Luciana Mangó
El actual concejal y ex secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, aseguró que estamos en el brote más intenso desde la aparición del dengue en el país y cuestionó la falta de políticas estatales en relación con la producción pública de repelentes y de una campaña pública de vacunación. Aseguró que el acceso a la vacuna, aprobada por la Anmat y valorada por otros organismos e instituciones médicas, resulta discrecional según la capacidad de pago individual. “Cuando uno piensa la matriz de salud como un bien de mercado, la vacuna entra en ese juego de oferta y demanda”, expresó y señaló que éste es el mejor momento para aplicarla ya que “no sabemos si no vamos a seguir teniendo casos durante todo el invierno”.
En diálogo con El Ciudadano, habló sobre las dificultades que atraviesa la Salud pública tras los recortes presupuestarios, la importancia de las políticas públicas en jóvenes para abordar situaciones de consumos y violencias, y la necesidad de coordinar acciones entre todas las áreas estatales para aumentar la presencia en el territorio.
—¿Cómo evalúa el aumento en los casos de dengue en la ciudad?
—Estamos atravesando el brote más intenso desde la aparición de dengue en Argentina y esto se replica en gran cantidad de provincias y ciudades, y también en países limítrofes, no sólo por el número de contagios, sino por el de hospitalizaciones y fallecidos. Es un brote con una intensidad que nada tiene que ver a los brotes anteriores por lo que todo lo que se pueda profundizar en términos preventivos y de producción pública de repelentes es necesario. Hay dos condiciones estructurales que hacen a la aparición de esta enfermedad que son negadas desde el gobierno nacional: el cambio climático y el rol del Estado. El desfinanciamiento de la obra pública, los acueductos, la planta de tratamiento de residuos sólidos, la planificación urbana son elementos claves que hacen a la emergencia de estas enfermedades y hay una clara posición del gobierno nacional de negar esos aspectos.
—¿Qué pasó con el proyecto presentado para que el Ejecutivo incorpore la vacuna al calendario?
—Después de la aprobación de la ordenanza por unanimidad solicitamos, con la diputada Claudia Balagué, una reunión con la ministra de Salud provincial pero aún no hemos tenido respuesta. La posición nacional con respecto a la vacuna es clara con una determinación negacionista en relación a abordar un fenómeno colectivo como es la vacunación. Cuando uno piensa la matriz de salud como un bien de mercado, la vacuna entra en ese juego de oferta y demanda. Es inadmisible con la historia de esta provincia en relación a lo público que, a veces, desde el sanitarismo más oficial se plantee una estrategia de doble vara. En el sector privado podemos acceder si tenemos capacidad de pago, pero si no la tenemos se habla de anticuerpos, de esperar la experiencia de vacunación en Brasil. Estas cuestiones esconden que el problema es económico y no de eficacia de la vacuna, que ya fue aprobada por el Anmat, valorada positivamente por el Conicet, por la Comisión Nacional de la Inmunización, por la Universidad, por la Sociedad Argentina de Medicina. Es una contradicción y se subordina la posición sanitaria a una dificultad de recursos económicos para acceder.
Si no hay recursos que lo digan. Deberían ser más responsables los sanitaristas que se desempeñan hoy en funciones públicas. Ya hay otras provincias que están comprando la vacuna y que inoculan según zonas o grupos de riesgo. No hay nada que esperar. Brasil no es un laboratorio, es un país con una historia de un sistema de vacunación pública basada en derechos que garantiza la vacunación. Hay elementos técnicos ya probados, no es necesario avanzar en una experiencia de un país vecino para empezar a vacunar.
La vacunación no es un proceso automático. Es un proceso largo que necesita logística, acuerdos, discusión, por eso hay que empezar ahora y éste es el momento en relación a que el año pasado fue el primer año en que en algunas provincias tuvimos casos todo el año. No hay que esperar al año próximo porque no sabemos si no vamos a seguir teniendo casos durante todo el invierno. Las estrategias de vacunación son poblacionales. No es una estrategia individual como se plantea hoy lamentablemente desde algunos sectores del sanitarismo. Es un fenómeno colectivo de coberturas.
—¿Cuál puede ser el impacto en la salud pública ante un eventual aumento en la demanda de quienes no puedan pagar las prepagas?
