El ex fiscal anticovid Gustavo Ponce Asahad recuperó la libertad este martes a dos semanas de haber sido condenado a tres años de prisión en un procedimiento abreviado donde se lo reconoció como imputado colaborador y aceptó su responsabilidad como integrante de una asociación ilícita dedicada al juego ilegal, en cuyo marco recibió coimas e incumplió sus deberes de funcionario público. Ponce Asahad estuvo casi 14 meses preso en las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y en esta jornada obtuvo la libertad en una audiencia que solicitaron sus defensores Franco Gardali y Fernando Mellado por el tiempo de encierro transcurrido y que la jueza Eleonora Verón aceptó.
El martes 7 de septiembre, el ex funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la circunscripción Rosario, fue condenado luego de que la jueza María Isabel Más Varela avalara el convenio acordado entre la defensa y los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, a cargo de la investigación por juego ilegal.
En rigor, la pena acordada era del doble, a seis años, que se redujeron a tres al aceptar el ofrecimiento de Ponce Asahad de ser imputado colaborador ya que confesó haber cobrado coimas del juego clandestino y acusó a su superior, el ex fiscal regional Patricio Serjal y al senador provincial Armando Traferri.
El fallo determinó para Ponce Asahad, –que estaba en prisión desde el 4 de agosto de 2020 y a quien le prorrogaron la preventiva el 30 de agosto pasado por otros diez días (rechazándole la domiciliaria)– inhabilitación especial perpetua para ejercer un cargo o empleo público por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y miembro integrante de una asociación ilícita en carácter de coautor, detallaron en dicha oportunidad desde el MPA, que a la vez amplió que “todos los hechos concurren en forma ideal y en grado de consumado”.
Para los fiscales, Ponce Asahad conformó una asociación ilícita junto con su superior Patricio Serjal, el empresario Leonardo Peiti (estos dos últimos considerados organizadores), el empleado del MPA Nelson Ugolini, el llamado Zar del Juego Clandestino de Rafaela David Perona y el comisario retirado Alejandro Torrisi. Es la misma investigación por la cual el MPA de Rosario pretende imputar al senador Armando Traferri, por ahora sin suerte a la hora de que le retiren sus fueros.
“El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal”, describieron los fiscales.
La condena señaló que Serjal y Ponce Asahad “ofrecieron y aceptaron dádivas, omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.
En cuanto a Ponce Asahad, indicó que su rol en la asociación ilícita “consistió en haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal adjunto, aprovechando ese lugar para recibir dinero de Peiti a cambio de transmitirle directa y/o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tenerlo como sospechoso”.
Puntualmente, le adjudicaron al ex fiscal –que fue destituido el año pasado cuando se desató el escándalo público- haber contactado a Peiti a mediados de diciembre de 2018 “a fines de informarle que existían en el ámbito del MPA investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas”.
También haber creado en Rosario una causa “melliza” a una por juego clandestino tramitada en la localidad de Melincué para evitar la persecución penal de Peiti por el fiscal de esa jurisdicción.
Además, la sentencia recordó que Ponce Asahad se reunió en varias oportunidades con Peiti “para recibir el pago acordado”, que se estima entre 4 y 5 mil dólares mensuales.
“El condenado concurrió a un encuentro con Peiti el 9 de julio de 2020 a las 12.30 en el pasaje Rosales y acordaron que aquél entregaría 10.000 dólares ese mismo día”, se explicó en el fallo y agregó que “esa entrega se concretó cerca de las 18, en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario”, donde Ponce tenía una oficina.
Tras el procedimiento abreviado, la defensa presentó el pedido para la libertad condicional para el ex fiscal anticovid por el tiempo transcurrido en prisión preventiva que este martes a las 14 en una audiencia virtual donde también estuvieron presentes los fiscales Edery y Schiappa Pietra, fue aceptado por la magistrada Verón.
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