La solicitud de indemnización por unos 6,5 millones de dólares que plantearon Ingrid Betancourt y su familia al Estado colombiano ha hundido la imagen de la ex candidata presidencial, a la vez que abrió el debate sobre las responsabilidades por el secuestro en este país.
La petición de indemnización por el secuestro que sufrió durante más de seis años desató una oleada de críticas entre funcionarios gubernamentales, dirigentes políticos y gente del común, al punto que Betancourt declaró que fue malinterpretada y a la postre admitió que se arrepentía por esa acción.
Sin embargo, la solicitud de conciliación no ha sido retirada aún, y la Procuraduría de Colombia se apresta a fijar una fecha para la primera audiencia, indicó una fuente de esa instancia.
El tema ha sido objeto de debate durante los últimos días, en los que la ex candidata presidencial del partido Oxígeno Verde -secuestrada por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2002 y liberada por la fuerza pública colombiana en 2008- ha sido tachada de “egoísta”, “caprichosa” e incluso “falsa” por columnistas de opinión, y lectores y escuchas en los programas radiales y los espacios de internet.
El episodio parece cerrar a Betancourt, quien también fue senadora, las posibilidades de regresar a la vida política en Colombia, de donde partió horas después de su rescate hace dos años.
En particular, las autoridades colombianas han destacado que Betancourt fue alertada varias veces del peligro que corría al intentar viajar a la zona de San Vicente del Caguán, donde fue plagiada en febrero de 2002, e incluso aseguran que entonces firmó un documento en el que asumía su responsabilidad por ese desplazamiento.
Betancourt se defendió diciendo que el pedido fue hecho en “un afán de solidaridad con otros secuestrados para que se les indemnice”.
“Esa suma no representa nada per sé, es la posibilidad de darle legitimidad a la aspiración de indemnización a otras muchas familias”, dijo en una entrevista al Canal Caracol, concedida el domingo desde Nueva York.
De hecho, el procedimiento iniciado por Betancourt y sus familiares ha abierto la puerta al debate sobre el alcance en la responsabilidad del Estado por los secuestros que ocurren en Colombia, y varios ex cautivos analizan la posibilidad de intentar acciones similares.
Así, Sigifredo López, ex diputado departamental que fue rehén de las FARC, señaló este lunes que evalúa la posibilidad de pedir una reparación, al asegurar que su caso “es muy distinto. Yo no me arriesgué, yo estaba trabajando”, en el momento de su secuestro.
Para Edgar Gómez, directivo de la asociación País Libre, que estudia el secuestro en Colombia, este tipo de procedimientos difícilmente pueden dar resultados.
“El Estado tiene el deber de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, lo que incluye las libertades y condiciones mínimas de seguridad. Pero muy pocas demandas tienen curso, porque es muy difícil probar responsabilidad del Estado, ya sea por acción o por omisión”, señaló Gómez.
“En Colombia operan desde hace más de 40 años grupos armados al margen de la ley, y el Estado no puede asumir la seguridad de sus ciudadanos en las zonas donde otros factores son más fuertes que él. Sería como si los contratistas que operan en Irak demandaran a ese país por los secuestros que sufren”, opinó.
Las FARC, la guerrilla más antigua y numerosa de Colombia, mantiene cautivos a 19 militares y policías que pretende canjear por subversivos presos, así como a un número indeterminado de civiles por motivos económicos.
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