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Violencia institucional

Caso Jonatan Herrera: error administrativo derivó en la suspensión de audiencia ante Cámara Penal

Por el crimen hay un policía condenado, pero por homicidio culposo. La Corte provincial anuló el fallo, entendió que la actuación del uniformado es incompatible con esa calificación, pero el caso sigue sin resolución porque en el tribunal de cámara uno de los jueces ya había intervenido en el caso


Para este miércoles estaba fijada la fecha de audiencia de revisión de la sentencia dictada contra el policía Ramiro Rosales, único condenado por el crimen de Jonatan Herrera en 2015. El año pasado la Corte Suprema de Justicia provincial había ordenó el dictado de un nuevo fallo respecto del único condenado en relación al encuadre legal del hecho. Sostuvieron que la actuación del uniformado es incompatible con un homicidio culposo. Pero un error de la Oficina de Gestión Judicial generó la suspensión de la audiencia y habrá que seguir esperando. Ahora se deberá sortear un nuevo camarista ya que uno de ellos, debió apartarse porque ya había tenido intervención en el caso.

 

Jonatan Herrera tenía 23 años. El domingo 4 de enero de 2015 lavaba su auto en la puerta de su casa en pasaje Villar y Ayacucho cuando personal policial pasó corriendo a un joven que había robado un local comercial en las cercanías. En ese momento personal de PAT que viajaban en un colectivo, vieron la secuencia, y algunos de ellos decidieron intervenir y confundieron a Jonatan con el ladrón. Sin dar la voz de alto abrieron fuego.

Se pudo determinar que uno de los proyectiles que lo lesionó mortalmente salió del arma de Rosales quién fue el único condenado en el juicio, aunque por un homicidio culposo.

La familia de la víctima inició una lucha que fue acompañada por allegados y organizaciones en reclamo de justicia. El caso llegó a la Corte provincial y el año pasado anularon el fallo al entender que  “quién actúa de tal modo y en tales circunstancias se representa necesariamente la posibilidad de lesionar a alguna persona, que si a pesar de ello, decide continuar con su accionar, está aceptando la posibilidad, más aún si se trata de alguien con formación en el manejo de armas de fuego por su calidad de policía”.

A lo que sumó que la actuación del uniformado es incompatible con un hecho culposo. El caso se remitió a un nuevo tribunal. Rosales volvió tras las rejas y este miércoles debía llevarse adelante una audiencia en segunda instancia que finalmente se suspendió.

El sorteo de los jueces de cámara fijó un tribunal para entender en el caso y la Oficina de Gestión Judicial por error no tuvo en cuenta que el camarista Guillermo Llaudet Maza ya había intervenido en la causa cuando se revisó la medida cautelar en enero de 2015 y por cuestiones de imparcialidad el juez decidió apartarse de la causa, contó una fuente del caso.

“La dilación de los procesos de justicia, por cuestiones pura y exclusivamente burocráticas, evidencian la falta de una adecuada gestión por parte de la OGJ y producen un enorme desgaste físico y emocional en los familiares y amigues que con mucho esfuerzo se movilizan a las audiencias en el proceso de búsqueda de justicia junto a las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos que lxs acompañan”, indicó un comunicado sobre el caso de la Multisectorial Contra La Violencia Institucional, quienes acompañaron con una manifestación este jueves a la familia de Jonatan frente al edificio de los Tribunales provinciales, de Balcarce y avenida Pellegrini.

Y agregaron que esperan una pronta asignación de jueces a la causa y remarcaron que “hace más de 7 años que esperan que el Estado repare algo del daño inconmensurable que el asesinato de Jonatan  generó en su familia, amigos y la comunidad”.

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