El juramento se produjo ante el presidente del Colegio de Abogados de Catamarca, José Vila Melo, y Tula recibió la matrícula 1.941, con la que ejercerá de ahora en más.
El ahora letrado cursó la mayor parte de su carrera mientras cumplía la condena a nueve años de prisión que el 27 de febrero de 1998 le impuso la Cámara Penal de Segunda Nominación de Catamarca como partícipe secundario del delito de violación de la joven, asesinada en 1990.
Tras la ceremonia, Tula recordó que la mayor parte de sus estudios los hizo en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Catamarca y los terminó en la Universidad de La Rioja.
Recordó que su primera materia aprobada fue Introducción al Derecho, en un examen que rindió en la cárcel cuando ésta se encontraba emplazada en la esquina de Güemes y Virgen del Valle, en la zona suroeste de la ciudad.
La estudiante María Soledad Morales (17), alumna del Colegio del Carmen y San José, fue asesinada el 8 de septiembre de 1990 y su cuerpo sin vida apareció dos días después en el ingreso al Club Parque Daza, en Villa Parque Chacabuco de la capital provincial.
Tula fue vinculado con el caso del asesinato de la estudiante María Soledad Morales en 1990 dado que había mantenido una relación amorosa con la adolescente y ahora adelantó que ejercerá su profesión de abogado en el fuero penal, del que tiene amplios conocimientos por el proceso en su contra.
El crimen tuvo derivaciones impensadas, la más importante la caída del gobierno justicialista de Ramón Eduardo Saadi, que fue intervenido por el entonces presidente Carlos Menem.
Además, la familia de la joven, la monja Martha Pelloni y la comunidad catamarqueña impusieron las llamadas «marchas del silencio», que luego se extendieron por todo el país cada vez que se reclamaba por el esclarecimiento de un crimen.
¿Y el resto?
En el mismo juicio que condenó a Tula, Guillermo Daniel Luque fue responsabilizado como coautor del delito de «violación seguida de muerte» de Morales y todavía continúa detenido realizando salidas laborales hasta cumplir los 21 años del dictamen judicial.
A su vez, la sentencia ordenó investigar la posible participación en el crimen de Eduardo Méndez y Hugo «El Hueso» Ibáñez, pero ambos fueron sobreseídos.