El gobierno nacional justificó la decisión de aplicar la ley Antiterrorista para la imprenta norteamericana Donnelley por “maniobras y sospecha de fraude”, luego de que la empresa pidiera la quiebra por cesación de pagos y dejara en la calle a 400 empleados. “Ningún empresario debería preocuparse si hace las cosas bien”, tranquilizó ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Mientras el tema comenzó a ser analizado por las principales cámaras empresariales del país, que vienen cuestionando además los cambios propuestos a la ley de Abastecimiento (ver página 10), Capitanich les advirtió a los empresarios que “ninguno debe preocuparse si hace las cosas bien”.
El funcionario nacional explicó los motivos del cierre de la firma de capitales norteamericanos. “Se trata de una maniobra sospechosa en materia de fraude”, sostuvo Capitanich. Además de brindar detalles de cómo se dio el proceso, consideró que se trató de una “conducta alevosa, sospechada de fraudulenta y que está penalizada por el Código Penal”.
El jefe de Gabinete rechazó las críticas y aseguró que el gobierno no busca perjudicar a los empresarios. A la vez, señaló que el Poder Ejecutivo “propicia la denuncia penal” a través del organismo competente, la Afip, pero aclaró que “la aplicación de la ley le corresponde al Poder Judicial”.
Capitanich también indicó que en la Argentina “existe verdadera independencia del Poder Judicial, no como en otros países que son adalides de la plena vigencia de los valores, principios democráticos y republicanos, pero en definitiva los jueces hacen lo que les place y no tienen conducta independiente de los grandes o minúsculos grupos financieros”, en referencia al fallo del juez Griesa sobre los fondos buitre.
Sobre el cierre de la imprenta Donnelley, Capitanich sostuvo: “Se trata de una maniobra, por lo menos, sospechosa en materia de fraude. Las leyes pretenden penalizar conductas perversas que afectan la vida en comunidad”.
“Si entra una declaración de quiebra el viernes al juzgado y sale el lunes, si los directivos cambiaron al directorio y se fueron antes, si el balance de las empresas determinaba una posición patrimonial positiva, si existen 400 trabajadores y todo un equipamiento e infraestructura edilicia, lo que se está promoviendo es una conducta por lo menos alevosa, sospechada de fraudulenta”, completó el funcionario nacional.
Buscan congelar activos de la empresa en el país y el exterior
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, afirmó que si la Justicia acepta la figura de terrorismo en la denuncia contra la gráfica Donnelley, pedirá el congelamiento de los activos de sus accionistas en la Argentina y en el resto de los países miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Si el juez acepta la figura de terrorismo, a nosotros nos habilita como UIF a pedir el congelamiento de los fondos que sus accionistas tienen en el país y extenderemos el pedido de embargo de activos al resto de los países del Gafi”, indicó Sbattella.
El funcionario explicó que “cuando en una causa aparece la figura de terrorismo, la UIF tiene que actuar” porque es el organismo encargado de “accionar contra el financiamiento” de esos delitos. Sbattella remarcó que “la ley permite que se congelen los fondos de los terroristas” y añadió que “esto también posibilita que los implicados pasen a formar parte de un listado internacional”.
Según el titular de la UIF, “un grupo de empresas que integran los fondos buitre en el país intenta aterrorizar a la población tratando de poner en jaque al gobierno nacional. Ellos utilizan el camino del enriquecimiento basado en la extorsión”, puntualizó el funcionario, quien afirmó además que la gráfica denunciada “hizo una quiebra fraudulenta con el agravante de aterrorizar a la población”.
Al juzgado de Rafecas
La denuncia presentada por la Afip contra la empresa Donnelley quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá dar vista a la Fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba.
Por sorteo, la causa quedó asignada a Rafecas, quien está de licencia hasta la próxima semana y es subrogado por la jueza federal María Servini de Cubría.
La AFIP denunció a la empresa por “infracción artículo 309 inciso 1 según ley 26.733” (Antiterrorismo), que dispone penas de prisión de uno a cuatro años a quien “realizare transacciones u operaciones” que incidan en precio de los valores negociables “valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez”.
El juzgado deberá ahora dar vista a la Fiscalía, a cargo de Patricio Evers.
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