El fiscal de Homicidios Miguel Moreno fue apartado de la causa que debía investigar el crimen de Carlos Vicente Godoy, un joven de 25 años asesinado por agentes policiales a mediados de 2015 de dos disparos por la espalda. La decisión, a 23 meses del crimen, la tomó su superior, el fiscal regional Jorge Baclini, quien la semana pasada ordenó que la causa fuese reasignada a la Unidad Especial de Corrupción y Violencia Institucional a cargo de Karina Bartocci. Para los abogados querellantes, que en varias oportunidades denunciaron a Moreno por “maltratar a familiares, investigar a las víctimas y desoír cualquier versión que contradiga la policial”, la resolución de Baclini es “positiva” y reanuda la posibilidad de que la muerte de Godoy no quede impune. Al respecto recordaron que, el mes pasado, el mismo fiscal ordenó el archivo de otros dos casos denunciados como gatillo fácil (Zamudio y Ponce). Para los padres de Carlos, la medida les reavivó las esperanzas de conseguir justicia por su hijo.
Godoy fue asesinado por balas policiales el 24 de mayo de 2015, a metros de su casa, donde vivía junto con su esposa y su hijo de tres. Tenía 25 años y trabajaba en una distribuidora a la mañana y en un taller mecánico a la tarde. Su muerte resultó inexplicable tanto para su familia como para sus vecinos de Empalme Graneros, que lo conocían desde que nació. Y más inexplicable aún fue el relato que los uniformados le dieron al fiscal, quien no se presentó en la escena del crimen, al describir que el muchacho cayó abatido a tiros en un enfrentamiento armado devenido de un fallido intento de robo.
El cuerpo de Godoy quedó tendido a metros de la casa de sus padres, donde la calle Garzón es interrumpida por un terraplén a la altura de una escalera angosta y empinada que sube hacia el puente Sorrento. Según la versión de los agentes que dispararon, José Arturo V., del Comando Radioeléctrico, y Daniel Alberto S., de la Policía de Seguridad Vial, ambos circulaban en moto por Sorrento cuando intentaron robarles, lo que provocó un enfrentamiento armado.
La familia de Godoy, al asegurar que el joven trabajaba, no tenía antecedentes, y era incapaz de portar un arma de fuego ya que le temía hasta los petardos, buscaron testimonios en el barrio. Algunos dijeron haber escuchado al joven recibir un disparo, rodar por las escaleras unos 15 metros y luego suplicar por su vida cuando uno de los policías lo remató de un tiro: “No me mate, tengo un hijo”. Para los abogados querellantes, fue una ejecución (cometida porque lo confundieron con un ladrón) y el arma que la Policía dijo haber secuestrado fue “plantada”, al lado de “su mano inhábil”.
Desde el inicio de la investigación, los familiares de Godoy debieron sortear varios problemas; de hecho la querella la conforma su hijo menor de edad, ya que el pedido por la figura de sus progenitores aún se encuentra pendiente con un recurso ante la Corte. La primera de ellas fue 15 días después del crimen cuando su papá Vicente, un pastor conocido en Empalme Graneros, fue recibido por el fiscal Moreno, quien le recomendó que no mantuviera diálogo con la prensa y le mostró un informe médico que correspondía a otra víctima, por lo cual se retractó telefónicamente un día después. Consultado sobre el giro en la causa Vicente dijo ayer “que es diez veces mejor y más también” y se refirió al fiscal como “una persona que hace piedra de tropiezos para el caso”.
Aunque no hubo informes oficiales de la Fiscalía sobre la causa, los abogados querellantes dijeron a El Ciudadano que una de las medidas que tomó Moreno para esclarecer la muerte de Godoy fue intervenirle el teléfono a su viuda.
En ese sentido, Nicolás Vallet, uno de los querellantes junto con Guillermo Campana y Salvador Vera, celebró ayer la medida y dijo que el corrimiento de Moreno era uno de los objetivos principales para conseguir que se esclarezca la “ejecución de Carlos Godoy”.
Por su parte, desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional emitieron un comunicado en el que recuerdan que “el pasado 22 de marzo familiares de Carlos Godoy, junto con los de Maximiliano Zamudio y Alejandro Ponce, se reunieron con Jorge Baclini, manifestando su preocupación por el inadecuado desempeño en las investigaciones y el maltrato hacia los familiares por parte de Moreno y solicitaron la designación de un nuevo fiscal con interés en investigar las causas y la intervención de la Oficina Fiscal en materia de Violencia Institucional cuando las fuerzas de seguridad estatales se encuentran implicadas”.
En ese sentido, luego de que Moreno declarara el archivo de las causas Zamudio y Ponce, también en manos de agentes del las fuerzas públicas, reiteraron “la necesidad de que exista una inmediata respuesta por parte de la Fiscalía Regional a los planteos realizados contra las decisiones tomadas por el propio fiscal Moreno de archivar” ambas causas.
SANCIÓN DISCIPLINARIA
El legajo que llevó adelante el fiscal de Homicidios Miguel Moreno para esclarecer el crimen de Carlos Vicente Godoy presentaba anotaciones de contenido despectivas y discriminatorias respecto a testigos que declararon en la causa. En su defensa, Moreno dijo que dichas anotaciones no le pertenecían a él, ni “material ni intelectualmente” y se las atribuyó a un “empleado de la Fiscalía”, cuya conducta será ahora materia de una nueva investigación para que se evalúe la posible aplicación de una sanción disciplinaria. Así lo dispuso el fiscal regional Jorge Baclini en la misma resolución que ordenó que Moreno fuese apartado de la causa.
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