“Hace meses insistimos en que la investigación por el asesinato de Eduardo Trasante se encuentra prácticamente paralizada, que no surjen novedades de relieve y que la fiscalía se ha mostrado más proclive a confrontar con la querella en los medios de comunicación que a trabajar con diligencia en desentrañar la verdad en esta causa de una ostensible gravedad institucional”, sentenció Pedro “Pitu” Salinas, concejal de Ciudad Futura y presidente de la comisión de Seguimiento por el crimen que funciona en el cuerpo legislativo local.
Ese panorama parece consolidarse, sostienen desde Ciudad Futura, con la última novedad que surgió en la causa: los fiscales Gastón Ávila y Matías Edery resolvieron desvincular de la investigación por el homicidio a uno de los involucrados, Maximiliano Anibal Galván, quien fuera formalmente imputado el 22 de julio de 2020.
“Esto no solo contraría el cúmulo de evidencias que ubica a Galván junto a los demás imputados como parte de una empresa criminal conjunta cuyo objetivo fue dar muerte a Trasante, y en la cual cada uno cumplimentó un rol determinado (tal como esgrimió la propia Fiscalía al momento de proponer la calificación en audiencia imputativa), sino que nos lleva a la siguiente pregunta: en una etapa tan prematura de la investigación de un crimen que conmovió a la ciudad por su irreprochable gravedad política, social e institucional, con distintas medidas aún por realizarse, y teniendo en cuenta el despliegue criminal y calibre de los involucrados en la causa: ¿por qué los fiscales se precipitan en resolver la desvinculación de un imputado? ¿Por qué no consumar todas las medidas de prueba antes de establecer una resolución de tamaño temperamento?”, se preguntan desde el partido.
“Nos resulta verdaderamente inexplicable. Pero a su vez no deja de ser parte de una investigación que malgastó meses en el intento de encontrar indicios que culpabilicen a la propia víctima y su entorno, una acusación pública que en forma escandalosa escondió información extremadamente sensible a la propia querellante (para hacerla pública sin tapujos ni consideración de ninguna clase, y que a cuatro meses vista, tal como lo dijimos en su momento, resultó absolutamente insustancial para la investigación, pero lacerante para la mismísima víctima)”, siguió Salinas y agregó de inmediato: “Una decisión incomprensible, que abre espacio a la impunidad en una causa de una tremenda gravedad institucional, que ha generado un profundo estremecimiento público por ser ni más ni menos que el asesinato de un líder social que luchaba por paz y justicia en nuestra ciudad”, puntualizó Salinas.
“La última vez que estuvimos en el Centro de Justicia Penal, allá por diciembre de 2020, despedíamos un año difícil, pero también nos comprometíamos a dar pelea por un 2021 sin impunidad, en el que volveríamos todas las veces que sean necesarias para luchar por justicia por el que peleaba por justicia. Por eso, ante esta infundada decisión de la fiscalía, vamos a realizar un acto en el Centro de Justicia Penal el miércoles 17 de febrero, a las 10, para gritar nuevamente, y más fuerte que nunca, que no vamos a parar hasta saber #QuiénMatóATrasante”, amplió el concejal.
“Tal como lo estipula la legislación procesal y siguiendo el mandato de Carolina Leones, viuda de Eduardo constituida como querellante en la causa, manifestamos como Querella nuestra disconformidad ante la fiscal Regional María Eugenia Iribarren, quien tiene en sus manos la posibilidad de volver a poner las cosas en su lugar y ordenar que se continúe investigando el rol de este imputado en el homicidio. De convalidar lo actuado por Edery y Ávila, elevaremos el reclamo ante el fiscal General Jorge Baclini”, cerró Salinas.
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