La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles su primer proyecto de ley, para prohibir que los funcionarios tengan cuentas en paraísos fiscales y establecer que quienes se encuentren en esa situación deban renunciar.
La iniciativa lleva las firmas de los ocho integrantes del bloque kirchnerista y propone modificar la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188) para “ponerle un freno al festival de sociedades offshore en que se ha convertido el gobierno de Cambiemos”, expresó la senadora.
El proyecto de la ex presidenta, el primero desde su asunción en la Cámara alta, se refiere a los sujetos alcanzados por esa ley (presidente, vice, ministros legisladores, jueces, fiscales, etc) y les aplica la “prohibición” de “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar” o tener cualquier participación en sociedades radicadas en países considerados paraísos fiscales.
Tampoco podrán tener títulos valores ni depósitos en bancos u otras entidades que se encuentren en esos países, jurisdicciones offshore o naciones identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) como países con “deficiencias anti lavado”.
El proyecto señala que la prohibición deben regir durante los dos años anteriores a la asunción en la función pública y que las personas alcanzadas deberán abstenerse de asumir el cargo para el que fueron designadas.
Respecto de quienes se encuentren en esa situación siendo ya funcionarios públicos, el proyecto señala que deberán renunciar en un período de cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Además, indica que al funcionario que incumpla con esa prohibición se le deberá aplicar el artículo 256 del Código Penal, que establece la pena de “reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua”.
En los fundamentos del proyecto, la ex presidenta señaló que el objetivo es “ponerle un freno al festival de sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales en que se ha convertido el gobierno de Cambiemos”.
“La mayoría del Gabinete está involucrado en los escándalos internacionales de Panamá Papers y Paradise Papers y el caso del ministro de Finanzas y endeudador serial Luis Caputo es uno de los más obscenos”, disparó la senadora por Buenos Aires.
Además, subrayó que “la gota que rebalsó el vaso fue la designación de un especialista internacional en lavado de dinero y evasión impositiva al frente de la Afip, quien además tiene toda su plata en el exterior”, en alusión a Leandro Cuccioli.
“Más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oficialistas, ninguno de los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios personas que utilicen las guaridas o paraísos fiscales, y al mismo tiempo reclamarle a los y las ciudadanas que cumplan con sus obligaciones tributarias”, agregó.
Además, el proyecto que presentó la ex mandataria señala que ese tipo de estructuras financieras “podrían haber sido utilizadas para blanquear fondos del lavado de dinero y del narcotráfico a escala global, delitos perseguidos en el mundo entero y que preocupan a los organismos internacionales, incluido el G20 que se reunirá en nuestro país”.
Unifican causas
La Justicia decidió unificar dos causas contra Cristina Kirchner, la del direccionamiento de la obra pública y atro sobre lavado de activos. Fue una decisión del Tribunal Oral Federal 2, que recibió la semana pasada la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez y determinó que el expediente quede en el TOF 9. Este último tribunal es el que tiene a su cargo el juicio por lavado de activos (conocido como “la ruta del dinero K”). De esta manera la ex presidenta se encamina a enfrentar, junto a varios de sus ex funcionarios, un mega juicio.
