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Caso Jonatan Herrera: piden 15 años para un policía

En la audiencia preliminar contra uno de los cinco agentes acusados la querella, que representa a la madre de la víctima, solicitó dura pena. Alejandro Gálvez había firmado abreviado a tres años, que fue revocado.


En la audiencia preparatoria para el juicio oral por el crimen de Jonatan Herrera la Fiscalía solicitó para uno de los cinco policías que intervinieron tres años de prisión mientras que la querella pidió una pena de 15 años. El planteo del fiscal de Homicidios Miguel Moreno condice con el juicio abreviado del agente de la PAT, de 22 años, que se realizó en los primeros meses de este año, al que la querella se opuso. El acuerdo fue revocado en septiembre pasado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal.

La audiencia preliminar se realizó ayer por la mañana y estuvo presidida por el juez Juan Andrés Donnola. En esta instancia previa al juicio oral, para el acusado Alejandro Jonathan Gálvez, de 22 años, la Fiscalía solicitó 3 años de prisión por el delito de abuso de armas agravado por su función de empleado policial.

Por su parte, por la querella que representa a María Elena, mamá de Jonatan, los abogados patrocinantes Salvador Vera y Analía Abreu pidieron la pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa agravado por abusar de su función de cargo. En la jornada de ayer la defensa de Gálvez, representada a través de la letrada Sara Marcos, solicitó el sobreseimiento del su cliente.

El caso

Gálvez tiene 22 años y fue uno de los agentes de la debutante Policía de Acción Táctica (PAT) que la tarde del 4 de enero de 2015 disparó contra Jonatan Herrera. Al momento del crimen, contaba con tan sólo 15 días de experiencia en la fuerza. Según la investigación, ese día personal del Comando Radioeléctrico inició una persecución en San Martín y bulevar Seguí tras un ladrón que escapó en moto. A la altura de calle Alem, el presunto asaltante cayó, pero se levantó y siguió corriendo. Cuando llegó a Ayacucho, un grupo de uniformados de la PAT que iba sobre el colectivo 133 vio la escena, paró el micro y bajó. Dos de ellos, Ramiro R., de 23 años, y Alejandro Gálvez, de entonces 20, lo hicieron por la puerta delantera del vehículo mientras que sus pares Luis Alberto S., de 22, y Francisco Javier R., de 19, bajaron por detrás.

Jonatan estaba en la vereda lavando el auto, frente a su casa de Ayacucho y pasaje Villar, cuando los uniformados dispararon en su dirección. Recibió tres disparos, dos de ellos letales: uno en el cráneo, que no quedó en su cuerpo, y otro en el muslo, que le produjo una hemorragia masiva por afectarle la arteria femoral.

El 4 de mayo se celebró un juicio abreviado para el policía Gálvez, donde recibió una pena de tres años por abuso de armas tras un acuerdo celebrado entre la fiscalía y la defensa ante el juez Gonzalo López Quintana. La querella que representa a la mamá de Jonatan apeló la medida y en septiembre pasado la Cámara Penal, conformada por los magistrados Daniel Acosta, Carina Lurati y Carlos Carbone, declaró inadmisible el acuerdo, por el delito abuso de armas agravado por su función de empleado policial. De esta manera, la sentencia fue revocada.

Situación de los policías

La pesquisa determinó que Jonatan recibió el impacto de tres proyectiles distribuidos en cráneo, cadera y muslo, este último le perforó la arteria femoral. Para el fiscal Adrián Spelta, ese disparo fue realizado por el uniformado Ramiro R. Spelta pidió para este policía prisión perpetua como autor material del crimen, calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad.

Tras la reconstrucción del hecho, se determinó que la bala que rozó a Herrera en la cabeza provino de una dirección distinta adonde estaba Ramiro R. Sus compañeros Francisco R. y Luis S., acusados de intervenir a tiros en el lugar, irán con él a un juicio oral y público. Resta resolverse la situación de un quinto uniformado, perteneciente al Comando Radioeléctrico. Se trata de la agente Gladys G., quien fue imputada en junio pasado por homicidio calificado por abuso de su función o cargo.

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