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Caso Ferreyra: niegan otra vez al Partido Obrero como querellante

La jueza López rechazó nuevamente el pedido para ser aceptado en la investigación como parte de la querella. Para la magistrada no hubo afectación directa del hecho al partido.

La jueza de instrucción Susana Wilma López rechazó nuevamente el pedido del Partido Obrero (PO) para ser aceptado como querellante en la investigación por el asesinato del militante Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre pasado y por el cual hay siete personas detenidas.

Fuentes judiciales informaron que el planteo fue desestimado por la jueza, quien también rechazó el pedido para ser querellante de Elsa Aguirre, otra de las manifestantes que fue baleada aquel día en Barracas y quien aún se encuentra internada.

Según las fuentes, la jueza rechazó el pedido del PO al entender que no hubo una afectación directa del hecho al partido y no aceptó como querellante a una de las hijas de Elsa Rodríguez, al entender que su madre no le concedió el poder para accionar en su nombre.

Mientras tanto, la causa sigue avanzando y el próximo 21 de diciembre, la Sala I de la Cámara escuchará a los defensores ampliar sus recursos contra el fallo de primera instancia que les endilgó a los siete detenidos el delito de “homicidio”.

Hasta el momento, están procesados con prisión preventiva los barrabravas Cristian Favale y Gabriel Sánchez; el delegado de la Unión Ferroviaria Pablo Díaz; y los ferroviarios Juan Carlos Pérez, Salvador Pipito, Francisco Uño y Jorge González.

Todos al apelar los procesamientos apuntaron sus argumentos contra la existencia de un “plan común” que dice la jueza que existió para evitar una manifestación del PO, que derivó en el asesinato de Ferreyra con un balazo en su abdomen.

Para la jueza, la convocatoria aquel 20 de octubre fue realizada por la Unión Ferroviaria, y concretamente por el delegado Díaz. Por tal motivo rechaza el argumento de los detenidos de que fue espontánea.

En su resolución, la magistrada dio por acreditado que quienes dispararon fueron Sánchez y Favale, aunque Uño también llevaba un arma, en tanto que Pérez fue el encargado de ocultar las armas una vez producida la balacera.

Pipito y González -a entender de la jueza- fueron los encargados de amenazar a un equipo periodístico de C5N que realizaba la cobertura de los hechos.

Para que no tomasen imágenes, aunque para la jueza fue parte del rol que les fue asignado y en el contexto del “acuerdo criminal” entre los acusados.

La jueza también tiene pendiente de resolver si es que cita como imputados al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y Juan Carlos “Gallego” Fernández, luego que la fiscal de la causa Cristina Caamaño así lo pidiera.

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