Ciudad

Muerte del bajista de Raras Bestias

Café de la Flor: arrancó juicio a inspector municipal

Para la Fiscalía el último agente que inspeccionó el bar es responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica. Para la defensa solo se está juzgado un acto administrativo. Y por eso pidió la absolución


Foto: Juan José García

Este martes arrancó un juicio oral y público contra un agente municipal que realizó una inspección en el bar Café de la Flor seis meses antes de la muerte del bajista de Raras Bestias, Adrián Rodríguez. El músico murió por electrocución durante un recital en octubre de 2015. El inspector es el primer acusado que llega a juicio. Para la Fiscalía incumplió sus deberes de funcionario público y falseó las constancias que levantó en el bar durante una inspección municipal que realizó en abril de ese año, dónde para la Acusación debió clausurar el lugar. Los funcionarios Valeria Piazza Iglesias y Ademar Bianchini solicitaron 3 años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos al entender que las irregularidades que se constataron tras la muerte del bajista estaban al momento de la inspección. En cambio, para la defensa se está juzgando un acto administrativo. El abogado explicó que la inspección que realizó su cliente fue correcta y aseguró que el agente tuvo la “mala suerte” de ser el último en controlar el bar. Entre los testigos que declararon hubo dos peritos que recalcaron que el lugar no cumplía con las normas de seguridad, aunque no pudieron precisar desde cuando se venían dado esas irregularidades.

Adrián Rodríguez hacía 2 años que era parte del grupo Raras Bestias cuando tocaron en el Café de la Flor, en Mendoza al 800. Era la madrugada del 12 de octubre cuando el guitarrista de la banda sufrió una descarga mientras tocaba un micrófono. Adrián, el bajista, intentó auxiliarlo y murió electrocutado sobre el escenario.

Durante ese mes se ejecutaron varias medidas en el bar y se hicieron pericia técnica. Con el correr de la investigación la causa se desdobló: por un lado imputaron al dueño del lugar Ariel S.(que había adquirido el bar a mitad de año) y al electricista Fernando C. por homicidio culposo. Ese trámite se encuentra en la Corte Suprema de Justicia tras un pedido de probation. Por otro carril avanzó el juicio contra un agente municipal que inspeccionó el local.

El juicio

Este martes la Fiscalía acusó al inspector municipal Pablo Andrés Akerman por los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para la acusación, cuando Akerman inspeccionó el bar, en abril de 2015, el lugar ya presentaba las irregularidades que se constataron al morir el bajista Adrián Rodríguez.

El agente tenía que verificar si el local estaba en condiciones de ser habilitado. Según explicó Piazza Iglesias, Akerman debió clausurarlo y no lo hizo. El 1 de abril constató solo 4 irregularidades de todas las que había. Para la Fiscalía el primer informe que hizo el empleado municipal fue parcialmente falso porque aseguró que las condiciones eléctricas estaban bien. El agente debía volver una semana después, pero nunca fue al local, según la Acusación.

También hay un informe del día 8 de abril dónde se relata que el agente verificó el lugar y las irregularidades se habían corregido. Para la acusación este segundo documento es totalmente falso porque el inspector nunca fue al inmueble y -por ende- no verificó las condiciones de seguridad e higiene.

En ese marco, Piazza Iglesias pidió una condena condicional de 3 años para el arquitecto Akerman y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La defensa

Por su parte, el defensor Héctor Superti reclamó la absolución del agente. Explicó que se analiza en el juicio la conducta de Pablo Akerman —que durante este tiempo fue ascendido a coordinador en la repartición pública — y no del Estado nacional, provincial o municipal sobre políticas de seguridad. Y destacó que el inspector actuó el 1 de abril de 2015 y el músico falleció el 12 de octubre. Es decir, 6 meses después. Superti mencionó que en ese lapso hubo modificaciones trascendentales en el Café de la Flor, como cambios en el escenario y de dueño.

“No hay que confundirse. Lo que se está juzgando es un acto administrativo que la Fiscalía se ha empeñado en teñir con sangre y entendemos que estamos en este juicio porque no hubo una buena investigación”, sostuvo Superti. Según el letrado, a Akerman se le atribuye una habilitación que nunca realizó porque “la habilitación del Café de la Flor es de 2013 y la inspección es de 2015, dónde se detectó pequeñas irregularidades que fueron corregidas pero de ninguna manera ponían en peligro la vida de las personas”.

Superti también hizo eje en la acusación de falsificación. Dijo que Akerman “no levantó un acta porque no había motivo”. “Hizo un informe interno de trabajo. De la electricidad lo único que controló fue el tablero principal donde el disyuntor funcionaba al igual que las térmicas. Al tablero le faltaba la contratapa que fue una de las irregularidades que constató. Objetó además que faltaban luces de emergencia, una tapa de telgopor en el techo para mitigar el ruido y la necesidad de reforzar un parlante con otra soga. El 8 de abril constató que estaba corregido. Tuvo la mala suerte de ser el último que hizo una inspección diurna en el Café de la Flor”, explicó Superti.

Testigos

La jornada de ayer se abrió con los testimonios de tres policías de PDI que hicieron fotos y planimetría en el bar. Esta medida se realizó en octubre de 2015 y una de las testigos dijo que el lugar era “una bomba de tiempo”. Señaló que había cables en el piso, zapatillas enchufadas, pinturas y solventes.

Otro testigo que realizó una planimetría aseguró que había una zapatilla (prolongador) al que se enchufaban otros cables y corría por el piso en un sector donde -presumió- se sentaba la gente.

También declararon dos peritos, un ingeniero químico con posgrado en seguridad laboral y un ingeniero electricista. Hicieron una observación de las fotografías que tomó PDI y luego fueron al lugar. Destacaron que el tablero principal estaba asentado sobre una madera, hecho que está prohibido. También que tenía el disyuntor desconectado y estaba en un lugar diferente al que figuraba en el plano. Y explicaron que tampoco tenía contratapa para evitar el contacto directo con los bordes de tablero que hace las veces de barrera.

Además no encontraron la descarga a tierra. Las mismas irregularidades constataron en los tableros seccionarios o secundarios. Dijeron que había cables mellados y encintados que pierden aislación, y los conductores estaban sueltos. Uno de los peritos también mencionó que el lugar tenía un cuarto sin respiradero con un termotanque junto a tarros de pintura y químicos. Todos elementos que podían generar combustión y -por ende- un incendio.

También hablaron de la presencia de zapatillas para las conexiones que se desprendían de los tableros y enchufes de dos patas cuya venta está prohibida desde marzo de 1999.

A partir de las 8.30 de este miércoles continúan las testimoniales. El debate es presidido por el juez Juan Andrés Donnola.

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