—Vamos a atravesar un momento muy difícil en la salud pública. Por un lado, porque va a aumentar el uso y la utilización de los servicios de salud pública y, por otro lado, por los recortes en relación a la medicación de alto costo y la desregulación de las obras sociales. Son procesos que se vuelven a instalar y que, en nombre de la libertad y de una supuesta elección, debilitan los sistemas de salud y hacen que se mercantilicen y quede gente afuera.
El acceso a la salud se va a poner en duda. No hay sistemas de salud que sean posibles de abordar integralmente sin definiciones nacionales con acuerdos provinciales y municipales. No existe un sistema universal de salud municipal. Necesita aportes provinciales y nacionales. Cuando esto se pone en tensión entra en crisis el sistema de salud local.
En los países donde tienen sistemas de salud mercantilizados mucha gente queda afuera y tiene que utilizar recursos económicos para acceder a servicios. La pandemia puso en tensión a muchos países que habían mercantilizado sus servicios de salud. Cuando hay una crisis y una emergencia se necesita un Estado rector que ordene, pero eso no se puede hacer de un día para el otro. No significa que no exista un sistema de salud privado, pero con un Estado que conduzca y coordine las políticas.
También es necesario discutir qué país y qué ciudad queremos. Una ciudad más igual exige que las inversiones sean desiguales en términos de centro y barrio. Lo mismo en términos de salud pública. La salud es un derecho muy valorado en una crisis.
—¿Cómo analizá la ola de violencia en Rosario y la llegada de las fuerzas de seguridad a la ciudad?
—En un recrudecimiento de la intensidad de la violencia es importante y necesario garantizar fuerzas de seguridad, pero también es una oportunidad para repensar qué modelo policial y qué elementos son necesarios para reformar la estructura policial y el servicio penitenciario. Para eso se necesitan grandes acuerdos políticos por fuera de agendas electorales. Hay que abandonar las imágenes y la construcción de esa exagerada puesta en escena de las fuerzas de seguridad para discutir qué Policía y qué rol tiene la ciudad en las áreas de control. Es necesario un debate amplio, urgente y profundo con asesoramiento y con la mirada de todos para avanzar en una reforma estructural.
Además, hay que abordar la violencia desde una perspectiva integral. Las grandes riquezas, acumulaciones, la hidrovía y el lavado son dimensiones que también hay que analizar y profundizar.
Por otro lado, la discusión sobre quién ingresa al sistema carcelario no debe ser solo una cuestión de edad porque es un abordaje limitado hablar solo de bajar la imputabilidad de los jóvenes sin discutir el trayecto, qué va a pasar en el Irar, qué va a pasar con la Justicia Penal Juvenil cuando, a veces, estos lugares son escuelas de reproducción de la violencia y del delito. Es necesario dar una discusión profunda, además, de las dimensiones más estructurales que hacen a la violencia que son las desigualdades, el acceso al trabajo, los consumos y todas las dimensiones de esa perspectiva integral. Es necesario discutir cómo sale un joven de los lugares de encierro y cómo se reinserta en la vida social. Hoy se conoce que estos lugares amplifican, reproducen la violencia y las situaciones de salida son peores que las de ingreso. Estos son los grandes temas a debatir y discutir.
Existe una dificultad de las instituciones del Estado para entender el fenómeno de la violencia, las desigualdades, la pobreza y el rol de las instituciones estatales para abordarla con mayor eficacia. Debemos hacer un esfuerzo por consensuar el rol de las políticas públicas, de las organizaciones y del Estado en un contexto que va a aumentar la desigualdad, las dificultades económicas y de trabajo, y que profundiza el consumo.
—En su campaña y en la actualidad hace hincapié en generar políticas para la juventud ¿cuál es la importancia?
—Lo trabajamos mucho desde Salud cuando hablábamos del consumo problemático y el consumo de sustancias. Si bien uno focaliza y analiza la sustancia o la violencia, cuando mirás un poco más estructuralmente, la génesis de estos problemas se da en la estructuración del trabajo, de los sueños de la vida de la persona. Cuando esto no está, aparece un único camino como posibilidad. La matriz para recuperarla no alcanza con ofrecer una capacitación cuando hay tres generaciones en las que el mundo del trabajo no es vivido de la forma en que lo vivieron nuestros abuelos y lo vive hoy un sector de la población. Es acompañamiento, es mano de obra intensiva, es ser tutor de una tarea y trabajar con el deseo de los jóvenes. No es enlatado ni con proyectos a priori, sino que debemos construirlos en conjunto. Buscamos ordenanzas y propuestas que puedan tener esa concepción del trabajo para abordar el consumo y las violencias, y que también tengan que ver con el cuidado del sistema de salud que tenemos para que siga siendo un derecho. A veces el Concejo a través de las ordenanzas puede hacerle más difíciles a otros el poder destruirlo.
