Carina Ortiz
Milagros fue víctima de una violación el día de la fiesta de su cumpleaños número 15. Un joven la sacó de su casa en medio del festejo familiar y se la llevó. El caso tuvo gran impacto en la comunidad y, con el correr de los días, el aberrante hecho se presentó en la teoría de la Fiscalía como un ataque sexual en manada, tal como en un principio habían informado familiares de la adolescente.
La integridad física, sexual y psicológica de la víctima está en juego e importa el tratamiento que se le dé en todos los ámbitos a un hecho con estas características, tal como se recomienda a los actores judiciales cuando ya han pasado veinte años del siglo veintiuno. Así, la responsabilidad funcional y social juega fuerte para evitar la revictimización, por lo que resulta imprescindible una mirada con perspectiva de género.
Este miércoles se revisó la prisión preventiva de los seis involucrados en la investigación. En la audiencia se conocieron dos pruebas que marcan el pulso de la causa. Un informe sobre material genético que determinó que había un solo perfil masculino y la declaración de la víctima en Cámara Gesell.
Por acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, cuatro de los cinco imputados por el abuso sexual gravemente ultrajante recuperaron la liberad con restricciones, al igual que la mujer sindicada como encubridora del ataque.
El sábado 12 de diciembre la casa de Milagros en barrio Ludueña era escenario de un encuentro familiar. La chica cumplía 15 años y todo era festejo, pero pasadas las 2 del domingo 13 no la vieron más. Un vecino, identificado como Facundo G., había entrado a la casa en medio de la fiesta y se la había llevado hasta su vivienda. En ese lugar fue violada.
Facundo G. fue detenido el lunes 14 siguiente y un día más tarde, tras un allanamiento, se detuvo Paulo L., de 26 años, quien a través de la red social Facebook le había pedido refugio en San Lorenzo a una prima.
El miércoles 16 el fiscal del caso Ramiro González Raggio aseguró públicamente que “entre cuatro y cinco personas participaron” del ataque sexual.
El 17 de diciembre fue detenido otro de los sospechosos, Leandro A., y al día siguiente se presentó en Fiscalía Sandra Isabel S., madre de Facundo G., quien contaba con pedido de captura. Para la acusación, encubrió el hecho que se cometió en su casa mientras ella estaba en la vivienda.
El 23 de diciembre cayeron los otros dos involucrados en el caso: Franco Ezequiel G. (hermano de Facundo G.) y Juan Roberto S. Todos fueron imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar un grave daño a la salud física de la víctima en calidad de autor y por haber sido cometido por dos o más personas a excepción de la mujer que fue imputada como encubridora de este delito. Todos estaban detenidos con prisión preventiva.
Este miércoles se llevó adelante una nueva audiencia de prisión preventiva que fue presidida por la jueza Marcela Canavesio en la que estuvieron presente el fiscal, los defensores de todos los imputados, la madre de la víctima y el abogado querellante Salvador Vera.
En ella se presentaron dos evidencias nuevas en el caso. Uno, un informe sobre material genético extraído de la escena del hecho; esta medida tuvo por objeto ubicar perfiles genéticos masculinos entre las muestras y se encontró un solo perfil biológico masculino que aún no está identificado.
La otra medida fue a través de un adelanto jurisdiccional de prueba: la declaración de la víctima en Cámara Gesell. Allí hizo un relato contundente en cuanto al hecho y a la persona que identificó como el agresor sexual.
Con estos elementos la defensa y el fiscal llegaron a un acuerdo respecto de las medidas cautelares impuestas para 5 de los 6 imputados en la causa, que seguirán vinculados con la investigación.
La jueza resolvió hacer lugar al acuerdo de partes y dictó una alternativa a la prisión preventiva impuesta a Franco Ezequiel G. , Juan Roberto S., Paulo Isaías L., y Sandra Isabel S., lo que implica que recuperan la libertad con las siguientes restricciones: fijar domicilio, presentarse quincenalmente en el Centro de Justicia Penal y no pueden acercarse a la víctima y a su grupo familiar en un radio de 500 metros ni por ningún medio o interpósita persona.
En el caso de Leandro A., el acuerdo fue el mismo pero como este imputado vive a 300 metros de la casa de la víctima la querella —que se opuso a todos los acuerdos de parte— solicitó en este caso que la restricción se extienda 200 metros más, pero no hubo recepción al pedido y este hombre volverá a habitar el barrio.
Al único que se le mantuvo la cautelar impuesta fue a Facundo G. En este caso no hubo acuerdo con la Fiscalía; igualmente la defensa pidió una morigeración, pero la jueza mantuvo la prisión preventiva por lo que seguirá detenido por el plazo de ley.
En cuanto a la víctima, que sólo sale de su casa para concurrir a los espacios de contención, la querella trabaja con un repartición estatal local que está articulando con la provincia para reubicar a Milagros y su familia.
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