El juez federal Ariel Lijo elevó ayer a juicio oral y público la causa por las presuntas irregularidades cometidas en la investigación del atentado a la Amia, en la cual están acusados el ex juez federal Juan José Galeano, y el ex titular de la Side Hugo Anzorreguy, entre otros, según informaron fuentes judiciales.
El magistrado a su vez dispuso que también vayan a juicio los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, el ex integrante de la Side Patricio Finnen, el presunto reducidor de autos Carlos Telleldín; la pareja de éste Ana María Boragni, el abogado Víctor Stinfale, y el ex titular de la Daia-Amia Rubén Ezra Beraja.
Todos están acusados por irregularidades en la investigación del atentado a la Amia, donde se comprobó que hubo un pago de 400 mil dólares a Telleldín a fin de que desviara la investigación e incriminara a policías bonaerenses.
El juez Lijo ordenó la clausura parcial de la investigación y elevación a juicio de la causa caratulada como “Galeano Juan José y otros s/malversación de caudales públicos”, en la que consta que mediante fondos de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex Side) entre los meses de julio y octubre de 1996 se abonó la suma de 400 mil dólares a Telleldín para que incriminara a policías bonaerenses con el atentado a la mutual judía.
Luego de haber recibido esa suma Telleldín acusó a los policías Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro de haber formado parte del atentado del 18 de julio de 1994 en el que murieron 86 personas.
El ex juez Galeano está acusado de “haber planificado y supervisado desde el juzgado a su cargo, en el marco de un acto procesal, las tareas tendientes a hacer efectivo el pago ilegal de manera fragmentada”, así como de ordenar la detención de los policías nombrados por Telleldín puesto que se apoyó “sobre hechos y pruebas que conocía como falsos al momento de desarrollar sus fundamentos”. Los policías –por orden de Galeano– estuvieron detenidos hasta el 2 de septiembre de 2004 cuando se establecieron sus respectivas absoluciones y recuperaron su libertad.
El juez entendió que los entonces fiscales Müllen y Barbaccia, “prestaron un auxilio a la descripta disposición ilegítima de fondos públicos”, y que “conocieron y consintieron la sustracción de caudales públicos, cometida para modificar la versión original de Telleldín”.
En tanto, el juez recordó que el fiscal federal Patricio Evers imputó al ex titular de la Side Anzorreguy “haber dispuesto” de los 400 mil dólares entregados a Telleldín, y para tal fin se valió de los agentes Patricio Finnen y Alberto Brousson, quienes siguiendo sus directivas, montaron y ejecutaron el operativo para hacer efectivo el pago ilegal. Finnen y Brousson fueron los encargados de organizar el traslado y resguardo de los fondos públicos.
A Telleldín lo acusó de “haber contribuido de forma indispensable en la ilegítima disposición de fondos públicos, al haber recibido el dinero actuando con auténtica libertad de acción, sin vicios en su voluntad para las negociaciones previas y la posterior recepción de fondos; y, además, con absoluto conocimiento acerca del origen público del dinero y la ilegalidad de su disposición”.
“Como contrapartida del pago recibido, indicó y preparó testigos falsos para que ratificaran la versión mentirosa que él mismo expusiera en la ampliación de su declaración indagatoria”, indicó el juez en su resolución de 197 carillas.
En cuanto a la entonces pareja del ahora abogado Telleldín, Ana María Boragni, el magistrado dio por hecho que cooperó al recibir el dinero en nombre de su marido, acompañada por el abogado Víctor Stinfale, en la sucursal Ramos Mejía del Banco de Quilmes. La primera mitad de los 400 mil dólares fue depositada en la caja de seguridad N° 173 de dicha entidad bancaria, y una vez concretada la operación Telleldín dio el visto bueno por teléfono para firmar la falsa declaración imputando a los policías, lo que hizo el 5 de julio de 1996 en el despacho de Galeano. Los otros 200 mil dólares fueron pagados el 17 de octubre de 1996 nuevamente a Boragni, quien depositó el dinero en su caja de seguridad del Banco Río, sucursal de Monroe y Cabildo, de la Capital Federal. Por último, el juez acusó al entonces titular de la Amia Beraja de haber “contribuido” con la maniobra, pese a tener un “absoluto conocimiento acerca de la ilegitimidad” de la misma.
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