Fuerte revuelo político generó el faltazo, anunciado, del ministro de Economía, Ángel Sciara, a la reunión que había acordado para ayer con diputados de todos los bloques con el objetivo de presentar detalles del informe sobre la privatización del ex Banco Provincial de Santa Fe. En lugar del ministro concurrió el secretario de Hacienda, Carlos Fernández, encargado de elaborar el estudio que arrojó –dos semanas atrás, cuando fue presentado ante la prensa– conclusiones contundentes sobre un proceso que al Estado santafesino le costó 4.120 millones de pesos para, al final del camino, quedarse sin su herramienta financiera y cobrar apenas 57 millones por la venta.
Ayer, Fernández reveló que la privatización del banco público fue una medida adoptada bajo una fuerte presión de las autoridades del Banco Central, que entonces respondían al ministro de Economía Domingo Cavallo. Y explicó en términos sencillos quiénes fueron los ganadores y quiénes los que pagaron el costo de la operación: para Fernández, hubiera sido “más barato” para las arcas públicas cerrar el banco que venderlo; para hacerlo, la provincia debió tomar créditos por más de 1.000 millones de dólares –que se terminaron de pagar a fines de julio de este año– y destinar ese dinero al proceso de “saneamiento y liquidación” del Banco Provincial de Santa Fe.
El secretario de Hacienda –que, luego del escándalo montado por diputados del PJ (ver recuadro), acabó hablando sólo para legisladores del socialismo y del PDP– opinó que de haber estado su partido a cargo de la provincia en los 90, en lugar de vender el banco –y aún reconociendo que existían presiones de la Nación en ese sentido– lo hubieran capitalizado para evitar su vaciamiento. Y defendió las gestiones que, en esa línea, se hicieron en el Banco Municipal de Rosario, que hoy –y pese a la fiebre privatizadora de los 90– continúa en manos del Estado municipal.
El funcionario aclaró –aunque ya no había diputados opositores para oírlo– que el banco como empresa “ya se vendió” y por lo tanto “nunca hubo reprivatización”. De ese modo, Fernández retrucó las críticas que desde los distintos sectores internos del PJ hicieron al gobierno de Hermes Binner por haber renovado el año pasado la explotación del agente financiero al grupo Eskenazi, que controla el Nuevo Banco de Santa Fe luego de la escandalosa salida de los hermanos Rohm, beneficiaros directos de la privatización y luego prófugos de la Justicia.
Detalles del negocio: “La provincia se hizo cargo de una cartera altamente incobrable que significaba el 87 por ciento de la cartera del banco. Ese 87 por ciento equivalía a 250 millones de dólares. Esa cartera se transfirió en 1998 a un fideicomiso que tiene a su cargo la cobranza. Ese fideicomiso es la comisión liquidadora del Banco de Santa Fe; la comisión liquidadora tiene ingresos y egresos; tiene recursos por los alquileres de las sucursales que no pasaron al Nuevo Banco de Santa Fe y también tiene gastos en honorarios”. La liquidación del banco residual es un proceso que aún no se completó.
¿Y por qué el banco, cuando era público, llegó a tal situación? La hipótesis de Fernández: “La política de créditos fue horrorosa. El Banco Central le impuso algunas condiciones que llevaron al Banco Provincial de Santa Fe a la privatización. Si hubiera habido una decisión política de sostener el banco, como hicieron Córdoba y Buenos Aires, o como hizo la Municipalidad de Rosario, el banco podría haber sido capitalizado y continuar dentro de la órbita pública”.
Sin mayores novedades respecto de la presentación de hace dos semanas, pasó el número dos del ministro Sciara por la Cámara de Diputados. La ausencia de todo el PJ, de los radicales y de las otras fuerzas del Frente Progresista –a los legisladores socialistas los acompañaron desde el PDP nada más– reveló malestar con Sciara antes que disgusto por la presencia de su secretario de Hacienda.
Lo que más le molestó a la oposición fue que se haya reducido a uno solo –el banco– los muchos temas que querían discutir con el ministro de Economía. Entre ellos, la marcha de las cuentas públicas, la evolución del gasto político, la licitación del 911, la compra de uniformes policiales y la contratación directa del nuevo concesionario de la autopista Santa Fe-Rosario. Quedará para la próxima, si hay próxima.
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