En 25 minutos, la jueza penal Hebe Marcogliese resolvió lo que el Ministerio Público de la Acusación y la defensa de un joven de 25 años habían acordado antes de la audiencia de ayer: Leonardo Ezequiel B., acusado de estafa, usurpación de título de abogado, amenazas coactivas y asociación ilícita, recibió tres años de prisión condicional. Esto es: deberá fijar residencia, someterse al régimen impuesto por la Dirección de Control Pospenitenciario, no usar estupefacientes ni abusar del alcohol y, además, no cometer nuevos hechos delictivos. De incumplir lo acordado en los siguientes 730 días, deberá ir a la cárcel, ya que aceptó ser responsable material de formar parte de una asociación ilícita junto a dos abogados que manejan un bufete en cercanías de los Tribunales Provinciales.
Junto a esos letrados, en 2015 Leonardo estafó a cinco empresas de seguros llevando falsos casos de siniestros viales para cobrar indemnizaciones por daños y perjuicios. En estas operaciones, supuestas víctimas y abogados se llevaban entre 5 mil y 18 mil pesos. El hermano de Leonardo, Julio César, está detenido en el mismo caso por estafa y amenazas. La condena de este hombre es efectiva, es decir, con tiempo de prisión determinado. Los abogados que participan en estas maniobras son conocidos en el ambiente leguleyo como “caranchos”.
A mitad de marzo, el Ministerio Público de la Acusación señaló a Leonardo B. como responsable de integrar una asociación ilícita con los abogados Claudio Eduardo L. y Mariano Norberto B., más dos personas: Sebastián y Mario, un hombre que se hacía pasar por agente de policía.
Juntos, siempre según la imputación, se dedicaban a armar casos de siniestros viales con la connivencia de supuestas víctimas y responsables civiles para reclamar indemnización por daños y perjuicios a compañías de seguros que funcionan en la ciudad. Entre otras, San Cristóbal, Federación Patronal Seguros, Sancor Seguros, Caja de Seguros y Orbis. Los montos que sacaron de las empresas en 2015 fueron de 5 a 18 mil pesos por caso. También los vincularon a maniobras espurias en una declaración de pobreza y una mediación.
Pero el emergente que llevó a la detención de Leonardo en marzo de este año fue una denuncia de Nancy R., madre de un joven imputado y detenido por abuso sexual. Según denunció la mujer, el hermano de Leonardo, también integrante de la asociación ilícita, se presentó como abogado, que no es (lo que constituye delito de usurpación de título), para defender al detenido. El falso letrado pidió dinero por sus servicios y cuando la mujer no pudo pagar más, la amenazó diciéndole que las condiciones de detención del hijo iban a empeorar.
Según publicó El Ciudadano, los investigadores, encabezados por el fiscal Guillermo Apanowicz, intervinieron los teléfonos del sospechoso. Gracias a esas escuchas, descubrieron una serie de estafas contra compañías de seguros. Con esta información, el ministerio pidió en marzo la imputación de Julio César B., el hermano de Leonardo, por ser partícipe de una asociación ilícita y estafa en grado de tentativa, delito que no contempla la prisión preventiva aunque la jueza Marcogliese la dispuso de todas formas.
Días más tarde, un allanamiento en el estudio jurídico de los abogados incluidos en la denuncia llevó a la acusación de los profesionales.
“Por la naturaleza de este juicio abreviado, no es necesario el debate para arribar a la definición del caso, ello sin que se afecte el principio de legalidad ni el de verdad real, en razón de que –con la investigación realizada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA)– han sido agotadas todas las medidas probatorias que considera idóneas para llegar a la sentencia, sin que sea necesario reproducirlas en el debate, situación que es compartida por los actores esenciales del proceso”, refirió ayer en el fallo la jueza Marcogliese.
A raíz del acuerdo entre las partes, se redujo la condena al delito de asociación ilícita, por el que Leonardo B. cumplirá una sentencia de tres años de modo condicional, es decir que no irá a la cárcel a menos que incumpla alguna de las reglas del régimen pospenitenciario. Si así fuera, deberá cumplir la condena tras las rejas.
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