El conflicto en la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín tuvo en los últimos días un giro clave que apaciguó las aguas revueltas con denuncias de sistemáticas maniobras de vaciamiento: Daniel Sorrequieta el tercer interventor de la institución, que quedó bajo tutela de la Justicia federal en agosto de 2019 y se mantiene así desde entonces, confirmó que el próximo 31 de agosto los socios estibadores podrán elegir autoridades, con lo cual la institución quedará normalizada y devuelta a sus integrantes.
Este viernes Sorrequieta le informó al titular del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque que las elecciones en la Cooperativa se celebrarán el último día de agosto, confirmaron representantes de la agrupación Miguel Ru, la línea opositora al caudillo Herme Juárez que aglutina las voluntades de un centenar de los 130 asociados, según asegura. La noticia fue celebrada por el sector que viene reclamando la normalización con cíclicas protestas en las puertas de los Tribunales Federales y resistiendo decisiones de los interventores incluso con denuncias judiciales.
En agosto de 2019 detuvieron al entonces presidente Herme Juárez, en el marco de una megacausa federal por lavado de activos, la Cooperativa quedó en manos de una intervención por resolución del juez de Campana Adrián González Charvay, quien acusó a Juárez por lavado de dinero, extorsión y otros delitos. El histórico “Vino Caliente” estaba al frente de la entidad desde 1969, y también controlaba el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) del Cordón Industrial, que igualmente fue intervenido.
Desde entonces se comenzó a gestar y crecer una fuerte corriente contra la intervención, contra Juárez, y contra el juez Bailaque, en quien recayó la tutela de la Cooperativa que maneja el estibaje del 60 por ciento de las operaciones en los puertos del Cordón Industrial.
El primer interventor nombrado por el gobierno de Mauricio Macri en su tramo final fue Juan José Schaer, un abogado de Buenos Aires con experiencia en administración en corporaciones, y la acusación fue haber negociado a la baja con ellas los servicios de estibaje, a los que pesificó. Y también se intentó denunciarlo judicialmente por amenazas, al imponer un nuevo reglamento interno en la cooperativa que colisionaba con el estatuto social.
El mandato expiró en febrero del año pasado, cuando se designó un segundo interventor, Roberto Pasqualino, un economista de la Universidad de Buenos Aires vinculado al radicalismo. “Se afincó para hacer sus propias líneas de negocios. Estamos horrorizados porque hablan de un fideicomiso administrativo y financiero, están haciendo negocios con una mutual de la Universidad de Buenos Aires, que no tenían que ver con los objetivos de la intervención”, cargó el estibador José María Ramón. Pasqualino resultó denunciado por desviar fondos de la cooperativa a mutuales y por la compra de un test para covid-19 y los asociados apuntaron también contra el juez Bailaque: “No sólo no hizo nada para frenar el vaciamiento, sino que permitió la fuga de 150 millones de pesos a mutuales pertenecientes a amigos que quieren hacerse cargo de la intervención”.
“Nuevamente el interventor está manejando fondos en forma discrecional favoreciendo a sus amigos con compras sin licitación, sin dar explicaciones, sin saber si esas compras cumplen alguna función útil para lo que han sido realizadas”, había sostenido José Ramón. Las compras, según denunció, se hicieron a Total Medic, “creada en plena pandemia” y cercana a Pasqualino por ser “de titularidad de su amigo y socio Carlos Marconi”.
“Esta prueba demuestra, independientemente de su irregularidad, las verdaderas intenciones de estos interventores, que mientras los estibadores se exponían en plena pandemia para el progreso de la Cooperativa y del país, los altos funcionarios de la intervención se dedicaban a hacer negocios personales,a costillas de la salud de los trabajadores”, había acusado por su parte Jorge Morel, también socio de la entidad portuaria.
El pasado 12 de febrero el juez Bailaque extendió por otros seis meses la intervención y oficializó a Sorrequieta al frente. Ex intendente de Puerto San Martín, conoce el territorio y tiene ascendente en el peronismo local. Pero los estibadores también cargaron contra él por un desbloqueo de fondos que –acusaron– fueron puestos bajo administración de la mutual Unión, de los hermanos Whpei. La corriente volvió a apunar al juez Bailaque, por lo que la presentación judicial se realizó ante la Cámara Federal.
A fines de abril la segunda instancia atendió los argumentos de los estibadores, a los que antes había permitido se parte querellante en la causa penal. Esta vez fue un llamado de alerta al juez Bailaque, a quien los socios denuncias habían apuntado por “la excesiva prórroga de la intervención e irregular autorización para utilizar fondos de la Cooperativa que hasta ese momento estaban bloqueados”.
Ahora el proceso de normalización anunciado puede dar un cierre a la saga. Antes, en marzo pasado, el juez denegó el reingreso a Juárez, quien sigue soportando cargos judiciales, pero ya no los peores, entre ellos la acusación por asociación ilícita. “No ha lugar”, determinó Bailaque, recordando que el histórico cacique está procesado por “administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad”, ante el pedido de Juárez de ser repuesto en funciones y percibir los pagos correspondientes.
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