La Justicia condenó hoy a penas que van de los 10 a los 22 años de prisión efectiva a los diez imputados por el secuestro y la desaparición de la joven tucumana Marita Verón, ocurrida en abril de 2002.
“Estoy un poco contenta, porque hemos conseguido Justicia para Marita y todas las chicas. Seguiremos luchando, hasta el día que sepamos qué hicieron con Marita. Esto también traerá un poco de paz para Mica (Micaela, su nieta)”, expresó Susana Trimarco, madre de la joven, tras conocerse la sentencia.
La madre de Marita dijo que entre los condenados “todos saben” qué sucedió con su hija, y se mostró satisfecha de saber que tienen prisión efectiva.
“Si bien a Marita no la encontré, se hizo Justicia por tantas chicas a las que les hicieron daño”, afirmó.
El fiscal Carlos Sale había pedido 25 años de prisión para los máximos responsables de la desaparición de Marita Verón, pero la Justicia le dio entre 22 a 10 años a los imputados, por el secuestro y la promoción a la prostitución de la joven tucumana.
Las penas más duras recayeron sobre José “Chenga” Gómez y Gonzalo Gómez, a quienes la Justicia les dio 22 años de cárcel, mientras que a Daniela Milheim y Andrés Alejandro González los condenó a 18 años de prisión.
Estos condenados fueron imputados como coautores de “retención y ocultamiento agravado, para el ejercicio de la prostitución” en perjuicio de Marita Verón.
En tanto, a Domingo Pascual Andrada y Carlos Luna los condenaron a 17 años; a Azucena Márquez, 15 años; a Humberto Derobertis, 12 años; Cintia Paola Gaitán y Mariana Natalia Bustos, ambos a 10 años, todos como “partícipes necesarios”.
La Justicia también determinó que los condenados deberán esperar la sentencia firme cumpliendo prisión preventiva, excepto Gaitán, quien cumplirá prisión domiciliaria por 15 días.
El próximo 24 de abril, a partir de las 12, se procederá a la lectura de los fundamentos del máximo tribunal que llevó adelante este juicio y que estuvo integrado por Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez.
Marita Verón tenía 23 años el 3 de abril de 2002 cuando fue secuestrada en la esquina de su casa y de acuerdo con la investigación realizada, estuvo mantenida cautiva en la localidad de Yerba Buena, hasta ser llevada a La Rioja para ser prostituida.
El primer juicio oral por el caso se realizó entre febrero y diciembre de 2002 y tuvo en el banquillo a 13 acusados, entre los que se incluía a los antes nombrados, a Irma Medina, la supuesta dueña de prostíbulos riojanos fallecida en febrero de 2013, y los hermanos María Jesús y Víctor Rivero.
La Sala II compuesta por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano determinó que no había pruebas de que los hermanos Rivero habían cometido el secuestro y resolvió liberar a todos los acusados.
El caso llegó a la Corte Suprema provincial, que coincidió en la determinación sobre los Rivero, pero no en el resto de los acusados, que ahora fueron condenados en un nuevo juicio.
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