Entre corridas bancarias, el aumento de nafta y un impás en el reclamo de la comunidad universitaria por el salario docente, el Consejo Económico y Social (CEyS) presentó un informe donde alertó sobre una mayor demanda de las políticas asistenciales por el contexto nacional.
En diálogo con El Ciudadano, la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rosario, Laura Capilla, opinó: “Es una situación que empezamos a ver en 2015. Aumentaba la demanda alimentaria y de los programas de protección social. Poco a poco vimos que empeora. El gobierno de Santa Fe aumentó un 150 por ciento la ayuda a comedores. Desde el municipio hicimos lo mismo en los Centros de Convivencia Barriales (CBB)”.
Para resolver la alta demanda, la funcionaria adelantó que este lunes junto a la intendenta Mónica Fein recibirán a las organizaciones solidarias que trabajan en los operativos para las personas en situación de calle. “Creció la cantidad de personas y se sumaron muchos chicos que se quedaron sin trabajo y se encontraron con la calle”, explicó la secretaria. En 2017 había aumentado un 30 por ciento la cantidad de personas que van a los dos refugios municipales.
Según Capilla, la Municipalidad de Rosario mantiene reuniones con las organizaciones sociales y territoriales para encontrar soluciones. “Insistiremos en trabajar juntos. Porque la salida a un contexto actual desfavorable es colectivo. Tendremos más reuniones con los referentes del programa Nueva Oportunidad para reafirmar el vínculo con los jóvenes”, dijo la funcionaria. El contrapunto es la relación con el gobierno nacional. “No cambió el diálogo. No tenemos información de los programas Ellas Hacen y Argentina Trabaja. Pedimos la información y que lleguen, pero nada”, concluyó Capilla.
“Una política criminal”
El referente del Movimiento Evita, José Berra, explicó a El Ciudadano: “Es una catástrofe. La crisis que se desató esta semana la vamos a sentir en los barrios durante los próximos meses. Nos preocupa y la semana que viene nos reuniremos con autoridades de la Municipalidad para insistir con la declaración de Emergencia Alimentaria que pedimos a principios de agosto”.
Para el referente territorial, el gobierno de Cambiemos es el primer responsable de la situación, pero los gobiernos local y provincial no pueden desentenderse de cómo paliar la crisis. “Todos los días se suman familias a los comedores. Son números que van a llevar a más problemas. En mayo el Indec sacó que para no ser pobre una familia necesitaba 18 mil pesos. Era con un dólar a 27 pesos. Estamos en una economía atada al dólar. Los costos con un dólar a 40 hacen que esa brecha de pobreza sea más grande. Es una política criminal”, concluyó.
Una mano
El pasado 7 de agosto, el día de San Cayetano, fue la oportunidad que vieron las organizaciones sociales para hacer una gran marcha en pedido de la declaración de Emergencia Alimentaria en Rosario. Por la mañana, varias horas antes de la procesión prevista para las 15, una fila de siete cuadras de rosarinos encabezada por organizaciones sociales pudo verse marchar desde la emblemática iglesia de calle Buenos Aires al 2100 con la exigencia de políticas sociales que atenúen los impactos económicos sobre los más vulnerados. Dos postas estaban programadas. La primera, frente a la sede de la Ansés, en la esquina de Rioja y Sarmiento, y la restante, pasado el mediodía, frente al Concejo Municipal, donde los ediles se comprometieron a recibirlos.
La marcha fue convocada por varios movimientos sociales: la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Movimiento Evita, entre ellos. Pidieron la declaración de la emergencia alimentaria, la actualización del monto de la Tarjeta Única Ciudadana y otras medidas de asistencia social e inclusión laboral. También participaron algunos gremios, como el Sindicato de empleados de Cadeterías, un grupo de los metalúrgicos de la Unión Obrero Metalúrgica (UOM) y otro de los docentes particulares de Sadop.
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