Los fiscales a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA reiteraron el pedido de que el presidente Mauricio Macri promueva la desclasificación de archivos secretos que pudieran aportar información en el marco de la investigación del atentado ocurrido en julio de 1994.
Los fiscales Roberto Salum, Sabrina Namer y Roberto Filipini enviaron un oficio al presidente “para que se revisen todas las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional”, en busca de información clasificada que pudiera ser útil para la investigación del atentado que dejó 85 muertos, señalaron fuentes judiciales.
A principio de semana, la Unidad Fiscal AMIA había realizado el pedido a través de la Unidad de Investigación del atentado que depende del ministerio de Justicia, pero la respuesta otorgada por el Ejecutivo no alcanzó las expectativas de los fiscales que decidieron insistir en el reclamo.
“La contestación anterior era una suerte de resumen de lo que se hizo en la Agencia Federal de Inteligencia”, explicaron fuentes judiciales que remarcaron que el pedido apunta a revisar todas las dependencias del Poder Ejecutivo.
Los pedidos de desclasificación realizados por la UFI AMIA fueron hechos en el marco del decreto dictado por el gobierno anterior que en 2005 y 2015 realizó entregas de materiales secretos, pero siempre circunscrita al ámbito de la ex Secretaria de Inteligencia de Estado.
Un equipo especial, a cargo del fiscal Juan Patricio Murray, ya se encuentra trabajando con el material desclasificado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el año pasado y las querellas ya pudieron acceder a casi 15 carpetas con material procesado.
Fuentes con acceso a la investigación detallaron que del material analizado surgen datos sobre los constantes desencuentros entre distintos agentes de inteligencia como Antonio Jaime Stiuso y Patricio Pfinen, ex director de contraterrorismo, pero faltan piezas para poder descifrar, por ejemplo, el accionar de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia por esos días.
Los fiscales intentan, entre otras cosas, encontrar elementos que permitan probar que tipo de alertas había recibido el gobierno del entonces presidente Carlos Menem en relación con la posibilidad de que se produjera un nuevo atentado en la Argentina, después del ataque contra la Embajada de Israel en 1992; información que podría surgir de cables secretos enviados desde distintas embajadas.
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