Por Lucila Rivolta Cepa (Centro de Economía Política) Rosario
El pasado martes 6 de febrero, justo antes de la votación sobre las privatizaciones de 40 empresas públicas, se levantó la sesión en Diputados y Milei tuvo que dar marcha atrás con la Ley Ómnibus. Esta Ley establecía la entrega del patrimonio nacional y una gran pérdida de soberanía, al mismo tiempo que una habilitación a la concreción de negocios por parte del sector privado.
Sin embargo, aunque haya retirado la Ley, el gobierno sigue impulsando medidas de desregulación en varios sectores económicos, que junto con los efectos del DNU 70/2023 – aún no tratado – avanza con el objetivo de licuar salarios y transferir ingresos.
Las medidas relacionadas a decisiones políticas y los efectos del DNU que agravaron la devaluación del 12 de diciembre, provocaron gran impacto en los principales precios de la economía, afectando la vida cotidiana de las y los argentinos.
- El aumento en el precio de los combustibles, sumado a la desregulación del congelamiento del impuesto a los combustibles – que impacta directamente sobre el valor de la nafta – y la desregulación del sector de hidrocarburos en general, significó un incremento del 132% entre noviembre 2023 y febrero 2024. En Rosario, la nafta súper aumentó de 375 pesos en las estaciones de YPF a 869 pesos a la fecha actual.
- La desregulación de la salud provocó fuertes aumentos en medicamentos y prepagas. En el caso de los medicamentos, incrementaron su precio 101,2% desde la segunda quincena de noviembre, acumulando aumentos de 25,7% en noviembre, 40,9% en diciembre y 13,6% enero, de acuerdo al relevamiento de la industria farmacéutica que publica Kairos; y por el lado de las prepagas, subieron más del 100% entre diciembre y marzo, dado que hubo tres subas consecutivas que fueron más elevadas que la inflación. Además, mediante el DNU, se modifican normativas que perjudican a las farmacias de barrio en beneficio de las grandes cadenas como “Farmacity”.
- Con respecto a los alimentos, el novillito en pie aumentó un 72% desde el 16 de noviembre a la actualidad, con un valor de $1662 el kilo vivo, precio que tiene un sensible impacto en carnicerías. También la harina de trigo registró aumentos: un 89% desde mediados de noviembre a principios de febrero. El aumento de este insumo básico para la industria panadera, se trasladó también a precios en panaderías y afines.
- La desregulación de la actividad comercial, con la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento a través del DNU, y también con la derogación de más de 60 resoluciones de la Secretaria de comercio, habilita el aumento descontrolado de precios, con medidas que apuntan a reducir capacidades estatales en monitoreo de precios y así, evitar abusos por parte de los supermercados.
- La derogación de la Ley de Alquileres empeoró drásticamente la situación de los inquilinos. A los aumentos de diciembre y enero se le suman condiciones leoninas para los nuevos contratos, como alquileres en dólares, pago de meses por adelantado o indexación mensual.
- El DNU supone una amplia reforma laboral, que si bien se encuentra suspendida por la Justicia, propone una serie de reformas como la extensión del período de prueba a ocho meses, la constitución de un fondo de cese laboral que reemplaza a la indemnización, el banco de horas que reemplaza a las horas extras y la extensión arbitraria de los sectores con limitación del derecho a huelga (esenciales y ahora también “trascendentales”). Como en los ’90, con el menemismo, esta reforma significa un gran retroceso para la clase trabajadora.
- La paralización absoluta de la obra pública, que supone pérdida de puestos de trabajo (250.000 sólo directos) y de inversión estatal.
- El tarifazo en la electricidad implica aumentos del orden del 140% en adelante para hogares de mayores ingresos y para comercios y pymes.
- Aumentos en el transporte público: El gobierno nacional decidió eliminar el Fondo Compensador del interior, una serie de recursos que se destinaban a subsidiar una parte del boleto del transporte público de pasajeros del interior del país. Con esta quita, la provincia de Santa Fe dejaría de recibir, aproximadamente, $1500 millones por mes, de los cuales $700 millones le corresponden a Rosario, por ende esto se vería reflejado en un aumento en el precio del boleto de colectivo.
- El Ministerio de Economía no transfirió los recursos correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente, fundamental para el pago de salarios docentes, sostenimiento de infraestructura y tecnología en las escuelas.
- El Ministerio de Capital Humano decidió pisar las partidas sociales que se destinan a la asistencia para comedores sociales, quienes se encuentran en serias dificultades para enfrentar la enorme demanda de comida de los sectores más vulnerables (0% en ejecución en alimentos para comedores en enero 2024, contra 8% en enero 2023)
Ahora, la pregunta que surge luego de repasar estas medidas es, ¿qué pasa con los salarios?
Es inevitable que estas desregulaciones en la economía, que buscan eliminar el rol del Estado, nos lleven a un nuevo escenario inflacionario que impacta negativamente sobre los salarios, erosionando en sólo tres meses un 20% el nivel salarial real.
Por último, la insistencia del gobierno de Javier Milei en los recortes a las provincias y la imposibilidad de financiamiento de las mismas, deja expuesto su plan de ajuste: retroceso de la clase trabajadora, recorte fiscal y caída de la actividad económica.
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