Ezequiel Nieva
La ciudad de Santa Fe será escenario de una noticia que recorrerá el país. Mañana el Tribunal Oral Federal dará a conocer la primera sentencia por delitos de lesa humanidad en la historia de la provincia, un hecho que marca el fin de un proceso que incluye otra singularidad: por primera vez en todo el país hay un funcionario judicial –que colaboró activamente con los grupos de tareas de la dictadura– sentado en el banquillo de los acusados. Es el ex juez federal Víctor Hermes Brusa, cuyo apellido le da nombre a la causa en la que, además, hay cinco ex policías imputados aunque ningún militar.
El presidente del tribunal –el juez subrogante Roberto Manuel López Arango, del Tribunal Oral de Paraná– y los conjueces santafesinos Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus leerán mañana el fallo. La audiencia está prevista para las 18 y pone fin a un proceso que comenzó hace más de una década –con las denuncias realizadas ante el juez español Baltazar Garzón contra Brusa– y que se cristalizó en los últimos tres meses y medio, en la etapa final de audiencias orales y semipúblicas –sólo un reducido grupo de 24 personas pudo presenciar las testimoniales; el resto (la prensa, los testigos, los familiares, etc.) debió seguir el debate a través de una pantalla ubicada en el Juzgado Federal Nº 1, a siete cuadras de la sede del Tribunal Oral Federal.
Además de Brusa –empleado del Juzgado desde 1971, secretario a la época de los hechos y promovido para juez federal en 1992, bajo los mandatos de Reutemann y Menem en la provincia y en la Nación– otros cinco imputados serán condenados mañana: Juan Calixto Perizzotti, jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), su secretaria y mano derecha María Eva Aebi, el ex jefe de la comisaría 4ª Mario Facino, el ex agente de Inteligencia Eduardo Ramos y su colega Héctor Romeo Colombini.
En la primera etapa de la causa –desde la anulación de las leyes de impunidad y hasta 2007– hubo tres militares imputados: Juan Orlando Rolón, Nicolás Correa y Domingo Marcellini. Pero cuando la causa llegó a su etapa final, sólo este último permanecía procesado: Correa murió en agosto de 2007, Rolón murió hace tres meses –ya había zafado de esta parte de la causa por errores procesales, aunque permanecía imputado en otra causa con los mismos protagonistas por asociación ilícita– y Marcellini, desde Mendoza, logró que le suspendan el juicio por su estado de salud.
Desde las primeras audiencias quedó en claro la habilidad de los ex militares en evitar los juicios; no les importaba permanecer procesados, pero buscaron a toda costa no llegar a la instancia final: morir sin haber sido condenados. “La estrategia Pinochet”, definió el querellante José Schulman, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Es el resultado de la impunidad y de tantos años sin juicios. Cuando el Estado argentino en 2003 decidió reanudar los juicios, debió haber elaborado algunas estrategias para llevarlos a cabo. Los represores elaboraron su propia estrategia de impunidad, que yo denomino la ‘estrategia Pinochet’: demorar y demorar hasta que el ciclo biológico haga que los represores mueran acusados pero no condenados”.
Más de 40 audiencias, 98 testigos, 14 víctimas –ocho de las cuales son querellantes junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación–, seis imputados –de los cuales dos ampliaron sus indagatorias en esta etapa: Perizzotti y Ramos– son algunos de los datos estadísticos que arroja el proceso, el primero por violación a los derechos humanos que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe.
A más de 30 años de los hechos investigados, la capital de la provincia está a un paso de comenzar a saldar sus deudas con el pasado inmediato. La expectativa es altísima.
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