En el día de ayer, después de once meses sin actividad, los 53 trabajadores de la Cerámica Fighiera volvieron a abrir las puertas de la fábrica de tejas y baldosas. Aunque todavía no se logró un acuerdo con la Empresa Provincial de Energía (EPE) por el pago de deuda y la reconexión del servicio, los empleados estuvieron en el día de ayer acondicionando el lugar para empezar sus labores. Miguel Poblete, secretario general del Sindicato Ceramista de Capitán Bermúdez, afirmó que hay un compromiso del nuevo directorio en mantener los puestos de trabajo pero que “es necesario que se levanten los cargos que pesan sobre ocho compañeros”.
“La semana pasada se concretó un acuerdo que desde abril se venía discutiendo, consiste en la reincorporación de todos los trabajadores y el pago en doce cuotas de la deuda que tiene la empresa desde el año 2011. En ese entonces, en conversaciones con la gerencia nueva, se discutió que quedaran todos efectivos de vuelta y se dejaran de lado los telegramas de despido”, señaló el representante gremial. Es que en medio del conflicto la mayoría de los trabajadores se dieron por despedidos e iniciaron causas judiciales contra la empresa. Los que quedaron tomaron la fábrica y por esta acción hoy pesa sobre ellos una acción penal por usurpación y un embargo de 50 mil pesos para cada uno.
Ahora la situación parece distinta o, al menos, un poco más prometedora. La empresa, que cuenta con cerca de 30 dueños distintos, conformó en abril un nuevo directorio dispuesto al diálogo y a retomar las negociaciones. El resultado fue que el día de ayer los 53 empleados volvieron a la fábrica de cerámicos, sin luz, pero dejando en condiciones el lugar para trabajar.
“Tenemos expectativas de que la cosa funcione, pero se trata de una empresa de más de 60 años en donde no se ha hecho prácticamente inversión. No es una fábrica que elabore cerámicos nuevos, sino más bien hacen tejas coloniales para reposición, pero podría mantenerse ya que ahora han cerrado en casi todo el país algunas industrias de pisos rojos para azoteas. Tienen la oportunidad de cubrir ese nicho”, explicó el delegado gremial.
Sin dudas, el mayor problema que afrenta Cerámica Figheira es la deuda que mantiene la empresa con la EPE desde hace varios años. “Cuando la fábrica cerró el año pasado se dejó de pagar lo acordado, y ahora hay que renegociar para que se reconecte el servicio”. El otro tema en negociación son las causas penales antes mencionadas.
Desde que la fábrica cerró a fines de 2012, los trabajadores estuvieron cobrando un Repro de 600 pesos y el sindicato sostuvo la obra social. Desde ayer, todos los trabajadores están al día con el salario cerrado en las paritarias de abril de 7.200 pesos: “Ahora ya están todos trabajando, la misma cantidad de horas y los mismos horarios que corresponden”, destacó Poblete.
“Esto se alargó un poco más de lo esperado porque la mayoría de los muchachos se dieron por despedidos, y en el Ministerio se dividieron las negociaciones, pero ahora vamos a retomar para que el que quiera seguir trabajando pueda hacerlo. Consideramos que la nueva dirección de la empresa tiene buena predisposición. Y desde el gremio vamos a hacer todo lo posible para resolver los problemas y seguir adelante”, concluyó Poblete.
Dos problemas para reanudar las tareas
Rubén Ferreyra, delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, dijo en relación al conflicto de la fábrica de cerámicos Fighiera que hay dos problemas graves que complican la situación de los trabajadores. Por un lado está el problema con la Empresa Provincial de Energía (EPE): “En este sentido, las autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia se comprometieron a hacer la gestión ante la EPE para cancelar la deuda”, afirmó el representante de la cartera laboral nacional. A su vez, agregó que la empresa cuenta con muchos socios y necesita una inversión fuerte para ampliar el capital, “es una situación complicada, normalizar ahí va a ser difícil, es importante que la EPE ponga su granito de arena”.
El otro problema que afrontan los trabajadores de Cerámica Fighiera es el proceso penal que se inició contra ocho empleados por “usurpación”. “El tema de la imputación judicial a los trabajadores es algo que pesa porque hay que ver qué hace el juez, está catalogado como delito de acción pública y es algo grave. A nadie le interesa trabajar o tener un trabajo con un procesamiento penal encima. Pero además, hay un embargo de 50 mil pesos contra cada trabajador por este cargo”, explicó Ferreyra.
En relación a la situación de ambas empresas, el funcionario concluyó: “Esto es lo que queda de los conflictos que no tienen una solución inmediata y que no ganan visibilidad. Son cada vez más difíciles de resolver”.
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