El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, informó que el organismo cancelará 318.774 Claves Únicas de Identificación Tributaria de “sociedades fantasma”. En su mayoría, se trata de firmas dedicadas al comercio, los servicios inmobiliarios, la industria manufacturera y la construcción.
La medida se hace efectiva a través de la Resolución General 3358, que será publicada este viernes en el Boletín Oficial donde se especifica que abarca a las firmas inscriptas antes del 1ero de enero de 2011.
El administrador federal explicó que la medida busca “fortalecer” las acciones de control y “atacar” distintas maniobras, desde las empresas creadas para funcionar como “carpetas” o “usinas” para el desarrollo de actividades tendientes a facilitar la evasión fiscal hasta aquellas que se utilizan para comprar inmuebles y así sacarlo del patrimonio de la persona por cuestiones de responsabilidad o casos de maridos que quieren ocultarle el patrimonio a su mujer.
El funcionario precisó que cancelará la Cuit a más de 150.000 Sociedades Anónimas y a unas 152.500 Sociedades de Responsabilidad Limitada. Otras 16.000 restantes pertenecen a otros tipos societarios (colectivas, comandita simple, comandita por acciones, de capital e industria, y contratos de colaboración empresaria).
En cuanto a los parámetros para cancelar a la empresa, el funcionario informó que se analizarán a las firmas que no registren altas en impuestos y/o regímenes y a las que no hubieren presentado declaraciones juradas determinativas.
En el caso de que sí hayan presentado, se considerará si informaron ventas en el impuesto al Valor Agregado o ventas/ingresos en Ganancias, y si cuentan con una nómina de empleados activos.
Finalmente, Echegaray adelantó que un 78% de las empresas canceladas no presentaron una Declaración Jurada; un 21% no declaró empleados y 1% no estaba de alta en ningún impuesto. El comercio es la principal actividad declarada por estas firmas (29%); un 16%, declaró dedicarse a la actividad manufacturera; un 15%, a los servicios inmobiliarios; y 8% a la construcción.
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