Economía

Decreto 574/20

Causa Vicentin: el gobierno provincial intervino el Puerto de Reconquista

El gobernador Perotti intervino el puerto de Reconquista luego de recibir un informe del representante de la provincia en el Ente Portuario que contenía irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al Grupo Vicentin.


El gobernador Omar Perotti decretó la intervención por 180 días del Puerto de Reconquista, controlado por la empresa Vicentin. La decisión fue tomada por Perotti después de haber recibido un informe elaborado por el representante del Estado provincial en el Ente Portuario de Reconquista, Martín Deltin, quien fue designado como nuevo interventor por parte del gobernador.

El informe denuncia irregularidades que involucran a la empresa concesionaria, que es propiedad del Grupo Vicentin. Entre otros datos, Deltin consigna que desde 2004 a la fecha no hay registros de actividad en el puerto, a pesar de que se pudieron detectar tareas de acopio y descarga de barcos.

“Ante la gravedad de los hechos detallados”, Perotti ordenó a través del decreto 574/20 la intervención por 180 días el Ente Portuario de Reconquista, con Martín Deltin a la cabeza, a quien se le pidió que finalizado ese plazo entregue “un informe circunstanciado de las medidas adoptadas y a adoptar para dar cumplimiento a los fines perseguidos con el presente decreto”.

Además, se le encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del ente con facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.

La provincia amplió las pruebas contra Vicentin para justificar “la necesidad de intervención”

En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a la empresa Ríos del Norte SA, conformada por las firmas Vicentin y Buyatti. La concesión tiene vigencia hasta el año 2029.

El decreto indica que el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”.

El informe reveló que supuestamente “la Terminal A, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.

Sin embargo, Deltin señala que “ello es así porque Terminal A no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno”, situación que configura “un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual”.

Según el informe que el gobernador tomó como base de su decreto, esa situación “conlleva responsabilidades de las autoridades del Ente Portuario de Reconquista en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

Deltin denunció ante la Prefectura Naval Argentina “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del buque trasbordador Cynthia, matrícula 01478”, el 26 de mayo de este año, lo que indica que sí hubo actividad en la terminal aunque la empresa no lo haya consignado.

En el decreto también se indica que “la Terminal B utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya” y que el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías de lanchas y a un estacionamiento.

Perotti indicó en el decreto de intervención que “por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley”.

También puntualiza que “según surge de las del actas de Directorio (de Ríos del Norte SA), se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades y que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.

Además, el decreto señala que “no existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año”.

Finalmente, el texto encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del Ente”, con “facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.

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