El camarista Carlos Carbone prorrogó ayer por 6 meses la prisión preventiva de Gabriel Strumia, quien está detenido por el delito de aborto sin consentimiento seguido de muerte. La víctima es Paula Perassi, quien desapareció hace siete años en San Lorenzo, y la hipótesis de la Fiscalía fue que la mujer tenía una relación con Strumia, quedó embarazada y falleció cuando fue obligada a abortar. Su cuerpo nunca apareció. El magistrado ordenó además que se realice el juicio a la brevedad y puso como fecha tope el mes de marzo próximo.
Ayer se llevó adelante la audiencia de apelación en la que la defensa de Strumia reclamó la libertad del acusado que lleva 3 años en prisión preventiva. El juez de Cámara, Carbone no hizo lugar a la medida, prorrogó la prisión por 6 meses y puso como condición que el juicio oral no traspase esa fecha.
El padre de Paula, Alberto Perassi, volvió a pedir celeridad para la realización del juicio. Lo hizo en la puerta de Tribunales provinciales mientras se llevaba adelante la audiencia por Strumia.
Esta apelación surgió a una semana de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario rechazara un recurso de hábeas corpus presentado por el abogado Fernando Sirio en representación de Gabriel Strumia, quien solicitó la excarcelación en función del tiempo transcurrido detenido en prisión preventiva. Strumia es uno de los imputados por la desaparición de Perassi, quien fue vista con vida por última vez en 2011, cuando tenía 34 años y cursaba un embarazo.
En ese fallo, la camarista Georgina Depetris confirmó la resolución de primera instancia en la cual se había rechazado el planteo de Strumia.
El argumento de Sirio para pedir la inmediata libertad de su defendido fue que la jueza María Isabel Más Varela “carecía de facultades para dictar la prórroga de la prisión preventiva dictada” a Strumia ya que, según el defensor, la magistrada “ya no es autoridad competente” para tomar una medida de esa naturaleza.
“El plazo máximo de la prórroga excepcional puede ser una sola vez, y aquí se ha concedido un año más, y se ha solicitado y concedido un año más, o sea llegaría a los cuatro años”, reprochó el defensor.
En ese marco, el fiscal Donato Trotta argumentó que “cuesta entender los argumentos de la defensa y solicitó que se confirme el decreto que rechazó in límine el hábeas corpus”.
Trotta agregó que “la resolución de prórroga de prisión preventiva es lícita dentro del marco de una causa dictada por su juez natural, en el marco de una defensa que entorpeció enormemente el proceso”.
El caso
Strumia está acusado de “aborto sin consentimiento seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada”, imputación que comparte con su esposa Roxana Michl, su empleado Antonio Díaz y la partera Mirta Rusñisky. En la causa hay cinco policías: Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli, y los dos ex jefes de la fuerza Jorge Krenz y Adolfo Daniel Puyol, quienes está imputados de encubrimiento del crimen e incumplimiento de sus deberes. También, de los delitos de sustracción, destrucción de pruebas y falsedad ideológica de instrumento público.
Paula salió de su casa en San Lorenzo el domingo 18 de septiembre de 2011, después de recibir una llamada telefónica y nunca regresó. Paula tenía 34 años, estaba casada y era mamá dos hijos varones de entonces dos y seis años. La investigación dio a conocer que la mujer mantenía una relación sentimental con Strumia, un empresario del transporte de la localidad de Puerto General San Martín, de 41 años, y que estaba cursando las primeras semanas de un embarazo fruto de este vínculo.
La investigación determinó que a Paula se la privó de su libertad, fue obligada a abortar y murió en medio del procedimiento que derivó en una cadena de complicidades y participaciones para hacer desaparecer su cuerpo.
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