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Sin pistas ni presos

Caso Pichón Escobar: todos sobreseídos

Lo dispuso ayer el juez federal Marcelo Bailaque y ordenó inmediata libertad de los detenidos. El joven desapareció el 14 de agosto del año pasado y una semana después apareció su cuerpo en el río.


A cuatro días de que se cumpla un año de la desaparición y posterior muerte de Gerardo “Pichón” Escobar, el juez federal Marcelo Bailaque sobreseyó a los cinco acusados por el crimen y ordenó la inmediata libertad. Para el magistrado no hay pruebas que incriminen a los imputados y refutó en un escrito de 68 páginas cada una de las sospechas que cabía sobre ellos. Si bien la causa puede ser apelada, es un nuevo traspié para una investigación que comenzó mal, cuando Pichón estaba desaparecido y nadie lo buscaba, y se perdieron días valiosos de recolección de pruebas para poder saber qué pasó.

“Por los argumentos expuestos en base a la prueba analizada y habiéndose concluido en el estado de certeza negativa en relación a todos y cada uno de los hechos imputados corresponde ordenar el sobreseimiento de Luis Alberto Noya, de Cristian Jesús Vivas, César Darío Ampuero, José Luis Carlino y Maximiliano Amiselli por no haber cometido los hechos que le fueron imputados respectivamente”, sostiene Bailaque. En ese marco refutó también los argumentos del fiscal Federico Reynares Solari.

Bailaque sostiene “que la Fiscalía da por sentado que Escobar recibió una golpiza, cuando todos los estudios realizados sobre el cuerpo ya sin vida de Escobar descartan tal posibilidad; es decir que Gerardo Escobar no presenta ningún signo de haber recibido una golpiza, tal como fuera alegado”, afirma el juez.

“La otra consiste en que afirma que los informes toxicológicos demuestran que pasó un largo período entre la supuesta golpiza y el momento en el que Escobar fue arrojado al río sin vida, cuando en realidad no está demostrado ni que haya pasado un largo período, ni la extensión que habría tenido, ni que fue arrojado el cuerpo al río ya sin vida”, agrega el magistrado en el fallo.

Otro de los puntos a los que se refirió es el argumento de que en el libro de guardia de la comisaría 3ª no consta el ingreso de persona detenida, lo que para el juez “no es un argumento en sí mismo válido”.

Y agregó que tampoco se ha acreditado cuáles son los contactos de Cristian Vivas, el principal acusado, con personal policial y de fuerzas de seguridad, “más allá de que lo importante es acreditar comunicaciones que puedan demostrar conductas ilegales, pues la eventual agenda con datos de policías, siendo que el imputado es personal de seguridad, es indiferente”, afirma.

El abogado de Ampuero y de Carlino, Ignacio Carbone, sostuvo tras conocerse el fallo: “Desde el minuto cero de las presentes investigaciones planteamos la inocencia de mis representados basado en la evidencia de la causa, lo que se confirma luego después de un año. Con la resolución de la Justicia federal a la altura de la circunstancias pero principalmente acorde a derecho. Durante este año muchos actores hicieron la vista gorda, no valoraron la evidencia que acreditaba la inocencia de mis clientes, se olvidaron del derecho y se dejaron llevar por las presiones”

El crimen de Pichón Escobar puso en la mira el boliche after La Tienda, el último lugar donde fue visto con vida, y a varios patovicas y policías que trabajaban en el local nocturno. Pichón trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad. El jueves 13 de agosto fue al Casino, ganó dinero, se compró ropa y salió con amigos. Estuvo en Bogart, un cantobar de Santa Fe y Presidente Roca, y de ahí partió con un amigo hacia La Tienda, en Tucumán 1119.

Su compañero lo perdió de vista y cuando salió, el patovica Cristian Vivas le dijo que Gerardo ya se había ido. Una semana después, su cuerpo apareció en las aguas del río Paraná. En ese lapso, el mencionado empleado de seguridad fue demorado porque de su casa salió la última señal de GPS del celular de Pichón. Sin embargo, fue a finales de agosto cuando este empleado de seguridad, de 36 años, fue imputado como autor del crimen de Gerardo, cometido la madrugada del viernes 14 de agosto. Sus compañeros de trabajo en el after José Luis Carlino, de 34 años e integrante de la barra de Newell’s, y César Ampuero, de 30, y los empleados policiales Maximiliano Amiseli y Luis Alberto Noya, ambos de 32,  fueron acusados de encubrir el asesinato.

Desde el hallazgo del cuerpo, los abogados Salvador Vera y Guillermo Campana, que representan a la familia Escobar, solicitaron que la causa sea investigada por la Justicia federal debido a que se trataba de un caso de desaparición forzada de persona, que involucraba a fuerzas policiales.

En septiembre, el defensor provincial Gabriel Ganón había pedido cambiar la figura de la investigación y que pase a la Justicia federal, pero esto fue rechazado por el juez Luis María Caterina. En esa ocasión, el pedido fue rechazado por los fiscales que investigaban el homicidio, Marisol Fabbro y Rafael Coria.

Sin embargo, en las audiencias posteriores las pruebas apuntaron fuertemente a la participación de las fuerzas policiales de la seccional 3ª en el encubrimiento del crimen, por lo que la Fiscalía se sumó al pedido de la querella y solicitó que pase al fuero federal. Finalmente, en diciembre el juez Luis Caterina declaró la incompetencia de los Tribunales provinciales. A pesar de la negativa de la defensa, que cuestionó incluso la existencia de una muerte violenta, el magistrado hizo lugar al reclamo al entender que existe la posibilidad de una participación de personal policial en el hecho. Caterina refirió que esa noche, en ese lugar, el Estado era la comisaría 3ª y la Policía de Santa Fe, y destacó la probabilidad de que los involucrados hayan contado con apoyo policial, lo que interpretó suficiente para dictar la incompetencia.

En marzo pasado, en una audiencia celebrada en los Tribunales provinciales, la jueza de Cámara Depetris confirmó lo dispuesto por Caterina. Pero en primera instancia la Justicia federal rechazó la desaparición forzada, y luego, la Cámara terminó aceptando.

En julio, los cinco acusados declararon ante Bailaque, que ayer resolvió el sobreseimiento.

Murió Elsa Godoy

El 7 de octubre de 2014, Franco Casco, un joven que había llegado a Rosario a visitar a su familia, desapareció y a fines de ese mes su cuerpo apareció flotando en el río. Elsa Godoy, su madre, juntó las monedas para llegar a Rosario a buscar a su hijo primero y luego para reclamar justicia. Le costaba hablar sin llorar al principio, incluso, con su voz bajita y su gesto tierno se convirtió en la luchadora social que acompañó a otras víctimas y que ayer murió, sin lograr justicia por Franco. Las similitudes de las muertes de Franco y Pichón no dejan de llamar la atención. Sobre todo la partida de Elsa, el mismo día en el que ya no hay detenidos por el caso Escobar.

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