En la primera parte de la audiencia, la secretaria del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), Silvina Andalaz, comenzó a leer la requisitota fiscal de elevación a juicio de la causa Díaz Bessone, que sentó en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, a cuatro policías y a un civil cómplice de la represión ilegal.
En la puerta de los tribunales, en tanto, querellantes, víctimas y organismos defensores de los derechos humanos realizan una radio abierta en la que se repudia a los procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de la provincia de Santa Fe durante la última dictadura.
Eduardo Seminara, testigo y querellante en la causa, aseguró que “para Rosario y para nuestra región es un día histórico, porque es el día en que nosotros podemos decir nuestra parte de la verdad y recordar a todos los compañeros que no tienen, ni tuvieron, la posibilidad de defenderse en ningún lado”.
Alfredo Vivono, sobreviviente y también querellante, coincidió en que se trata de “un día histórico” porque “estamos juzgando a quienes operaron en el centro clandestino más importante del Segundo Cuerpo del Ejército, por la cantidad de compañeros que pasaron por allí”.
A la vez, Vivono repudió el hecho de que “los procesados enfrenta este juicio en libertad”, y agregó: “Hacemos responsables a los integrantes del TOF 2 por cualquier situación que ocurra con los testigos, como ya viene ocurriendo con algunas amenazas”.
En el mismo sentido, Marta Bertolino, sobreviviente y testigo, dijo que “la sociedad rosarina no puede convivir en la calle con personas que, para llegar a este procesamiento, es porque hay las pruebas que acreditan casi con certeza su culpabilidad de los crímenes de los que se los acusa”.
De los seis imputados en la causa, sólo Díaz Bessone está detenido, con prisión domiciliaria.
Los cinco restantes, los ex policías José Rubén Lofiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini, y el civil Ricardo Miguel Chomicky, permanecen en libertad por fallos de la Cámara de Casación Penal.
Télam
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