En octubre de 2015, el grupo Raras Bestias se presentó a tocar en Café de La Flor. Como consecuencia de una descarga eléctrica murió el bajista del grupo, Adrián Rodríguez. En la investigación hay tres acusados: el dueño del boliche, un electricista y un inspector municipal, con distintos grados de participación en el delito. Ayer, el dueño del bar pidió una probation (realizar tareas comunitarias para reparar el daño), pero el juez Hernán Postma lo rechazó. Ahora resta una instancia más que es la apelación; de lo contrario irá a juicio oral.
En tanto, el electricista que trabajó en el bar, Fernando Capodónico, espera turno para ser juzgado en un proceso oral y público.
Y con respecto al inspector municipal, el magistrado rechazó el pedido hecho por el Ministerio Público de la Acusación, representado por los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Rafael Coria, de llevar a juicio a los tres acusados juntos. Resta esperar la resolución de otro juez, Alejandro Negroni, quien tras una audiencia preliminar celebrada el pasado lunes deberá resolver si el empleado va a juicio oral y expedirse sobre el pedido de unificación.
A juicio
El pedido de probation había sido presentado la semana pasada por la defensa del empresario Ariel Scharf, a cargo de Alejandro Parolo y Claudio Puccinelli, para evitar una condena de prisión efectiva. El planteo pretendía que el dueño del Café de la Flor –donde en octubre de 2015, murió el bajista de Raras Bestias– evitara una pena efectiva a cambio de hacer talleres, cursos o tareas comunitarias.
La querella y el Ministerio Público de la Acusación rechazaron el pedido.
Scharf y el electricista están acusados de homicidio culposo. Para Shraf la Fiscalía solicitó una pena de 4 años y 10 de inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Mientras que para el electricista se reclamó una pena de 5 años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para ejercer su oficio o cualquier otra actividad relacionada.
En la resolución, Postma tuvo en cuenta los criterios de admisibilidad y procedencia para no hacer lugar a la probation. Consideró que la reparación del daño propuesta no soluciona el conflicto creado por el delito que terminó en la muerte de una persona. Y agregó que existe un interés público comprometido que es de distinta naturaleza a los delitos menores donde se admiten las tareas comunitarias.
El magistrado explicó que el planteo tiene lugar cuando la hipotética pena es menor a tres años. Para Scharf, la Fiscalía pidió una pena efectiva de 4 años, por lo que no sería procedente. En sus fundamentos, Postma también tuvo en cuenta que no existe acuerdo entre las partes, ya que la querella no aceptó la propuesta de la defensa.
El magistrado aclaró que la falta de procedencia aplica para este contexto particular y no descartó que pueda solicitarse nuevamente en otra etapa del proceso.
Por separado
En la audiencia Postma rechazó el pedido presentado por el Ministerio Público de la Acusación para que el dueño y el electricista del bar vayan a juicio junto con el inspector municipal que controló el establecimiento por última vez. Los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Rafael Coria lo habían solicitado, en una audiencia realizada el lunes pasado, pese a tratarse de delitos distintos y acusaciones diferentes, ya que existe una comunidad de pruebas y una investigación dio origen a otra.
El magistrado consideró que no corresponde unificar procesos penales y que aún no se probó la comunidad de las pruebas a la que se aduce. Explicó que se trata de construcciones típicas de delitos diferentes, con bienes jurídicos tutelados distintos y con sucesos investigados en distinta fecha. Además, señaló que los sujetos no son los mismos y precisó que en la acusación a Scharf hay querella, mientras que en el caso del empleado municipal no la hay. La Fiscalía podrá apelar la resolución.
Resta esperar que el juez Alejandro Negroni se pronuncie sobre la misma cuestión. Tras la audiencia realizada el lunes, el juez deberá resolver si el inspector Pablo Andrés Akerman irá o no a juicio oral, y en caso de hacerlo, si lo hará en conjunto con los otros dos imputados.
El defensor de Akerman, Héctor Superti, señaló que se trata de hechos sin vinculación dado que uno es culposo y el otro es doloso, uno ocurrió en abril y el otro en diciembre. “Uno tiene que ver con un empleado administrativo que va a ver si hay un disyuntor y otro tiene que ver con la muerte de una persona que quedó electrocutada en un sistema de electricidad conectado arriba de un escenario, que a su vez empalmaba a una red donde habían sacado el disyuntor que él controlaba que funcionara”, explicó la defensa y solicitó que de ir a juicio sea con un tribunal diferente.
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