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Causa inundación: podrán aportar nuevas pruebas

Se trata del expediente que investiga responsabilidades políticas. Están procesados tres ex funcionarios.

La Justicia provincial volvió a rechazar las presentaciones de los abogados defensores de los ex funcionarios procesados por la inundación de 2003 y, de esa manera, se abre ahora la etapa de pruebas. Las partes –el actor civil y los imputados– tendrán un plazo de diez días para proponerlas y de 40 para producirlas. En ese lapso, podrán aportar testimonios, pericias, documentos oficiales e informes técnicos.

En la causa que investiga las responsabilidades políticas de la peor tragedia registrada en la historia de la ciudad de Santa Fe están procesados el ex intendente Marcelo Álvarez y dos ex funcionarios del entonces gobernador Carlos Reutemann: Edgardo Berli, quien fue ministro de Obras Públicas, y Ricardo Fratti, quien se desempeñó como director de Obras Hidráulicas de la provincia.

La decisión de los jueces de Cámara Roberto Reyes, Eloy Suárez y Roberto Prieu Mántaras echó por tierra la pretensión de la defensa de los imputados, que hace un año habían recurrido al tribunal de alzada luego de que el juez Enrique Álvarez rechazara los planteos de nulidad presentados por los abogados de Berli, Fratti y Álvarez. Néstor Oroño –defensor de Berli–, Alejandro Paz y Pablo Guastavino –de Álvarez– y Martha María Feijoó y Jorge Vázquez Rossi –de Fratti– habían cuestionado el requerimiento de elevación a juicio hecho por el fiscal de la causa Norberto Nisnevich.

Los letrados también habían solicitado la nulidad de la pericia técnica hidráulica, de las indagatorias y del auto de procesamiento. En el primer caso, Oroño argumentó que el organismo encargado de la pericia –el Instituto Nacional del Agua– no debería ser considerado por el tribunal porque participa del proceso como órgano técnico y a la vez como parte. Pero los jueces de Cámara rechazaron esa presentación.

El juez Enrique Álvarez se hizo cargo de la causa inundación tras el alejamiento del magistrado natural del Juzgado de Sentencia, Mauricio Frois, quien en abril del año pasado fue suspendido y luego sometido a un jury de enjuiciamiento, que terminó el mes pasado con su destitución. Frois había dejado caer más de 300 causas en un solo año. El nuevo juez rechazó los planteos de los defensores de los ex funcionarios de Reutemann y, tras la apelación correspondiente, la Cámara desestimó “los agravios expresados por las defensas”.

Con la apertura de la etapa de pruebas, las partes dispondrán de poco más de un mes para producirlas. En ese lapso pueden proponer nuevos testigos o pedir que los que ya declararon vuelvan a hacerlo. También podrán ofrecer al tribunal los resultados de las eventuales pericias que encarguen y de los informes técnicos o documentos oficiales que no estén incorporados aún en el expediente.

La inundación del río Salado comenzó mucho antes del 29 de abril de 2003; ese verano ya se habían registrado crecidas históricas en los departamentos del norte que están afectados por la cuenca del salado. Pero fue ese 29 de abril cuando las aguas del río ingresaron a la ciudad de Santa Fe y produjeron la mayor tragedia de que se tenga memoria.

Las cifras son elocuentes: 130 mil personas afectadas en forma directa –un tercio de la ciudad– que debieron dejar sus hogares para refugiarse en centros de evacuados improvisados conforme seguía creciendo el río, 23 muertos reconocidos oficialmente por el gobierno provincial –de los cuales 18 casos están incorporados en la causa– y pérdidas millonarias cuya cuantificación también fue creciendo con el paso del tiempo.

Las organizaciones de vecinos inundados, acompañadas por movimientos sociales y de derechos humanos, estimaron que como consecuencia indirecta de la inundación –los llamados efectos colaterales, que impactaron en la salud y en el ambiente– murieron en los años siguientes más de 130 personas.

Pese a los reclamos de los inundados, ni Reutemann ni Jorge Obeid debieron declarar en el marco de la causa. Al segundo le habían apuntado porque fue bajo su primera gestión como gobernador, en 1997, cuando se inauguró formalmente la defensa del borde oeste de la ciudad. Un tramo nunca construido, de unos 600 metros, a la altura del hipódromo, fue el lugar por donde el Salado ingresó a Santa Fe.

A Reutemann, en cambio, le señalaron dos responsabilidades: no haber terminado esa parte de la defensa en tres años y medio de gestión –entre diciembre de 1999 y abril de 2003– y haber manejado en forma deficiente la crisis que se desató durante y después del ingreso de las aguas del río. El primer fiscal de la causa, Ricardo Patrizi, sobreseyó al Lole en 2006, pocos días antes de que se cumpla el tercer aniversario de la tragedia.

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