Casi 23.000 detenidos, 253 heridos por bombas lacrimógenas y 405 con lesiones oculares es el balance de los tres meses de crisis social en Chile, según datos propios del gobierno de Sebastián Piñera proporcionados a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El informe publicado por el INDH –estatal pero autónomo– explica que en el marco del estallido social desatado el 18 de octubre pasado y que continuaron durante tres meses “han ocurrido graves violaciones de derechos humanos”.
El organismo contabilizó 3.649 heridos y 1.080 acciones judiciales vinculadas a las protestas hasta el miércoles pasado, según el trabajo publicado en su sitio web.
Desde el 19 de octubre pasado, el INDH realizó 1.022 visitas a 67 hospitales y otros centros de salud y constató 3.442 personas heridas registradas en esos lugares.
El Indh contabilizó 1.974 personas heridas de armas de fuego –la cantidad de niños heridos por arma de fuego asciende a 86–, además de 296 personas con traumas oculares.
“Adicionalmente, equipos de salud de la Cruz Roja Chilena, voluntarios del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu) de Santiago y otros grupos de estudiantes de carreras de salud y voluntarios/as que entregaron asistencia de primeros auxilios durante las manifestaciones, denunciaron ataques directos con perdigones y gases lacrimógenos por parte de Carabineros mientras se encontraban atendiendo a personas heridas, aun cuando contaban con las identificaciones que permitían distinguirles a distancia”, denuncia el documento.
El INDH presentó hasta la fecha nueve querellas por los delitos de apremios ilegítimos (cinco), torturas (tres) y lesiones gravísimas (una) que afectaron a personas que prestan primeros auxilios en las manifestaciones.
También computó 473 querellas por torturas y tratos crueles por parte de Carabineros, miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios de la Policía de Investigaciones.
Al 30 de noviembre, el INDH había presentado 96 querellas por torturas o tratos crueles con violencia sexual: las víctimas ascienden a 135, de las cuales 71 son mujeres (53%) y 64 son varones (47%).
Las principales violaciones de derechos se produjeron durante la vigencia del estado de excepción constitucional, que comenzó a regir entre el 19 y 22 de octubre, según la región, y se derogó el 27 de octubre.
Con las cifras al descubierto sobre las reiteradas violaciones a los derechos humanos, la justicia chilena declaró el martes pasado admisible la querella criminal por delitos de lesa humanidad que interpuso el Frente Amplio contra el presidente Sebastián Piñera; el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el ex ministro Andrés Chadwick; el intendente metropolitano, Felipe Guevara, y el general director de Carabineros, Mario Rozas. Se los acusa de participación en calidad de autores, cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad que se traducen en homicidios, apremios, abusos sexuales, violaciones y detenciones ilegales, entre otros delitos.
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