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Muerte en la Fluvial

Caso Bocacha: el Concejo municipal renovó pedido de informe sobre patovicas

Había sido presentado en marzo por la presidenta del bloque de Frente de Todos, Norma López. El objetivo es conocer el estado actual de la Ordenanza 9.436, vinculada a los requisitos para desempeñarse como agente de control de admisión y permanencia de público


Foto Franco Trovato Fuoco

El Concejo Municipal de Rosario aprobó un pedido de informe de la presidenta del bloque de Frente de Todos, Norma López, para conocer el estado actual de la Ordenanza Nro. 9.436, vinculada a los requisitos para desempeñarse como agente de control de admisión y permanencia de público en general en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos, más conocidos como patovicas.

“Este pedido de informe es antiguo. Lo presenté el 4 de marzo, luego de la aparición sin vida del cuerpo de Carlos Orellano, el joven de 23 años que sufrió una muerte violenta el 24 de febrero después de su desaparición del boliche “Ming”, en la Estación Fluvial. Acompañamos a su padre Edgardo Orellano, a su familia, y a toda la comunidad rosarina que denunció graves irregularidades en el boliche apuntando directamente al personal de seguridad del local bailable. Ahora en pandemia, que no hay boliches ni eventos públicos, es una pena que concejales no hayan acompañado con anterioridad este proyecto. Se aprobó varios meses después de que lo presentamos”, afirmó la edila Justicialista.

En 2015 el actual ministro de trabajo de Santa Fe, Roberto Sukerman, y la concejala peronista Norma López, presentaron una serie de modificaciones a la Ordenanza Nro. 8522, que establece la regulación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general, con el objetivo y la necesidad de ampliar dicha normativa. Estas modificaciones establecieron una serie de requisitos para desempeñarse como agente de control de admisión y permanencia (Acap): poseer dos años de residencia efectiva en el país; ser mayor de 18 años; haber cumplido con la educación mínima obligatoria; presentar certificado de antecedentes penales y reincidencia carcelaria; obtener el certificado de aptitud psicológica y una capacitación teórico-práctica que incluye la formación en Derechos Humanos y un registro público de titulares de empresas y trabajadores.

“A raíz del asesinato de Bocacha notamos que no es posible el acceso al Padrón Único de Empleadores y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia. Lo que queremos saber exactamente es la cantidad de agentes de control que cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa, cuántos realizaron la capacitación teórico-práctica según establece la Ley Nacional N° 26.370 y cuántos están inscriptos en el Padrón Único de Empleadores y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia”, explicó López, y agregó que “es imprescindible el acceso al conocimiento y la información de aquellas personas que velan por la seguridad de nuestros hijos e hijas en el interior de los distintos locales de espectáculos públicos para facilitar la identificación en caso de sufrir maltratos o lesiones”.

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