La Cámara Federal de Casación otorgó la prisión domiciliaria a una persona trans HIV positiva y advirtió que “el encierro institucionalizado implica un grave riesgo” para su salud, ante la pandemia de coronavirus.
El máximo tribunal penal federal del país tomó esta decisión en el caso de Nicole Puyo Pinchi, de 40 años, y condenada por comercio de estupefacientes, quien ya lleva cumplida casi la mitad de su pena, según el fallo al que accedió Telam.
En la decisión se resolvió darle el arresto domiciliario con tobillera electrónica, a cumplirse en el domicilio de una amiga en el partido bonaerense de Ramos Mejía.
“La detención domiciliaria constituye la solución aceptable para el caso, donde el encierro institucionalizado implica un grave riesgo en la salud”, sostuvo el fallo firmado por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci,
Los camaristas advirtieron que el argumento relativo a que aún no se ha constatado la presencia de la enfermedad en la cárcel donde cumple condena y por ello se estaría ante un riesgo “potencial”, resulta “definitivamente errado, en tanto la respuesta a ese respecto devendría tardía, a partir de la modalidad de transmisión masiva que caracteriza al virus”.
Este argumento de ausencia de contagios en penales es esgrimido en muchos fallos en los cuales se rechaza conceder beneficios, como ocurrió en este caso con el Tribunal Oral Federal 3, que denegó la domiciliaria a Puyo Pinchi, en una decisión ahora revertida por Casación.
“La debilidad del sistema inmunológico que presenta la encarcelada pondría gravemente en riesgo su propia existencia, configurándose en el caso una situación irreversible”, concluyó el máximo tribunal penal federal.
“En definitiva, se transita el trágico escenario de la emergencia dentro de la emergencia, con derivaciones que deben adoptarse de inmediato por imperio de la responsabilidad judicial” que emana del artículo 18 de la Constitución Nacional, argumentó también la resolución.
Puyo Pinchi fue condenada a cuatro años de prisión por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y su pena se dará por cumplida el 7 de marzo de 2022.
Casación cuestionó además que se pretenda trazar una “simetría entre las medidas de higiene y aislación que pueden llevarse a cabo en el orden penitenciario con las del ámbito domiciliario, aserto ajeno a la realidad como falaz, habida cuenta que bajo ningún aspecto son equiparables, no sólo desde el punto de vista de las condiciones de salubridad e higiene, sino también en virtud del máximo contacto que tiene lugar en situaciones regulares”.
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