Agustín Aranda
¿Puede el cannabis ayudar contra la pandemia del coronavirus? Si. Puede dar dinero para la salud y la contención de quienes sufren la enfermedad o sus consecuencias. Puede dar trabajo, hoy también en crisis. Solo hace falta que el Estado, quienes legislan y quienes les votaron acepten que este mundo es un mundo con drogas. O al menos, uno con personas que las usan y no piensan dejar de hacerlo.
Uno de los debates actuales es si quienes más tienen o ganan deben pagar más impuestos. Y con ese dinero enfrentar las consecuencias del covid-19 en Argentina. Hoy especialistas recuerdan el impuesto solidario acordado después de la caída del muro de Berlín para ayudar a las regiones más pobres y reunificar Alemania. Libre a cualquier lectura política del debate, la atención parece estar en cómo generar más y nuevos recursos y trabajos. Y ahí entra el cannabis.
Perejiles
¿Cuánto ahorraría el Estado (y quienes pagan impuestos para sostenerlo) si la Policía y la Justicia dejasen de perseguir a quienes consumen? En 2019 la organización Reset calculó que cada causa judicial contra una persona a la que le encontraron poca cantidad de marihuana, cocaína o pastillas cuesta unos 2 mil dólares. Entre 2016 y 2018 –años donde el gobierno de Cambiemos aumentó la persecución– la Justicia federal inició más de 30 mil causas y usó 122 millones de dólares en personas que lejos estaban del Chapo Guzmán o la bestia pop Pablo Escobar.
Ganancia
¿Y si el Estado regulara la venta y el consumo de cannabis como lo hace con el alcohol, el tabaco, los juegos o cualquier otra actividad? Semanas atrás en el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) hicieron los cálculos de cuántas personas consumen cannabis (y lo podrían comprar, impuesto incluido). La conclusión fue que en 2017 aproximadamente 1,5 millones de personas consumieron unas 68 toneladas de cannabis gastando entre 135 y 200 millones de dólares. Ese año el Estado no recibió nada de esa plata e incluso gastó una cifra cercana para perseguir y luego archivar causas a quienes consumieron. También saturaron las cárceles con quienes menos tienen. Y de paso desestimaron lo que definió la Justicia con el fallo Arriola.
Trabajo
Hoy existen países donde el Estado regula. Además de poner impuestos, define quienes y cuánto pueden llevarse a sus casas, cultivar o reunirse en clubes para hacerlo y llevarse una cantidad específica cada tanto. Lo común a todos los casos es que regular significó una inyección a la producción y el empleo del país.
Canadá legalizó el uso no medicinal o recreativo en 2015 y desde entonces intenta arrebatarle una tajada más grande al mercado negro. Según Imer Flores escribió en su libro 4 20 Momento de regular la cannabis y reveer la política de droga en México y en el Mundo, eso significó también crear nuevos empleos. En 2020 hay más de 300 nuevas empresas con 900 personas produciendo en Canadá. En el estado de Alberta, uno de los que tienen más personas consumiendo, 2019 cerró con ventas cercanas a los 30 millones de dólares. Ahí controlan el proceso, la distribución y la venta, como cualquier otro producto. Entre las restricciones, no pueden llegar a menores de edad.
Con los impuestos de las ventas, el Estado canadiense elige qué hacer. Una buena parte, siempre según Flores señala en su libro, va a políticas de salud en general. Otra parte, y definido por ley, va a tareas de prevención y evitar consumo en menores de edad. Y también para tratar a quienes tienen consumos problemáticos, algo que las autoridades estudian para confirmar si aumentaron o no después de la regulación.
Otro ejemplo es Uruguay que puso un límite a cantidad y controla a las empresas que producen y venden para garantizar calidad y cuidar a las más de 53 mil personas registradas que acceden al cannabis. Según el instituto de regulación uruguayo, casi 80% de esas personas lo buscan en las farmacias. Entre 2017 y 2019 vendieron más de 770 mil paquetes de 5 gramos, en su mayoría en Montevideo. No es la única forma de llegar al cannabis. Pueden cultivar en sus casas o en los clubes de cultivo, siempre y cuando estén en el registro.
Además de lo productivo para el consumo recreativo está lo que puede generar la industria del cannabis medicinal, uno de los mercados internacional con mayor crecimiento y que obliga a pensar el rol del Estado para garantizar el derecho a la salud de quienes se tratan con cannabis. Y ya hubo avances.
A futuro
Desde 2019 más de 50 organizaciones sociales, desde asociaciones de consumidorxs hasta institutos vinculados a políticas de Derechos Humanos, coinciden en cinco puntos de acuerdo para una futura regulación de drogas en Argentina.
Desde ese espacio piensan una regulación para personas mayores de 18 años que respeten la libertad y las prácticas culturales, minimice las secuelas del narcotráfico y proteja la salud pública sin promover el consumo. Insisten en poner restricciones como las que tiene el tabaco. Y en producir, pero también permitir que quien puede y quiere tenga acceso a la semilla y cultive.
Al igual que otros debates legislativos el de la regulación está postergado por la pandemia. Aún así, las experiencias y los datos sirvan este sábado, cuando en todo el mundo es celebrada la Marcha Internacional de la Marihuana, para pensar un futuro verde.
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