“La recarga virtual de telefonía celular no está sujeta al cobro de recargo o suma de dinero extra alguna. Denuncias al teléfono gratuito 0800-666-8845 (Oficina Municipal del Consumidor)”. Con esta leyenda, ubicada además en un lugar que sin esfuerzo resulte visible, deberán tropezar en corto plazo los usuarios en todo quiosco, telecentro, almacén, y cualquier comercio que brinde el servicio de carga virtual en telefonía celular. Así lo dispone la ordenanza que, tras una serie de consultas –y un regreso a comisión para nuevas consultas– finalmente llegó al recinto ayer y se aprobó por unanimidad en el Concejo Municipal.
“Dispónese que los comercios que realicen cargas virtuales de telefonía celular en el ámbito de la ciudad de Rosario, no podrán cobrar un adicional por tales recargas”, dice el artículo, primero –y clave– del mandato. La normativa surgió tras permanentes y crecientes quejas de usuarios que debían agregar 1 peso, 2, y a veces más por cada recarga de celular, sin que el pago extra constara en ningún papel. Es que los tickets emitidos por el servicio no contienen el cargo extra, que irremediablemente pasa a generar un circuito en negro, ínfimo en el caso de un usuario que realice una recarga por mes, pero considerable al multiplicarse por la cantidad de líneas en la región.
Por caso, una estimación de la Oficina Municipal del Consumidor habla de 1,3 millón de líneas. Y si bien sólo las cuatro compañías –Claro, Movistar, Nextel y Personal– tienen el dato exacto de cuántos son los que utilizan el servicio “prepago” –se abona antes y se descuenta cada vez que se utiliza– se presume que son buena parte de los usuarios, en particular las franjas más jóvenes y los adultos mayores. Y a ellos se les agrega el llamado “abono control” –hay un monto acordado por mes y se corta el servicio cuando se agota– que también les permite a los usuarios incorporar nuevo saldo. En suma el nivel bien puede medirse en varios millones de pesos al año que ingresan al circuito económico en negro.
La ordenanza llega a cortar esa práctica, aunque su intención primera es beneficiar a los usuarios. En ese marco establece que la falta de cumplimiento de la ordenanza “será penada con las sanciones previstas” en un artículo del Código Municipal de Faltas, el 603.21. En ese item se establecen multas de 289,63 a 889,37 pesos –montos vigentes hoy, que todavía no fueron actualizados–, clausura hasta 90 días e incluso “arresto hasta 15 días”.
Además, los comercios que no coloquen el afiche que se entregará, informando a los usuarios que no deben abonar “plus” alguno, tendrán como sanción el “rechazo del pedido de habilitación o renovación” del servicio.
Con todo, la Dirección de Inspección de Comercios, Industrias y Servicios de la Municipalidad estará a cargo del control de la normativa, en tanto que el área provincial de Comercio Interior –cuyo nombre real es Dirección Provincial de Fomento y Promoción del Comercio y Servicios– será la autoridad de aplicación de la normativa y, por ende, de las sanciones a los comercios que no la cumplan.
“Terminar con los abusos”
“Esta medida apunta directamente a terminar con otro de los abusos que muchos comercios cometen en la ciudad. La recarga virtual del celular no representa ningún costo para ellos por lo que de ninguna manera puede trasuntar en una erogación para los usuarios”, explicó el titular del Concejo, MIguel Zamarini, impulsor de la normativa aprobada ayer.
El edil socialista, al que acompañaron Fernanda Gigliani, del Partido del Progreso Social; los radicales –enrolados en dos bloques distintos– Martín Rosúa, María Eugenia Schmuck y Sebastián Chale, y el justicialista Carlos Cossia, puntualizó que una vez que la medida sea puesta en funcionamiento, la provincia podrá multar a aquellos comercios en los que se detecte la práctica, ahora prohibida. “Esta iniciativa surge a partir de reclamos de miles de consumidores en la órbita del Concejo y la Oficina Municipal del Consumidor”, añadió Zamarini.
El titular del Palacio Vasallo recordó que el Concejo ya aprobó una iniciativa que no permite el cobro extra en la recarga de la tarjeta sin contacto del transporte urbano de pasajeros, por iniciativa de Gigliani. “Son dos proyectos que van de la mano y apuntan de lleno a la defensa de los consumidores”, remarcó.
Según recordaron desde la Oficina del Consumidor, el Concejo ya había intervenido en una problemática análoga dos décadas atrás, cuando el sistema prepago había llegado a la telefonía fija y los comercios cobraban un “plus”, lo cual se impidió con éxito. Se espera que ahora ocurra lo mismo: “Tanto este servicio como la carga de la tarjeta de colectivo no son obligatorios para los comercios, sino que ofician como polo de atracción para que los potenciales clientes puedan consumir otros productos”, concluyó Zamarini.
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