El juicio oral y público por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco que tiene a 19 policías santafesinos como acusados comenzó este jueves a las 8 su segunda jornada presidida por el Tribunal Oral Federal (TOF2), de bulevar Oroño al 900. En ese marco, Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la cual es querellante en esta causa, llevó a cabo una conferencia de prensa en las puerta de los Tribunales Federales acompañado por el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, la concejala Norma López y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci junto a organizaciones sociales en una muestra de apoyo a la familia de la víctima que lucha hace 7 años por justicia.
“Si hay algo positivo que sacar de esta tragedia, de este caso emblemático de violencia institucional donde ya hace muchos años que se pedía el juzgamiento, es esto, el juicio. Creo que lo mejor de estos casos es que no queden impunes para poder erradicarlos y que no vuelvan a suceder. Tiene que haber sentencias ejemplificadoras. Entendemos que es un mal de la democracia. Vemos en los medios de comunicación cómo suceden estos hechos habitualmente y no los queremos naturalizar, para que suceda tiene que haber condenas, tiene que haber juzgamiento y tiene que haber toda una responsabilidad de todos los poderes del Estado para poder avanzar y erradicar la violencia institucional que hacer tanto mal a los pibes de nuestros barrios”, dijo el Pietragalla Corti en declaraciones recolectadas por el portal de noticias Conclusión.
El funcionario nacional señaló que “si hay algo para aferrarnos en esta tragedia es que hay un juicio. Hoy hay muchos casos que quedan impunes, que no llegan a esta instancia, a un juzgamiento, a un proceso, donde se va a saber lo que sucedió. Se va a saber la verdad”.
Pietragalla Corti también ahondó en el aumento de los casos de violencia institucional en el país y dijo que las fuerzas tienen que ser formadas en materia de Derechos Humanos. “Entendemos que esto no es algo contra las fuerzas, este es un cambio que hay que hacerlo con las fuerzas, porque no lo vamos a lograr. Y creo que hay una consigna que desde Nación estamos llevando adelante que es Argentina unida contra la violencia institucional. Si queremos erradicar esta problemática, que acarreamos desde la época de la dictadura, después de los años de impunidad y prácticas que se siguen utilizando, todos tenemos que tener responsabilidades”, remarcó el titular de la Secretaría de Derechos Humanos este jueves alrededor de las 10 ante los medios de comunicación donde también estuvieron los referentes de la Multisectorial contra la Violencia Institucional y organizaciones sociales.
El juicio
En tanto, en el interior de la sala presidida por el TOF2, integrado por los jueces Omar Paulucci, Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez, tres de los 19 policías que están sentados en el banquillo de los acusados declararon en la causa por la que pasarán unos 280 testigos.
Las audiencias continuarán el 28 de este mes y los días 8 y 9 de febrero de 2022 para seguir los jueves y viernes posteriores hasta la finalización del juicio.
Franco Casco, de 20 años, llegó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a sus familiares en barrio Empalme Graneros. El 6 de octubre, cuando emprendía el regreso a la localidad bonaerense de Florencio Varela fue detenido ilegalmente por efectivos de la comisaría 7ª, el último lugar donde lo vieron con vida hasta el hallazgo de su cadáver a los 25 días, el 31 de octubre, en las aguas del río Paraná.
Según la versión policial, un vecino (procesado por falso testimonio) llamó al celular del comisario de la seccional 7ª para alertarlo sobre “la actitud sospechosa” de Casco, lo que motivó su detención y posterior traslado a esa comisaría ubicada en Cafferata 342, el último lugar donde lo vieron con vida.
Durante las días siguientes, como Franco no llegó a Buenos Aires su papá Ramón y su mamá Elsa, fallecida en agosto de 2016, lo buscaron por todo Rosario hasta averiguar que el joven había estado detenido en la comisaría, donde recibieron información confusa que indicaba distintos días y horarios de su ingreso y egreso de la seccional.
La investigación de la Fiscalía federal detalla que Franco había sido aislado en un calabozo con condiciones de encierro ilegítimas denominado “la jaulita”, que otros detenidos describieron como “pequeño, oscuro y mugroso”. Según testimonios de presos que esa noche lo vieron en la seccional y hablaron con él, escucharon sus gritos de tortura una vez que los policías lo aislaron.
Las autopsias establecieron que el joven murió antes de ser arrojado al río, con un tiempo de inmersión compatible con la fecha de su desaparición.
La causa contó con numerosos obstáculos desde un comienzo, ya que funcionarios judiciales y políticos descartaron cualquier responsabilidad policial en la muerte del joven sin tomar medidas tendientes a esclarecer el caso. Hasta que la causa pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada seguida de muerte, donde llegaron a imputar a 31 agentes policiales de Santa Fe, de los cuales 19 fueron procesados.
Según la acusación, los policías enfrentan distintos cargos en relación al crimen. El jefe de la comisaría 7ª, Diego Álvarez; y los agentes Cecilia Contino, Walter Benítez y Fernando Blanco, están procesados por el delito de “desaparición forzada seguida de muerte y ejercicio de tortura” en perjuicio de Franco.
Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner y Esteban Silva -miembros de la misma seccional-, están acusados de “desaparición forzada seguida de muerte”.
A su vez, Rodolfo Murúa, Walter Ortiz, Romina Díaz, Ramón Juárez, Elisabeth Belkis y Franco Zorzoli se encuentran imputados como “partícipes secundarios” de la desaparición forzada seguida de muerte.
Y dos agentes de Asuntos Internos, Pablo Síscaro y Daniel Escobar, están acusados de “encubrimiento”.
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