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Villa Gobernador Gálvez

Caso Candela: buscan frenar asedio policial

La Justicia hizo lugar a dos habeas corpus en favor de dos muchachos que estuvieron detenidos por el crimen de una nena, pero después desvinculados por la Justicia por falta de pruebas. Denunciaron que son blanco constante de uniformados.


Dos hombres señalados por participar en una balacera que terminó con la muerte de una nena de dos años en Villa Gobernador Gálvez presentaron habeas corpus. Ambos fueron desvinculados del hecho por falta de pruebas pero denunciaron que desde que recuperaron la libertad son hostigados por el personal policial sin motivación alguna. El juez Juan Andrés Donnola, entendió que hay elementos para determinar que esta persecución policial existió y dispuso el cese de la misma por parte de las comisarías 25° 26° y 29° y personal de la Policía de Acción Táctica (PAT). Asimismo ordenó la remisión de copias a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional para que se investiguen probables hechos ilícitos por parte de la fuerza de seguridad.

El 11 de enero dos grupos antagónicos se enfrentaron a los tiros en la zona de Thompson y La Rivera de Villa Gobernador Gálvez. Los encontronazos fueron intermitentes durante el día. En medio estaba la casa de Gabriel, que cada tanto salía a gritarles que dejaran de disparar, que había chicos. Uno de esos proyectiles atravesó la humilde pieza de chapa que habitaba con su familia, rozó su cuello e impactó en la cabeza de su hija Candela Maciel, de 2 años. Gabriel se levantó como pudo y trasladó a su hijita en una moto, porque no llegaba la ambulancia hasta el lugar, según refirió.

“Me estaba desangrando y mi mujer decía: «Me mataron a mi marido y a mi nena». Más fuerza me dio para levantarme, porque vi a mi nena tirada y no me importó morirme. No sé cómo hice, me levanté porque me estaba muriendo. Me levanté, agarré mi nena y la llevé al hospital. No la pudimos salvar. Los médicos hicieron todo lo posible y les agradezco”, contó a El Ciudadano en febrero pasado.

La causa

Hubo 5 personas detenidas por el crimen, dos de un grupo y tres de otro. En un primer momento fueron arrestados Emanuel Alejandro T., de 29 años, Juan Emilio A., de 21, y Esteban Raúl R., de 26, e imputados por los delitos de tentativa de homicidio y homicidio agravado por el uso de arma de fuego. También por abuso de arma donde otras dos mujeres fueron lesionadas en forma leve.

Posteriormente fueron detenidos dos muchachos señalados como integrantes del bando contrario: Ángel B., alias Faturita y Rubén V. apodado Topo. Ambos recuperaron la libertad en abril pasado y desde entonces Faturita viene sufriendo hostigamientos por parte del personal policial. Ante ello, presentó una acción de habeas corpus por un amedrentamientos constantes de los uniformados que incluyó un allanamiento ilegal en su casa. Como no fue hallado, la PAT comenzó a buscarlo y a mostrar a los vecinos una foto del muchacho, sostuvo la presentación a cargo de Analía Abreu. La defensora sostuvo que la libertad de Ángel B. se encuentra permanentemente amenazada sin que exista una orden de detención y que esa amenaza se ejerce especialmente por la PAT. Por  su parte, la fiscal Silvia Castelli adhirió al pedido de Abreu.

Por su parte en otra audiencia, Juan A., quien quedó fuera de la causa y recuperó la libertad, viene siendo hostigado por las comisarías 26°, 27° y 29° y la Policía de Acción Táctica. En este caso Abreu solicitó además que se remitan copias a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional para que se investigue el accionar policial. Si bien Juan A. tiene otras causas en trámite, en todas se encuentra a disposición de la Justicia y no hay órdenes de captura en su contra, sostuvo la fiscal Castelli, que confirmó que el muchacho no es requerido por su par Marisol Fabbro, a cargo de la investigación del crimen de Candela.

Por su parte, el juez Donnola, intervino en ambas audiencias y resolvió de manera similar. En las dos presentaciones hizo lugar a la acción y ordenó el cese inmediato del hostigamiento. En el caso de Faturita, especialmente de la PAT. En cuanto al allanamiento ilegal que sufrió en su vivienda, hizo lugar a un pedido fiscal para iniciar una investigación por ese hecho. En cuando a Juan A. además informó la decisión a las comisarías 25°, 26° y 29°, y también en este caso ordenó poner en conocimiento de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional estos hechos.

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