Nada resultó fácil para Bonfatti desde que asumió. Acorde con los tiempos olímpicos que se viven, se podría decir que tiene ya largamente merecida la medalla de oro con todo lo que remó hasta ahora y lo que le falta todavía.
En relación a los vínculos con la Nación, el gobernador Bonfatti trabajó para reconstruir lazos que se habían roto con la anterior administración, en especial a partir de 2009, cuando el gobierno llevó ala Corte Supremasu reclamo de recursos previsionales. Enla Casa Rosadale tributaron buena onda desde que asumió, pero la cosa hasta ahora no pasa de ahí, como se contó en este panorama a principios de junio. Bonfatti también apretó el acelerador: fue por la intimación ala Ansésque agota la vía administrativa de reclamo y metió un nuevo pedido de audiencia con la presidenta.
En el frente legislativo, esta semana irán dos ministros ala Legislatura. RaúlLamberto al Senado por seguridad pública y Ángel Sciara por reforma tributaria. Sobre este último tema, la imposibilidad de consensuar el proyecto con una mayoría bicameral obliga a abrirlo para que sectores del PJ que estarían dispuestos a votarlo puedan introducir modificaciones. Se apunta a darle una vuelta al tema de los avalúos de propiedades y gravar algún sector particular de la industria. El oficialismo está viendo que para que pase el Senado se requerirá sostenerlo a la vuelta en Diputados con una mayoría especial.
Nubarrones
Otra vez hay nubarrones en la relación entre radicales y socialistas, esta vez por un fantasmagórico proyecto para que los jueces puedan ampliar el abanico de causas por las que recurrir a la prisión preventiva.
El proyecto lo impulsó el senador Lisandro Enrico, representante de General López, y los senadores del justicialismo acompañaron con ahínco: el polémico Joaquín Gramajo, de 9 de Julio, probablemente no se hubiera animado a escribirlo él. La idea es que los jueces puedan dejar detenidos preventivamente a quienes tengan otra causa en trámite que suponga la posibilidad de una condena importante.
El gobierno provincial no está de acuerdo con el proyecto de Enrico, y en caso de que prosperase el veto es la opción más posible. Los encargados de explicar la posición oficial fueron los ministros de Justicia, Juan Lewis, y de Seguridad, Raúl Lamberto, tras reunirse con el gobernador.
Tanto Lewis como Lamberto le expresaron personalmente a Enrico en una reunión por el asunto que no estaban de acuerdo con el mismo. Incluso Lewis hizo pública esa posición en declaraciones, entre otros medios en la sección Política y Economía de este diario.
Lewis argumentó objeciones técnico-jurídicas y de índole constitucional sobre el proyecto. Su opinión no dista de la que dio el juez dela Corte SupremaDaniel Erbetta horas antes del voto senatorial y de otras voces con trayectoria y distantes de cualquier oportunismo circunstancial.
Sin embargo, lo más dramático es la abierta contradicción del proyecto con la reforma procesal penal que está en proceso de implementación en Santa Fe. Si bien demorada en término de los plazos de implementación propuestos (no de lo que marca la experiencia de las reformas aplicadas en las otras provincias), cuando la reforma esté vigente el año próximo se supone que los supuestos delincuentes (que no lo son cuando se los encarcela sino cuando se los condena) serán sometidos al sistema oral, es decir a procesos que deberían tardar unos meses, a diferencia de la actual instrucción de juicios escritos que se extienden por años.
Esa reforma (como lo explicó Lewis pero bien podría explicarlo cualquiera de los senadores que repite mandato) fue votada por unanimidad a mediados de 2007. Y en particular la cuestión de medidas como la prisión preventiva fueron ratificadas a fines de 2008. Es decir quela Legislaturaconvalidó dos veces una línea que está en proceso de implementación y cuyo espíritu invierte la lógica de las medidas cautelares, haciendo de la prisión preventiva la excepción y no la regla como ocurre con el viejo código procesal penal. Más desconexión del proyecto político iniciado en 2007 imposible.
El discurso de la mano dura policial campea por el Senado. Allí los senadores del PJ fogonearon el proyecto de Enrico (“Nosotros no lo hubiéramos hecho mejor”, debe haber pensado Gramajo) y en dos semanas tiene preferencia un expediente que declara la emergencia provincial de seguridad, con el objetivo de que el gobierno provincial pueda evitar licitación para resolver con premura y sin burocracia la construcción de viviendas para policías y que se puedan construir nuevas cárceles, según explicó el presidente del bloque del Frente parala Victoria ArmandoTraferri.
Temporalmente coincidió todo con la defensa que la presidenta dela Naciónhizo de las salidas de presos para participar de actividades culturales. Y en particular de su mentor, el jefe del Servicio penitenciario federal, cuya opinión es que “lo importante no es tener mejores cárceles sino menos cárceles”.
Parte de estas aventuras de oportunismo político tienen terreno fértil en las dificultades del gobierno provincial para encausar políticas de seguridad públicas y de mando dela Policía, déficit que hereda del período 2009-2011, tras la salida de Daniel Cuenca del gabinete de Hermes Binner.
Las coincidencias entre senadores radicales y justicialistas que se vieron a la hora de retocar el proyecto de reforma tributaria y que se repitieron la semana pasada con la propuesta de ampliar la figura de la prisión preventiva muestran lo complejo y atravesado de las representaciones políticas en Santa Fe.
Porque es un dato relevante, merece ser repetido: los dos grandes frentes electorales que estructuran la política santafesina agrupan a sectores no sólo disímiles sino antagónicos en cuanto a proyecto histórico e ideológico. Y no se trata de que de cada lado hay dos loquitos a los que se les sale la cadena cada tanto, sino de profundas contradicciones internas, tensiones. Por un lado un gobierno que en medio de enormes dificultades siente que duerme con algunos enemigos, que no sólo debe atender el frente opositor, sino que asume cotidianamente planteos de sectores.
Otro tanto ocurre en el justicialismo, donde, además de los intereses sectoriales y personales, ocurre que distintas vertientes kirchneristas intentan liderar un proceso político con actores que no asimilan el proyecto nacional, a pesar de que no lo expresan verbalmente, y que por el contrario en el día a día toman posiciones que van para el otro lado.
Si no se tiene en cuenta este dato fundante de las relaciones de fuerza actuales, caracterizadas por el diferenciamiento permanente de grupúsculos políticos cada vez más chicos, algunos de ellos unipersonales, que hoy coinciden en la representación de determinados intereses pero la semana que viene no, todo termina en un circo de chicanas políticas. Y ya se sabe que en el circo el que mejor se desenvuelve siempre es el payaso.
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