Policiales

Piñero, meca de extorsiones

Chantajes, perfiles falsos de Facebook, novias dateras y la cárcel convertida en un call center

Acusaron a grupo de seis internos de la "Ranchada del 04", a algunas de sus parejas y a un remisero por saga estival de extorsiones. Las víctimas eran amenazadas con datos precisos


Imputaron a seis internos de la Unidad Penitenciaria N° 11 como organizadores de la banda.

Una pyme delictiva dedicada a las extorsiones. Cada miembro con un rol determinado con un fin común: obtener dinero de las víctimas. Amenazas que incluían datos personales para sumar temor. Y el chantaje a hombres a quienes se les recriminaba haber mantenido chats calientes con una menor de edad que, en realidad, era un perfil falso de Facebook. Esos son algunos de los capítulos que surgieron este jueves y viernes feriados en una extensa acusación a once personas por integrar una asociación ilícita. Otra vez, un grupo de reclusos en la mira por ordenar delitos con el uso de celulares.

Seis de los imputados como organizadores de ese grupo están presos en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero. Algunos purgan largas condenas, aunque sin el cartel de “alto perfil”. A otras cinco personas detenidas en allanamientos del lunes pasado se la acusó en carácter de miembro, por cumplir los recados de los internos o bien prestar colaboración. Otras dos sólo fueron imputadas por tenencia de armas y una participación en un apriete.

El fiscal Federico Rébola estableció que unas 30 denuncias por extorsiones del verano pasado tenían un punto en común. Las pistas recolectadas llevaron a un grupo de internos de la cárcel de Piñero, denominado la Ranchada del 04, por el número de pabellón.

De acuerdo con la acusación, estos se comunicaban con personas en el exterior quienes “proveían información y elementos (teléfonos/chips) para desarrollar su empresa criminal”, en tanto que los presos “se valieron de la situación de encierro y el acceso ilimitado a aparatos de telefonía celular, como así también del abuso del derecho a las visitas” para ese fin.

Según el fiscal, la asociación ejecutó al menos 28 extorsiones y tentativas de entre diciembre y marzo pasado, consistentes en la exigencia de la entrega de dinero (montos de entre 30.000 y 100.000 pesos), bajo amenaza de cerrar los comercios con promesas de balaceras o matar a familiares de los extorsionados.

Una de las particularidades de la banda fue que también se valió de un perfil falso de Facebook con fotos de una mujer, desde el cual se entablaron conversaciones con hombres que iban subiendo de tono hasta que estos enviaban fotos. Luego, según el modus operandi descrito por la Fiscalía, desde otro perfil alguien esgrimía que la mujer a la que estos hombres escribían era menor de edad y que por tanto lo denunciarían. Una falsa acusación de grooming como chantaje.

Así, se puso como ejemplo el caso de hombre que refirió haber pagado a los extorsionadores un monto total aproximado de 400 mil pesos en seis pagos. En este caso, cuatro de las entregas las cobró el remisero de 69 años Fernando S. por encargo del preso Dardo Ariel Basualdo, quien a su vez había obtenido los números de teléfono y datos personales de la víctima y su entorno familiar por información que aportó el preso Luciano T.

Otro caso consumado fue en febrero pasado. A la víctima le exigieron 30 mil pesos y terminó entregando 5 mil y varias pertenencias: una notebook, una impresora, cargadores de celulares, auriculares, una memoria de 16 gigas, y hasta su celular. Otra vez, la Fiscalía mencionó a la dupla de Basualdo y al remisero de barrio Tablada.

El 4 de marzo, los propietarios de una pescadería recibieron un mensaje: “50 mil pesos para esta noche o les cerraban el negocio”. En el complot se mencionaban datos sensibles de la víctima. Para el fiscal Rébola, este apriete fue llevado a cabo por el preso Nahuel David Santamaría, con información que aportó su pareja Carolina Ayelén E., quien a su vez había recibido datos de Sabrina C., como el número de teléfono de los damnificados y la ubicación de los negocios.

El 26 de febrero, otra víctima entregó 20 mil pesos por transferencia. Por Whatsapp y con datos que tornaban verosímil la amenaza le dijeron que iban a matar a familiares. La maniobra extorsiva fue coordinada por los presos Luciano T., Agustín Daniel Álvarez, y David Agustín P., mientras que Lucía Mailén F. y Julia Teresa M. acordaron recibir el dinero exigido en sus cuentas bancarias personales, señaló la investigación de Rébola.

Los roles

Dardo Ariel Basualdo, quien fue condenado en 2014 a 17 años por un doble homicidio, era el “nexo” y quien estaba en contacto con el remisero Fernando S., según la acusación

David Agustín “Pinky” P. aportó desde su lugar de detención uno delos teléfonos “en que trafican diversas líneas” utilizadas para extorsionar, le achacó Rébola.

A Nahuel David Santamaría, condenado a 14 años por matar en 2010 de un piedrazo a un automovilista para robarle en Circunvalación y Uriburu, le atribuyeron poner a disposición del grupo una línea a su nombre, además de haber realizado compras por internet con información de tarjetas de crédito de víctimas no identificadas a la fecha. También se le atribuye haber creado el perfil de Facebook falso para el chantaje.

Mauricio Ariel Z. –dijo el fiscal Rébola– aportó un chip a su nombre y a su vez gracias a sus conocimientos se encargó reparar teléfonos averiados. Todo en su celda.

Agustín Daniel Álvarez aportó otra línea con fines extorsivos, y el CBU de su pareja, según la evidencia. En 2020 lo condenaron a 19 años de prisión efectiva por una tentativa de homicidio agravada, por un ataque a tiros en un búnker de Além al 4000.

En tanto, a tres mujeres, parejas de reclusos, se les reprochó estar al tanto de las actividades delictivas, aportar datos, ingresar teléfonos a la cárcel, guardar armas y aportar una cuenta bancaria. Otra fue imputada como datera. Y por último, Sergio Daniel Gómez, un ex policía exonerado en 1997, fue imputado por tenencia de arma: dos pistolas secuestradas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tras el allanamiento en su vivienda de zona sur.

Nadie zafó de la dura resolución del juez de primera instancia Pablo Pinto, quien dictó para todos la prisión efectiva por el plazo de ley, es decir un plazo mínimo de dos años hasta que se lleve a cabo un juicio.

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