El secretario de Salud Pública de Rosario, Leonardo Caruana, llegó este miércoles al Congreso nacional para exponer a favor de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que el 14 de obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados y desde la semana pasada es debatida en el Senado. Rosario aparece como un caso testigo a la hora de pensar la despenalización del aborto. En los últimos seis años ninguna mujer murió por aborto en los centros de salud y hospitales municipales de la ciudad. La mortalidad cero responde a dos factores: desde 2007 se puso en marcha la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que la ley argentina permite por causales, y desde 2012 en todos los centros de salud se entrega misoprostol, la droga recomendada por la Organización Mundial de la Salud para un aborto seguro. La clave de Rosario fue pensar la ley desde una perspectiva no restrictiva y que la decisión de abortar sea de la mujer y no del médico.
Caruana ya había estado entre los 735 expositores que hablaron ante los diputados antes del debate en el recinto. Habló el 10 de abril, primer día del debate en comisiones de Diputados. En diálogo con El Ciudadano, definió la política municipal como un camino de 30 años marcado por las propias mujeres y por la decisión de pensar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos. “La mirada que tenemos en Rosario es integral, con instituciones que cuidan, acompañan y que no estigmatizan ni culpabilizan. Hace 20 años cuando una mujer entraba a un hospital con un aborto hecho en la clandestinidad no sólo tenía las complicaciones de salud como el síndrome de Móndor (con una mortalidad del 80 por ciento) sino que se agregaba la declaración con la policía en las guardias. Ese paisaje no se ve más y ninguna mujer muere por aborto desde hace seis años”, explicó.
La ciudad sigue la legislación nacional de 1921 que dice que en Argentina el aborto es legal por causales: cuando hubo una violación y cuando está en riesgo la salud de la mujer. La salud es entendida de modo integral por lo que va más allá de lo físico, incluyendo lo psíquico y lo emocional. La ILE se hace bajo los protocolos y las guías elaboradas por el Ministerio de Salud nacional entre 2007 y 2015. Cada provincia decide si adherir o no. Hasta fines del año pasado, sólo 8 de las 25 lo había hecho. Santa Fe es una ellas. Los protocolos surgieron a la par de la Campaña Nacional por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, lanzada en 2003 e integrada por 500 organizaciones del movimiento de mujeres. A diferencia de la legislación actual, el proyecto con media sanción legaliza la práctica hasta la semana 14 sin causales.
La implementación de los protocolos llegó a Rosario en 2007 con un proceso que desde el municipio definen como de despenalización institucional del aborto. En promedio se hacen 600 ILE anuales y no sólo se terminaron las muertes de mujeres, sino que no aumentaron ni disminuyeron la cantidad de abortos. Sí bajaron las internaciones. En 2016, de 550 interrupciones, sólo 169 necesitaron internación. Una década atrás todas las mujeres eran hospitalizadas y la mayoría moría.
La provisión de misoprostol es la responsable de la baja. La compra empezó en 2012 y actualmente todos los abortos se hacen con pastillas, que también pueden combinarse con la técnica de aspiración manual endouterina (Ameu) incorporada en septiembre de 2016. Hasta la semana 9 se receta misoprostol y hasta la 12 se combina con la aspiración. La técnica de Ameu es recomendada por la OMS, que desde 2002 pide la erradicación del legrado, el método comúnmente usado por la mayoría de los médicos en el país.
Hacia el aborto legal
El debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) empezó la semana pasada en el plenario de tres comisiones del Senado. Además de la iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados, otros tres proyectos serán tratados aunque ninguno plantea la despenalización y legalización del aborto.
Después de las intenciones de la vicepresidenta Gabriela Michetti de que pasara por cuatro comisiones–incluida la de Presupuesto y Hacienda que implicaba dilatar la votación y la posibilidad de modificación del proyecto original– y de los pañuelazos en más de 70 ciudades del país, la Cámara Alta anunció el tratamiento en tres: Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales. Los senadores darán dictamen el 1° de agosto y el 8 votarán en el recinto.
La iniciativa aprobada en Diputados el 14 de junio por 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención llega a la Cámara Alta con la foto de fondo del millón de personas, en su mayoría mujeres, que el día de la votación se movilizaron durante 24 horas afuera del Congreso en apoyo al proyecto. La imagen que recorrió el mundo muestra a un movimiento feminista argentino consolidado que generó un amplio consenso social a favor, con colectivos y organizaciones de artistas, personalidades de la cultura y el espectáculo, profesionales y referentes de distintos ámbitos organizados en actividades en todo el país.
La iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, formada por más de 500 organizaciones, tiene 13 años de militancia con el pañuelo verde como emblema y nació en los debates de los Encuentros Nacionales de Mujeres, una experiencia federal que desde 1986 se hace todos los años distintas ciudades del país. Después del primer Ni Una Menos de 2015 el pedido de aborto legal ganó fuerza en un feminismo joven que tomó al pañuelo como uniforme y defendió la ley desde que entró a la Legislatura el pasado 6 de marzo con la firma de 71 de apoyo de diputados. A la par llegaron al Congreso otros ocho proyectos de IVE, algunos de los cuales fueron usados para pensar el texto final actual. Durante dos meses, 738 especialistas y referentes hablaron a favor y en contra de la legalización en los plenarios de las comisiones.
El principal cambio en relación a la legislación actual que plantea la ley que tuvo media sanción en Diputados es que Argentina deje el modelo de despenalización por causales de violación y riesgo de salud vigente desde 1921 y pase a la legalización por voluntad de la mujer o persona gestante. La ley que tomó como base el texto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dice que el aborto será legal hasta la semana 14 de embarazo inclusive. Será garantizado en un plazo de 5 días en la salud pública y privada a través de consejerías integradas por profesionales que trabajarán con un enfoque médico, social y psicológico.
Después de ese período de gestación será un derecho en casos de violación, riesgo de salud o malformaciones fetales incompatibles con la vida afuera del útero. Este último punto fue agregado por los diputados en el proyecto de consenso que incluyó a representantes de todo el acto político. También sumaron la objeción de conciencia individual y con registro previo y la prohibición de la objeción a nivel institucional. Otros de los cambios fueron la creación de un registro de estadísticas y la referencia al Código Civil y Comercial para garantizar el derecho a decidir de niñas menores de 16 años. La ley pide además la garantía de la educación sexual integral, el acceso a anticonceptivos y la modificación del Código Penal para que abortar en el período mencionado deje de ser un delito.
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