También es importante todo lo relacionado con el ambiente y la cultura, pensando a la cultura como un hecho de inclusión, de un diálogo distinto, de convivencia. Ya no solo el taller de cultura del centro en un barrio. En la campaña, íbamos a recorrer los barrios y le preguntábamos a los jóvenes qué hacían un viernes o un sábado y no tienen ofertas en los barrios. Están pensadas para el Distrito Centro. Tenemos que pensar corredores culturales y ofertas más cerca de donde viven los jóvenes. La Noche de las Peatonales está muy buena, pero sigue siendo en el centro y hay muchos que no pueden llegar. Debemos pensar estas cosas más territoriales que sean un elemento de inclusión.
—¿Qué medidas se pueden tomar desde el legislativo local para contener el impacto del ajuste socioeconómico nacional?
—El Concejo puede motorizar una convocatoria a espacios más amplios para ser un actor en la vida social y política en relación al arrasamiento de la institucionalidad. Si bien es necesaria una declaración de preocupación del Concejo en relación a un recorte de los subsidios, no alcanza como posibilidad de condicionamiento. Tiene que ser parte de ese grupo de actores sociales de la Iglesia, de los credos, del empresariado para discutir el impacto que es muy profundo en relación no sólo a la institucionalidad de la vida democrática sino que se traduce en la vida cotidiana de las personas cuando una familia va a un centro de salud porque no puede pagar el aumento de la prepaga o cuando un jubilado va a buscar comida a un comedor. En pocos meses se ha generado un incremento en el número de personas que están con estas dificultades. Es necesaria la articulación con todas las fuerzas políticas y con todos los sectores sociales que no adhieren a esta lógica para discutir el futuro.
—¿Cuál es la principal deuda de la anterior gestión de Javkin?
—Creo que su habilidad política le permite una gran negociación y manejo, pero eso tiene que ser traducido en el armado de equipos que puedan estar permanentemente pensando en transformaciones en el Estado. Eso es una deuda que ojalá pueda revisar. Habilitar más el desarrollo de los equipos, construir gabinetes sociales de discusión, equipos intersecretarías mucho más amplios. Para eso hay que delegar y hay que animarse a hacerlo.
Por otro lado, un mayor condicionamiento al gobierno provincial porque muchos de los aspectos y de los problemas que atraviesa la ciudad no se resuelven solo con la ciudad, pero tampoco es sin la ciudad, sin la necesidad de interpelar las áreas del Estado y el funcionamiento con un gran compromiso. Hay que discutir y ampliar la mirada de todos los sectores de la sociedad en relación a cómo pensar la ciudad.
—¿Cómo ve el armado de las fuerzas en el Concejo donde el oficialismo tiene mayoría para aprobar proyectos?
—Nosotros decidimos estar por fuera de los dos grandes espacios -Frente de Todos y Unidos para Cambiar Santa Fe- si bien tomamos posición frente al balotaje. Decidí no estar en el espacio del intendente Javkin, pero no en una oposición estructural, sino que vamos a acompañar aquello que sea posible acompañar, al igual que al resto de los sectores. Nuestra disputa es un espacio de centroizquierda y desde ahí coincidimos en no acompañar al aumento del TGI o del boleto de transporte que impacta en los sectores de trabajo, de educación y de salud. Pero eso no quita que no podamos tener con el Ejecutivo coincidencias porque no somos una oposición por el solo hecho de negarse a pensar y discutir un camino en común.
Es necesario hacer un esfuerzo para que el intendente convoque a todos los sectores a discutir los problemas para resolverlos porque creo que la crisis política actual tiene que ver con la no resolución de los problemas estructurales. Ese malestar ha sido capitalizado por un discurso disonante en relación a la democracia y que hoy pone en duda todo. Es necesario pensar con otra matriz la construcción de una sociedad que está en terapia intensiva con un 50 por ciento de pobreza.
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