, la investigación que culmina en innovaciones productivas, por lo general, debe realizarse con equipos multisectoriales que requieren cada vez más tiempo y mayores costos, lo que tiende a desanimar al empresario privado. Entonces, a pesar que la ideología neoliberal aún dominante despotrica contra el Estado y considera nociva su intervención en la economía, en todo el mundo el Estado está reemplazando al empresario schumpeteriano y viene a cumplir un papel fundamental en la innovación tecnológica.
La investigadora de Sussex, Gran Bretaña, Mariana Mazzucato brindó numerosos ejemplos de este fenómeno: la biotecnología y el 75% de las nuevas drogas aprobadas por el Departamento de Salud de Estados Unidos han resultado de investigaciones pagadas por el Estado, a lo que hay que agregar el increíble desarrollo rápido de vacunas para la actual pandemia. Lo mismo ocurre con el algoritmo de búsqueda de Google o con la tecnología que está detrás del IPhone de Apple. Otro caso es el de las técnicas de fractura hidráulica para la explotación de gas y petróleo.
Un caso claro es el de China. Con los cambios iniciados en 1978 por Deng Xioping, que dieron lugar al “Milagro Económico de China”, se permitió la inversión extranjera, sujeta al control del Estado, autorizándola en función de las necesidades del país y cuidando, fundamentalmente, la transmisión de conocimientos tecnológicos. Por otra parte, el Estado hizo convenios de asesoramiento tecnológico para la modernización industrial, se orientó la enseñanza hacia la ingeniería y las ciencias duras y se otorgaron becas para el estudio y la especialización en el exterior.
En nuestro país son conocidas instituciones públicas como el Inta en la innovación agropecuaria, el Inti en la industrial, la Conae para actividades especiales, así como el Conicet en la investigación científica. Un gran impulso a la investigación se dio en el presente siglo con la creación de Arsat (Argentina Satelital, en 2006) y con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al año siguiente.
Con el gobierno neoliberal-conservador, a partir de 2015 hubo un serio retroceso que comenzó con la cesantía de personal en el Ministerio de Ciencia, y continuó con una embestida contra la empresa nacional Arsat, operadora de los satélites Arsat-1 (construido en el Invap y lanzado el 16 de octubre de 2014) y el Arsat-2 (lanzado el 30 de septiembre del 2015) con los que brinda, entre otros servicios, el de Televisión Digital Abierta, que llegó a 12.000.000 de habitantes de nuestro país. También Arsat tenía encargado al Invap el tercer satélite previsto poner en funcionamiento en el año 2019 y que proyectaba abarcar a todo el continente americano. El nuevo gobierno de Mauricio Macri suspendió este último proyecto, afectando a la empresa regional Invap (Investigaciones Aplicadas SE, una sociedad del Estado de Río Negro con participación del Estado nacional) y, simultáneamente, autorizó la instalación, en competencia directa con Arsat, de tres satélites franceses (Eutelsat 113WA, 115 y 117) y uno holandés; además de habilitar a Direct TV a comerciar banda ancha directamente a los hogares, lo que hace competencia y también puso en jaque a la estatal Arsat en lo que, se puede presumir, fue un plan de privatización de la empresa.
Estos cambios políticos se reflejaron claramente en el Presupuesto nacional: sumado el de Ciencia y Técnica, Conicet y Conae, de 2009 a 2013 creció de 1.200 a 2.300 millones de dólares, y luego tuvo un crecimiento moderado hasta el año 2015, cuando representó el 0,35% del PBI (1,46% del Presupuesto total). En 2019 había bajado hasta representar sólo el 0,23% del PBI (1,03% del Presupuesto nacional). También bajaron en términos reales los presupuestos de Inta, Inti y de las universidades nacionales, que tuvieron problemas para continuar con sus proyectos de investigación y extensión.
Además, en el año 2018 la administración Macri, por primera vez en la historia de nuestro sistema tributario, dispuso un derecho de exportación de $4 por dólar exportado (en ese momento equivalente a una alícuota de 12 por ciento) a las prestaciones de servicios producidas en el país y consumidas en el exterior (que representan un alto porcentaje de valor agregado y de conocimientos). Ese derecho osciló entre el 7% y 11% del valor durante 2019 y fue bajado al 5% el año pasado. El 24 de septiembre último el gobierno nacional anunció que a partir de 2022 eliminará completamente las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país, con el objetivo de fomentar la creación de empleo de calidad, generar divisas y corregir así una medida que perjudicaba al sector.
El gobierno de Macri produjo un daño enorme al sistema, ya que no tuvo en cuenta que las investigaciones requieren continuidad, tiempo y tranquilidad económica para quienes se dedican a ello; además, es necesario incorporar en forma permanente a estudiosos jóvenes en la carrera de investigación para que existan frutos futuros, todo lo que requiere un presupuesto creciente. Como en su momento hizo saber el autodenominado “Grupo de Ciencia y Técnica Aplicada”, con esa política se puso “en riesgo los logros de la última década y se atentó contra cualquier política de fomento del desarrollo soberano”.
Con el cambio de gobierno la investigación recibió un nuevo impulso: Conicet hizo este año dos llamados para la incorporación de nuevos investigadores, con lo que la cifra de estos superará los 12.000, todo un récord para nuestro país. Además, este año se aprobó la ley de Financiación de Ciencia y Técnica, que lleva al presupuesto correspondiente del actual 0,28% del PBI al 1% en 2032, con subas escalonadas anuales.
Sólo nos queda esperar, para bien del país, que nunca más haya otro gobierno como el de Macri ni otro ministro como Domingo Cavallo, ése que mandó a los investigadores a lavar los platos.
(*) Doctor en economía. Ex decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue y ex vicerrector de la Unco. De vaconfirma.com.ar
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