En medio de la pandemia de coronanvirus, la emergencia sanitaria y cuarentena, y el decreto contra despidos y suspensiones dictado por el gobierno nacional, a contracorriente se continuaban denunciando cesantías en el sector privado y hasta en el público. Uno de los casos afecta a Prensa, donde el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó este miércoles la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto desatado en la gráfica Instituto de Publicaciones y Estadísticas Saciif (Ipesa) y en la editorial Producciones PubliExpress SA, que edita la revista Pronto, entre otras. Ambas tienen el mismo propietario, Eduardo Lerner, quien comunicó a los trabajadores el doble cierre, e informalmente les anunció que pagaría indemnizaciones a la mitad “o menos”.
Tres gremios, la Federación Gráfica Bonaerense, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) interrumpieron en la tarde de este miércoles las ya atenuadas acciones contra los despidos, en tanto que la parte empresaria debe dar marcha atrás con las cesantías y asignar al personal las tareas habituales, ya que el sector es uno de los exceptuados en el decreto 297, que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todo el país.
“En consideración de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la emergencia sanitaria ampliada por decreto y la evolución de la realidad epidemiológica respecto del coronavirus”, la cartera laboral ordenó a Ipesa que extreme “las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud del personal” y garantice el desarrollo de su actividad de forma adecuada”.
En un segundo acto administrativo, la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, dictó la conciliación obligatoria Publiexpress, por el mismo plazo de 15 días hábiles y con análogas prescripciones.
Impedido de desplegar acciones de mayor alcance por la cuarentena, el Sipreba había repudiado este martes “las amenazas de cierre de Publiexpress, Ipesa y el Grupo Azara”, y respaldado a sus trabajadores en defensa de todas las fuentes laborales.
“Lo peor de todo, y que nos toma por sorpresa, es que sea en estado de cuarentena y apañándose en el tema de la pandemia. Aún no nos llegaron los telegramas, según ellos ya están enviados y esto es inminente”, había lamentado antes uno de los trabajadores cesanteados, el periodista Sebastián Duarte.
No te vistas
Al caso de las empresas gráfica y editorial se sumó en la misma jornada el de una poderosa empresa textil. Trabajadores de la firma Dabra SA, la cadena posicionada entre las más grandes del país y que agrupa a marcas comerciales como Dexter, Stock Center, Moov y Netshoes, denunciaron que se paralizaron todas las operaciones para cuidar la salud ”de la compañía” hasta el próximo 30 de abril, y que en ese lapso la firma pretende pagarles la mitad de los salarios. Los cerca de 1.700 empleados se enteraron “por mail” de la situación, y de que su empleador les pedía firmar un acuerdo para legitimar la medida.
Según publicó el portal minutouno.com, en la noche del pasado martes 31 los empleados recibieron dos correos electrónicos: en uno les confirmaban la decisión, y en el otro se adjuntaba el acuerdo de conformidad.
La decisión se ampara la Ley de Contrato de Trabajo, que avala la suspensión por “falta o disminución de trabajo no imputable al empleador”, considerándola, en su artículo 219, como de “justa causa”. Y también en el 223 bis, que admite asignaciones a la baja “pactadas individual o colectivamente” mientras los trabajadores permanezcan suspendidos.
Pero esa línea obvia por completo el decreto contra despidos y suspensiones del presidente Alberto Fernández, que además es parte de un conjunto de medidas con las que el Estado construyó un andamiaje para preservar puestos laborales y salarios, como préstamos subsidiados, Programa de Recuperación Productiva (Repro) y rebaja de contribuciones patronales. La lógica es que los empresarios deben apelar a esas y otras herramientas, no avanzar en medidas de crisis.
¿Despidos de Macri?
Una tercera denuncia de cesantías también fue difundida este miércoles. El dirigente gremial docente Julio Ceresa, concejal de Vicente López, acusó al intendente local, Jorge Macri, de ejecutar más de una treintena de despidos.
“En el medio de la cuarentena que sacude al mundo, @jorgemacri decidió echar a 33 empleados municipales. Uno de los municipios mas ricos de Latinoamérica, se da el lujo de dejar sin ingresos a 33 familias. Esperamos de forma urgente que se retracte de esta decisión”, repudió a través de Twitter el edil del Frente de Todos.
Y su par Sofía Vannelli, compañera de bloque desde el Frente Renovador, remarcó en la misma red social: “Vicente López tiene 1.300 millones de pesos en plazos fijos. En el medio de una pandemia mundial y crisis, no hay justificación alguna”.
A la lista se agregaron más: “Está dejando 33 familias en la calle en medio de una pandemia-crisis mundial. Le pedimos que reflexione y tenga algo de sensibilidad”, reclamó por su parte Joaquín Noya, también concejal de la ciudad del norte del conurbano bonaerense.
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