Luego de 25 años, el gobierno de Santa Fe no renovó el convenio entre los ministerios de Salud y Desarrollo Social santafesino con el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y SIDA (CEADS) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). A través de la Cámara de Diputados, la titular de la Comisión de Salud, Silvia Ciancio, pidió la urgente solución a este conflicto que paralizó el espacio que funciona en el Centro de Atención Regional de Salud Mental “Agudo Ávila”.
Con el respaldo del Bloque de la Unión Cívica Radical, Ciancio recordó en la Legislatura que los profesionales que trabajan allí llevan nueve meses sin cobrar sus salarios. Además, lamentó que la noticia les fuera transmitida a los integrantes de la entidad a través de una reunión virtual.
La médica, oriunda de Elortondo, recordó que el cambio de gestión y la pandemia “significaron trabas burocráticas a sortear desde el inicio de este año, y que al igual que muchas otras organizaciones, el servicio debió esperar la decisión del entonces ministro de Salud, Carlos Parola, sobre la continuidad del convenio vigente, lo que significó la imposibilidad de funcionar y de hacer frente a los salarios de los equipos”.
“Eso sucedió en enero. Sin embargo, desde marzo los profesionales ya no perciben los haberes por su trabajo y el coronavirus y las disposiciones de aislamiento empeoraron el escenario. Una situación que atravesaron también otras organizaciones que trabajan en la asistencia de personas con consumos problemáticos”, sostuvo Ciancio.
Agravantes
La renuncia de parte del equipo, de profesionales que trabajan en el espacio a través de un convenio con el Colegio de Psicólogos, profundizó la situación de crisis y obligó a la jefa del servicio Silvia Inchaurraga a pedir una determinación “urgente” tanto sobre el pago de la deuda como sobre la continuidad.
“No dieron certeza de los pagos de salarios adeudados y tampoco explicaron Ia decisión de no continuar con el convenio, porque no encuadra dentro de Ios proyectos de trabajo previstos por la agencia provincial”, aclaró.
“Por eso, la medida que toma el gobierno de Santa Fe, no sólo interrumpe Ios tratamientos por consumos problemáticos de drogas y deja sin acompañamiento y cuidado a muchas personas, sino que pone fin al servicio más antiguo del país que trabaja en Ia perspectiva de reducción de daños”.
Diezmados
Desde 1990, el servicio da una respuesta alternativa a la psiquiatrización y el encierro de los usuarios de drogas. Por este motivo, Ciancio fue enfática al asegurar que es el Estado quien debe estar presente acompañando, tanto a Ios profesionales de la salud como a los usuarios del sistema público de atención.
En el espacio, donde trabajan seis psicólogos, un psiquiatra y dos consejeros en reducción de daños, en el último tiempo pasó a contar con dos profesionales menos: “Es un dispositivo ambulatorio con múltiples estrategias territoriales para asistir y acompañar a los usuarios de drogas, pero al mismo tiempo se convirtió en un lugar privilegiado de formación para estudiantes de diversas disciplinas y de concurrencias y residencias de pre y posgrado”, cerró Ciancio.
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