El Senado chileno aprobó este martes un proyecto de ley de identidad de género que permite el cambio de nombre y sexo ante el registro civil a mayores de 14 años. Con la sanción de la legislación en la Cámara de Diputados concluirían cinco años de discusión.
Los transgénero adultos y adolescentes de entre 14 y 18 años podrán inscribir el cambio de sexo en el registro civil bajo las condiciones detalladas en el informe de una Comisión Mixta, aprobado por 26 votos a favor y 14 en contra.
La indicación para los menores de 14 años quedó fuera del documento, que pasará a votación de la Cámara baja. “Lo que hacemos aquí con este proyecto, estamos haciéndonos cargo de una realidad. La sociedad ya lo está resolviendo en la práctica”, argumentó la senadora Carolina Goic, de la opositora Democracia Cristiana. El senador del oficialismo José García, que responde al partido de derecha del presidente Sebastián Piñera, justificó su voto en contra por ser “perjudicial para nuestras familias y la sociedad chilena”.
La votación estuvo marcada por un clima de tensión y el enfrentamiento entre legisladores. Lo mismo en las tribunas del edificio legislativo. Allí estuvieron organizaciones y colectivos que colaboraron con la redacción del documento enfrentados a otros, en su mayoría religiosos.
Si se sanciona la norma, los menores entre 14 y 18 años tendrán que acudir a un tribunal de familia. El adolescente deberá contar con el apoyo de al menos uno de sus representantes legales o pedir intervención de un juez, mientras que los mayores solteros podrán hacer el trámite ante el Registro Civil y los casados en un tribunal de familia que apruebe el cambio.
Si el texto resulta aprobado, el presidente Piñera dispondrá de 30 días para promulgar o vetar la iniciativa. El antecedente es la ley aprobada en 2015 durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet: la de Acuerdo de Unión Civil que consagra la mayoría de los derechos y obligaciones del matrimonio a las parejas homosexuales sin contemplar la posibilidad de adopción de menores. La ley de matrimonio igualitario –como la aprobada en la Argentina– sigue estancada en el Congreso.
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